Desde el comienzo de la cuarentena, Nicolás Maduro ha acusado en
reiteradas ocasiones a los países vecinos de retornar a Venezuela migrantes
venezolanos infectados con coronavirus para atacar al país.
Todas las noches los venezolanos
se preparan para enterarse de las cifras oficiales de la pandemia tras la
reunión diaria de la Comisión Presidencial para el Control del COVID-19. El
anuncio lo hace el Ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, o su hermana, la
vicepresidenta Delcy Rodríguez; eso, si no se adelanta Nicolás Maduro en alguna
eventual transmisión. La información la dan como en cualquier otro país a
excepción de una particularidad. Hay un énfasis en distinguir los casos de
contagio nacional y el número de casos importados de otros países,
particularmente los que vienen de Colombia y Brasil.
Desde el comienzo de la
cuarentena, Nicolás Maduro ha acusado en reiteradas ocasiones a los países
vecinos de retornar a Venezuela migrantes venezolanos infectados con
coronavirus para atacar al país. El discurso del mandatario ha llegado al punto
de llamar "bioterroristas" a los migrantes venezolanos que cruzan la
frontera colombo-venezolana por vías clandestinas. Para los migrantes
venezolanos que regresan a su país de origen la realidad que viven es
posiblemente más dramática que las acusaciones que emite Maduro en sus
discursos.
Las experiencias del retorno
Una de las lamentables
consecuencias que ha traído consigo el COVID-19 a América Latina es el cierre
de varias empresas al no poder poder atender a clientes en cuarentena. Esto, a
su vez, ha dejado sin trabajo al sector más vulnerable de la jerarquía laboral,
los trabajadores migrantes, muchos de ellos venezolanos. Tal es el caso de
Samanta, de 21 años, que regresó a Venezuela desde Colombia por las vías
legales. Samanta contó a DW que a causa de la pandemia ella y su esposo
perdieron el trabajo. "Estoy embarazada y las consultas médicas
presenciales estaban suspendidas para evitar exponernos. Como no teníamos
trabajo y pagábamos alquiler pues se nos complicó la situación y de ahí tomamos
la decisión de retornar. Aquí tenemos nuestros hogares y podríamos estar más
tranquilos", dice Samanta.
Samanta y su esposo tardaron un
mes desde que salieron por la frontera hasta llegar a su hogar en Caracas. Los
primeros 5 días en San Antonio fueron terribles, según Samanta, ya que tenían
que permanecer en una aula de un colegio donde solo habían tres colchonetas
para 6 personas. "La atención pues también estuvo mal. Nadie estaba
pendiente de nadie, nos daban poca comida, raciones muy pequeñas, no sabían
cocinar, la comida era muy mala, parecía comida para perros" nos cuenta
Samanta. Luego mejoró su situación al ser trasladados a un hotel en las afueras
de Caracas. En el trascurso del viaje les realizaron 5 pruebas rápidas y un
PCR.
Una historia similar vivió Corina
(20), quien contó a DW sobre su retorno por el puente Simón Bolívar en la
frontera colombo-venezolana junto con su esposo (21), su tía (29) y el hijo de
su tía, de seis años. Luego de varias horas de cola se registraron y pasaron la
noche durmiendo en el piso, "al día siguiente nos seleccionaron entre las
personas de tercera edad, embarazadas y niños, ya que mi tía estaba en estado;
nos separaron y nos trasladaron a una Universidad que sirve como refugio
en San Cristóbal", recuerda Corina. Pasaron 22 días en distintos refugios
hasta su destino final en Anzoátegui. Les realizaron 2 pruebas rápidas y un PCR
antes de dejarlos ir.
Al igual que Samanta, en el viaje
Corina no recibió una buena alimentación. Además, "sufrimos mucho porque
no había agua, muchas veces no podíamos bañarnos ni cambiarnos de
ropa", dice. Pero el momento más dramático fue cuando su tía entró en
parto ya que "se la llevaron a un hospital y dejaron al niño de 6 años con
extraños en el refugio. Ni yo ni mi esposo pudimos encargarnos, porque nos
tenían en otro grupo" recuerda Corina.
