Un tribunal de Israel condena a un niño palestino de 13 años
a penas de cárcel y al pago de una indemnización por presunto intento de ataque
a un militar israelí.
Ashraf Adwan, de la localidad de Al-Eizariya en la
Cisjordania ocupada, ha sido condenado a tres años de cárcel y el pago de más
de 5000 shekels (más de 1400 dólares) en concepto de multa e indemnización, ha
informado este jueves el Centro de Información Palestino (PIC, por
sus siglas en inglés).
Ashraf fue detenido en septiembre de 2019 fuera de la Mezquita Al-Aqsa en la sagrada ciudad de Al-Quds (Jerusalén), acusado de tratar de atacar con cuchillo a un militar israelí, y desde entonces ha estado expuesto a varias sesiones de interrogatorio por parte de los funcionarios israelíes.
El niño ahora enfrenta dos años de cárcel, ya que la
sentencia de prisión en su contra comenzará a partir de la fecha de su arresto
que fue el año pasado, ha dicho su abogado.
Un año después de su arresto, la policía israelí solo
autorizó una vez a la madre del menor palestino a visitarlo.
“Deseo ver a Ashraf y extraño su presencia en casa porque es
mi hijo menor. Su padre murió cuando él era un bebé de siete meses”, expresó la madre, citada por el
informe del PIC.
Según reveló en abril pasado el Comité de Prisioneros y
Libertades de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), desde
1967, las autoridades de la ocupación israelí han
detenido a más de 50 000 niños palestinos, 17 000 de los cuales, fueron
arrestados en los últimos 20 años.
Ante esa enorme tasa y la pandemia del nuevo
coronavirus, causante de la COVID-19, el Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef) ha
pedido la liberación de los niños encarcelados en prisiones israelíes.
Los niños palestinos sufren por las políticas
discriminatorias en los territorios ocupados. Conforme han alertado
distintas organizaciones pro derechos humanos, los abusos de las autoridades
penitenciarias de Israel contra ellos incluyen golpearlos, patearlos,
vendarles los ojos y esposarlos durante la detención, así como interrogarlos
sin la presencia de un abogado o un miembro de la familia, en violación de las
leyes que impiden interrogar a menores o extraer confesiones de ellos por
coerción.
