- El experto es uno de los tres autores del informe de la misión de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos que acusa al presidente Maduro y a sus ministros de planificar y ejecutar operaciones de represión política y "limpieza social".
Javier
Biosca Azcoiti / @biosca_azcoiti
Hace un año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó la creación
de una misión internacional de investigación para estudiar posibles violaciones
de derechos humanos cometidas por el Gobierno de Venezuela a partir del año
2014. Paul Seils es uno de los tres miembros de ese equipo, que presentó este
miércoles su informe final de más de 400 páginas. En este documento –elaborado
a partir de 274 entrevistas, documentos confidenciales y fuentes públicas– los
autores acusan directamente al Gobierno de Maduro de contribuir a la
comisión de crímenes contra la humanidad, en concreto de ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas.
Seils es miembro del European Institute of Peace y lleva años
especializado en casos de derechos humanos. Ha sido jefe de análisis de situación
en la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, jefe de análisis
en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, director de la
unidad de Estado de derecho en la Oficina del alto Comisionado de Derechos
Humanos y vicepresidente del International Center for Transitional Justice.
El Gobierno de Venezuela rechazó desde el primer momento la configuración del equipo de investigación diciendo que era un ejemplo del uso político del Consejo de Derechos Humanos. Ahora que el informe está publicado, el Ejecutivo denuncia que no es riguroso y que está plagado de falsedades. ¿Cuál es su reacción a estas acusaciones?
Primero, lamentamos totalmente la falta de cooperación por parte del
Estado de Venezuela durante el trabajo de la misión, pero siempre han tenido la
oportunidad de hacerlo. Al inicio del trabajo les invitamos a colaborar, a
hablar sobre la misión, sobre el mandato… y nunca respondieron. Durante el
trabajo también enviamos varias cartas que quedaron sin respuesta. También les
dimos la oportunidad de contestar y responder a las conclusiones, pero nunca
respondieron.
Es bastante común que los gobiernos de estados donde hay misiones de
determinación de hechos o comisiones de investigación no cooperen. Yo he
trabajado en otras antes y he visto la misma historia. He trabajado gran parte
de mi vida profesional investigando y llevando casos en Guatemala contra el
Ejército en materia de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra
el pueblo indígena durante la guerra civil. Durante todo ese tiempo, por
supuesto, el Gobierno y el Ejército nos acusaban de ser comunistas.
Hay que tomarlo en serio, pero uno tiene que entender lo que es; y es una
crítica bastante común y sin fundamento. Realmente es un refugio y no es un
análisis serio del trabajo.
¿Esta falta de cooperación ha influido en los resultados de la investigación?
Bueno, uno tiene que decir honestamente que por supuesto que cualquier
investigación va a ser más rica si tiene información de la gente que parece ser
la responsable de las violaciones y los crímenes que estamos investigando.
Claro que ayudaría, pero eso no implica que dañe las conclusiones.
Nosotros teníamos que llegar a lo que llamamos un estándar de prueba, un
umbral. Ese umbral es que tenemos que establecer motivos razonables para
concluir algo. Esto, obviamente, no es el mismo nivel de una condena ante un
tribunal penal. No es el mismo grado de certeza porque no tenemos que comprobar
de la misma forma. Estamos estableciendo algo a otro nivel. En este sentido,
las conclusiones son absolutamente estables y firmes y tenemos un alto nivel de
confianza en ellas.
Volviendo al tema de la responsabilidad penal que mencionaba antes, ¿cree
que hay alguna posibilidad de que estas acusaciones lleguen a algún tipo de
tribunal nacional o internacional?
Bueno, en términos ideales, lo que en mi opinión debe pasar son dos cosas.
Primero, que el Gobierno cese las violaciones. Este es un mensaje fundamental.
Uno puede acusar a la misión de ser un abuso político del Consejo de Derechos
Humanos y muchas otras cosas, pero nadie en su sano juicio va a dudar por
ejemplo de que hay abusos y torturas ocurriendo de forma común en las
instalaciones de los servicios de inteligencia.