Con los "bioterroristas”
Historias similares a la de
Samanta y Corina se han regado entre los migrantes que se ven obligados
retornar a Venezuela en medio de la pandemia y una parte ha optado por regresar
usando las vías clandestinas en la frontera, llamadas trochas. Quienes acuden a
los llamados "trocheros" para cruzar la frontera esquivan la
cuarentena y los malos tratos que muchos denuncian sobre las precarias
condiciones de los refugios. Pero también se privan de los controles sanitarios
y de realizarse las pruebas de COVID-19 y eso es lo que preocupa a las
autoridades.
A pesar de las malas
experiencias, Samanta no se arrepiente de haber entrado a Venezuela por las
vías legales ya que "nosotros siempre pensamos en pasar por el
puente, por los beneficios que nos iban a dar. A mí, que estoy embarazada, me
dieron atención médica, en Colombia nos dieron alimentación, sabíamos que nos
harían las pruebas y que se cumpliría el protocolo de seguridad y salud
para entrar a Venezuela; entonces lo mejor que pudo haber hecho mucha gente
para evitar cualquier cosa era entrar a Venezuela por el puente", dice
Samanta.
Aún así, varias organizaciones de
derechos humanos ven con preocupación la falta de respuesta del Estado ante el
retorno. Javier Tarazona es el director del observatorio de derechos humanos
FundaREDES, que está monitoreando el fenómeno migratorio de venezolanos
retornados en municipios fronterizos desde que cerraron las fronteras en marzo
a causa de la pandemia del COVID-19. Tarazona conversó con DW y afirma que
"no han regresado a Venezuela más del 2% de los migrantes que se han ido y
aun así el Estado no ha sido capaz de responder de manera eficaz".
Precariedad y contagios
Para Tarazona, esta es una
emergencia humanitaria compleja en salud, que se agrava con la pandemia, ya que
el Estado "no cumple con los protocolos sanitarios y eso ha causado que
migrantes venezolanos retornados han terminado contagiados y contagiando a
otros, producto de la precariedad en el sistema de salud pública". Además,
denuncia que hay casos de migrantes venezolanos retornados que "han
desaparecido, algunos han sido asesinados en su trayecto de regreso”. Y agrega
que "es compleja la situación y muy cruel".
El regreso a refugios precarios
Javier Tarazona es profesor en el
Instituto Pedagógico Rural del estado Tachira, uno de los planteles que han
sido destinados como refugio para migrantes retornados. A su juicio, las
condiciones de la institución no son aptas para albergar a los migrantes
retornados, "no hay sanitarios, no hay acceso a agua potable, y es
lamentable como se ha violentado el derecho a la salud, el derecho a que se
comuniquen con sus familiares; están totalmente aislados, al punto que muchos
terminan escapándose porque no tienen lo mínimo para sostener una
cuarentena". Ante estos y otros hechos que han sido documentados,
FundaRedes solicitó "a las autoridades militares hacer un plan de
contingencia que implicara un corredor aéreo humanitario, y al gobierno de
Colombia abrir un canal humanitario, porque el cierre de fronteras ha
perjudicado a personas con enfermedades crónicas que solo consiguen
medicamentos en Colombia", explica Tarazona.
El hecho que el chavismo culpe a
los migrantes retornados por trochas del aumento de coronavirus en Venezuela no
sorprende a Tarazona. "Llamarlos bioterroristas es una narrativa para
generar culpables simbólicos ante la incapacidad de frenar el aumento de
contagios, porque el negocio multimillonario que genera la economía de
contrabando por las trochas no lo han detenido", afirma. El contrabando
por la frontera es una preocupación desde hace ya muchos años, que ahora se
intensifica en medio de la pandemia global. "Estigmatizar a los trocheros
solo los enfurece, pero no los detiene", indica Tarazona.
Tomado de Deutsche Welle /
Alemania