Por Benedicto
González Montenegro
Una publicación reciente del diario El Espectador revela
que el denominado “caso Santrich”, resulta siendo un asqueroso montaje del
gobierno de los Estados Unidos a través de la DEA y la Fiscalía General de la
Nación representada por Néstor Humberto Martínez Neira, para sabotear el
acuerdo de paz de La Habana. La DEA y el fiscal general diseñaron un montaje
judicial contra los negociadores del acuerdo de Paz, incluyendo personajes de
importancia en el gobierno anterior, como es el caso del general Oscar Naranjo,
quien fungía por esa época como vicepresidente de la República.
Martínez Neira le mintió al país y a la JEP al decir que no tenía pruebas en Colombia. Los 23 mil audios, sumando a otros miles que aún se ocultan, fueron interceptados por la propia fiscalía de Martínez y legalizados por jueces de garantías en Colombia. También mintió cuando dijo que esto era un asunto exclusivo de Santrich y que Iván Márquez podría estar tranquilo, cuando en realidad era uno de los objetivos, por eso su teléfono fue interceptado por orden del fiscal. Pero el objetivo principal del montaje era el general Naranjo y siguen en su orden Piedad Córdoba, Gustavo Petro, y otros nombres que saldrán a medida que se conozca el contenido de los audios de interceptaciones.
Aunque Martínez Neira en declaraciones del pasado 9 de
noviembre lo niega rotundamente, se sabe que la fiscalía colombiana hizo una
entrega controlada de droga con la DEA para crear una falsa prueba. Es decir, tenía
pleno conocimiento del montaje y sus alcances: destruir el proceso de paz. El
fiscal Martínez Neira más allá de una explicación al país, lo que debe es una
comparecencia ante la justicia. No se puede violar la soberanía del país,
transgredir la ley y sabotear un bien tan valioso como la paz y seguir posando
de “gente de bien”.
Más allá de las evidencias judiciales que existen en el
expediente, “hay muchas preguntas por resolver que empiezan por el mismo Marlon
Marín”, como afirmó el ex-vicepresidente Óscar Naranjo. Estos 24 mil audios
podrían resolver interrogantes como: ¿las alusiones a Naranjo fueron
conversaciones distractoras? ¿A qué lógica corresponde incluir comentarios
sobre un personaje de tan alta investidura? ¿Por qué, a pesar de que el norteamericano
Schifano fue detenido en febrero de 2018, no se procedió de inmediato contra el
resto de los cómplices?
Lo claro detrás del caso Santrich y lo sucedido con el exjefe
guerrillero, que hoy es parte de las disidencias de las FARC, es que sí existió
una operación encubierta de la DEA y la Fiscalía colombiana, y que los miles de
audios que en su momento pidió y se le negaron a la JEP, habrían ayudado a
descifrar la verdadera historia que hay detrás.
Convencidos de la necesidad de defender el acuerdo de paz
surgido de La Habana, lideramos la campaña de “libertad a Santrich”, a
consecuencia de lo cual hemos sido estigmatizados, señalados y perseguidos por
propios y extraños. Creo que aún estamos a tiempo de enderezar el camino de la
paz estable y duradera, que en nada se parece a la paz con legalidad del actual
gobierno. Reivindicar el acuerdo de paz original pasa por defender las 16 CTEP,
tierras y PDET, desmonte del paramilitarismo, reforma del sistema electoral,
entre otros. También por cuenta de este complot, le deben una curul de Cámara
al Acuerdo de Paz.
Tomado de Semanario Voz /
Colombia