Segundo: investigar e iniciar casos contra los responsables a nivel
nacional. Ese sería el mensaje más fuerte y más honesto de que el Estado se
está tomando en serio sus obligaciones.
Esto sería lo ideal, pero en términos del mundo real, hasta ahora no hay
indicios muy positivos de que el sistema de justicia vaya a cumplir con sus
responsabilidades. Si eso no ocurre y si no llevan a cabo las investigaciones,
por supuesto que otras instituciones que tienen el mandato de hacerlo pueden hacerlo
y esperamos que lo hagan. Eso incluye, por ejemplo, a la Corte Penal
Internacional que está obviamente examinando esa posibilidad ahora mismo.
El informe apunta a lo más alto del Gobierno. ¿Qué les hace pensar como
investigadores que el presidente y los ministros de Defensa e Interior
contribuyeron a la comisión de esos crímenes?
Básicamente lo que dice el informe es que identificamos dos planes o dos
políticas a nivel del Gobierno. Un plan tiene que ver con la represión de la
oposición política y la otra política tiene que ver con lo que llamaríamos, en
términos vulgares, limpieza social, es decir, una política donde hubo
ejecuciones extrajudiciales de gente identificada por agencias del Estado como
criminales o vinculados con criminales. Es decir, es una manifestación de lo
que hemos visto varias veces en América Latina, especialmente en los años 70 y
80 del siglo pasado.
Gran cantidad de personas han sido asesinadas en el marco de esta limpieza
social en situaciones donde era obvio e imprescindible que existiera un alto
nivel de planificación, de logística, de comunicación y de recursos humanos.
Toda la información que tenemos es que durante los años que estamos
investigando, es decir, desde 2014, funcionaba totalmente la cadena de mando,
los sistemas de comunicación y la disciplina interna de las fuerzas públicas.
Esto lo sabemos no solo de inferencias objetivas, sino también de gente que
trabajaba dentro de estos sistemas. En términos concretos, tenemos algunos
indicios específicos donde el presidente o el ministro estaban presentes
durante las discusiones de varias operaciones específicas.
A ello se suman declaraciones públicas donde el mismo presidente y los
ministros indicados admiten que aprobaban y apoyaban lo que estaba pasando. Por
ejemplo, si tomamos la declaración del presidente muy poco después de una
petición de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, donde pedía básicamente el desmantelamiento de FAES (Fuerzas de
Acción Especial), al día siguiente el presidente dijo ‘¡viva las FAES!’. Es
decir, hubo una intención de apoyar y él sabía lo que estaba pasando.
En primer lugar, las autoridades políticas conocieron, apoyaron,
dirigieron y planificaron. En segundo lugar: nunca hicieron nada para
prevenirlo. Esa es la responsabilidad del presidente y de los ministros
indicados.
El informe habla de patrones de comportamiento que les hacen pensar que
hay un plan coordinado en cuanto a estos crímenes. ¿Podría especificar o
detallar alguno de esos patrones?
La forma en que la misión ha investigado se divide en la identificación de
tres contextos: el primero es la represión de la oposición política, otro tiene
que ver con las operaciones de seguridad, que es básicamente la limpieza
social, y el tercero hace referencia a las protestas políticas. En cada uno de
esos contextos investigamos patrones de conducta.
Por ejemplo, en la represión política, vemos primero la práctica de
detención arbitraria. Gente arrestada sin orden judicial, gente mantenida
incomunicada, pero más preocupante todavía es un patrón de tortura más o menos
sistemático, especialmente desde 2018.
En cuanto a la limpieza social, el patrón de conducta tiene que ver con la
sistemática ejecución extrajudicial de personas. Lo que vemos en varias
operaciones es más o menos el mismo modus operandi –lo hemos visto en muchos
otros países de América Latina–: el grupo entra, normalmente a las primera
horas de la mañana, cierra la entrada y la salida de la comunidad y dividen a
la gente, por ejemplo mandan a otro lugar a las mujeres y niños. Dentro de la
casa, en muchos de los casos que investigamos, hubo un montaje de pruebas. Por
ejemplo, antes de matar a la persona que habían detenido, dispararon contra la
pared para que pareciese que hubo un intercambio de fuego o que el detenido
intentaba salir. Y esto no ocurre una o dos veces, sino muchas.
Lo mismo pasa con las protestas. Es cierto que hubo matanzas y
posiblemente ejecuciones arbitrarias en el contexto de las protestas, pero tal
vez lo más sistemático y más planificado fue la tortura de personas detenidas.
Lo que hay que recordar aquí es que estamos hablando de gente ejerciendo sus
derechos democráticos, no importa si estamos de acuerdo con el Gobierno o
contra el Gobierno, esto no tiene nada que ver. Puede ser que estén violando el
derecho nacional en cuanto a asamblea y en cuanto a no tener la autorización
necesaria para manifestarse, pero tenemos información absolutamente clara de un
patrón de tortura. Estamos hablando de cosas serias como descargas eléctricas,
violación sexual… que ocurren en los edificios centrales de instituciones de
inteligencia y policía. No está ocurriendo en algún rincón secreto y
desconocido.
Asociaciones de víctimas de la violencia cometida por fuerzas de la
oposición han afirmado en el pasado que sus voces no han sido escuchadas ¿Es
consciente de estas demandas?
Suena como una respuesta muy elegante, pero uno debe tomar seriamente el
mandato que tenemos, y ese mandato es investigar violaciones de derechos
humanos cometidas por el Estado.
En términos normales, si no estamos hablando de una guerra civil o un
conflicto donde combatientes han tomado control de un territorio donde pueden
ejercer funciones del Estado, no pueden asumir responsabilidades como si fuera
el Estado, es decir, deberes como garantes de derechos humanos. En Venezuela
hasta la fecha no estamos en esas condiciones. Es cierto que lo que tenemos en
algunos casos son asaltos o ataques por parte de gente de la oposición, pero
este no es el mandato de la misión. El mandato es investigar las violaciones de
ejecución extrajudicial, detención arbitraria, tortura y desaparición forzada.
Todo eso tiene que ver con los deberes del Estado.
¿Cuál es el objetivo del Gobierno en relación a estos crímenes
sistemáticos?
Las dos políticas nos parecen bastante claras. La primera es reprimir o
callar a la oposición política y la segunda es reducir el problema grave de
criminalidad de manera que, en nuestra opinión, viola totalmente sus deberes
internos de garantizar el derecho a la vida y el debido proceso.
¿Cree que los indultos políticos como los que vimos el 31 de agosto son
una forma de desescalar el conflicto social en Venezuela?
Bueno, hay varias interpretaciones posibles. Lo que yo diría es que tiene
que ser bienvenido cualquier paso positivo. Aunque la misión no debe meterse en
asuntos políticos, si las condiciones de derechos humanos de algunas personas
mejoran, lo celebramos. Y esperamos además que se amplíe rápidamente esta
práctica hasta que todos sean liberados. Si es posible para un grupo limitado,
debe ser posible para un grupo mucho más amplio.
Segundo, en cuanto a los motivos detrás de ello, uno puede pensar en
varias cosas, pero no podemos decir mucho. Lo que digo es que demuestra que el
Estado tiene un control de los hechos, sabe lo que está haciendo y no está
sorprendido. Por eso espero que amplíe esa medida. Pero sobre todo, espero que
también demuestre un cambio de actitud y la decisión fundamental de parar las
violaciones.
¿Hay algo que le haya impresionado o afectado especialmente durante la
investigación?
Es difícil, pero para mí, que he trabajado varios años en Guatemala,
lamento que décadas después de lo que ocurrió en América Latina durante los 70
y 80 –especialmente a manos de dictaduras derechistas, aunque no me importa si
son de izquierdas o de derechas– estemos viendo algo tan grave en términos de
violaciones sistemáticas de derechos humanos por un Gobierno en la región. No
digo que sea igual o parecido. Es triste que no hayamos logrado llegar a una
etapa donde se enfrenten problemas políticos sin esta clase de violaciones.
