El senador del Polo Democrático
Alternativo habla del arresto domiciliario de Álvaro Uribe
En 2012, Uribe denunció a Cepeda por
considerar que "manipulaba testigos" para perjudicarlo. Pero se dio
vuelta la tortilla, el ex mandatario pasó a ser investigado y ahora permanece
detenido a la espera del juicio.
El senador Iván Cepeda sufrió en
carne propia las derivaciones del caso judicial que culminó con la prisión
domiciliaria preventiva del expresidente de Colombia, Álvaro
Uribe. En 2012,
Uribe denunció a Cepeda luego de que éste visitara a varios detenidos en
cárceles del país, como parte de su activa militancia por la búsqueda de la paz
en un territorio diezmado por el conflicto armado. El exmandatario
enjuició en aquel entonces al dirigente de izquierda por considerar que
"manipulaba testigos" para complicar su situación. Pero se
dio vuelta la tortilla, Uribe pasó a ser investigado y ahora permanece detenido
por los delitos de fraude procesal y soborno, a la espera del juicio.
Cepeda nació en Bogotá el 24 de
octubre de 1962. Estudió filosofía en Bulgaria pero creció en el exilio entre
Checoslovaquia y Cuba. Su padre Manuel Cepeda fue un dirigente de
izquierda que llegó a ser congresista por la Unión Patriótica y fue asesinado
en 1994 por agentes del Estado en complicidad con paramilitares. Su
madre, la líder sucreña Yira Castro, fue concejala de Bogotá por la Unión
Nacional de Oposición. A finales de 2009, Cepeda decidió dar el salto de la
militancia territorial a la política y fue electo diputado. Desde 2014, es
senador del Polo Democrático Alternativo y desde allí pone en agenda diversos
temas vinculados a los derechos humanos. En diálogo con Página/12,
el reconocido dirigente celebra el reciente fallo de la Corte Suprema de
Colombia aunque lo toma "con toda tranquilidad", y asegura que la
detención del expresidente "derrumba un mito" enquistado en el país.
- ¿Cómo reacciona a la decisión de la
Corte de dictarle detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe?
- Mi reacción pasa por dos planos
distintos. En primer lugar, me atañe directamente después de este largo proceso
judicial abierto a raíz de una denuncia penal que Uribe formuló en mi contra. Después
de estos ocho años en los que ha habido tantos montajes en mi contra, falsos
testigos, intentos por llevarme a una condena judicial, creo que es muy
importante que la justicia llegue a esta decisión. Nos aproximamos a
un llamamiento a juicio y también por lo tanto es necesario en este estadio del
proceso dictar una medida que implique la privación de la libertad del senador
y expresidente. Asumo esta decisión de la justicia con toda tranquilidad, no es
concluyente pero le otorgo un segundo significado que me trasciende y es un
significado político innegable. Y es que en Colombia existía hasta el
martes una especie de convicción o tabú con relación al hecho de que un
expresidente, un hombre poderoso e influyente no podía ser llamado por la
justicia, mucho menos privado de la libertad. El martes ese mito fue derrumbado
por la Corte Suprema.
- ¿Hay otros procesos judiciales
abiertos actualmente contra Uribe?
- Bueno, en la Comisión de
investigación y acusación de la Cámara de Representantes hay más de 250
denuncias. El problema es que ese es un órgano que solo opera para el
período en el cual Uribe fue presidente (2002-2010), y es un órgano político
esencialmente inoperante. Se ha llamado la "Comisión de Absoluciones",
para que usted se dé una idea de qué tan inoperante es. Existen decenas de
procesos que están en otras instancias e incluso en la misma Corte Suprema, que
tienen que ver con delitos que presuntamente se habrían cometido cuando no era
presidente, y esos procesos también son importantes y por delitos muy graves.
Ahora bien, lo que ocurrió esta semana tiene un efecto adicional que es que
esos procesos pueden llegar a activarse de una manera muy seria.
- ¿Le llama la atención la postura
del presidente Iván Duque? Salió a defender públicamente a Uribe antes y
después de la decisión de la Corte.
- El mundo político de Duque se
circunscribe a ese partido del cual es jefe Álvaro Uribe (Centro Democrático),
que tiene una estructura de partido caudillista. Si el caudillo es
interpelado como lo está siendo hoy, obviamente toda esa estructura política se
conmociona. Creo que el presidente Duque está siendo afectado de forma directa
por esa situación. Ahora, él podría desmarcarse pero no ha optado por
eso. El presidente no tiene por qué estar expresando ante los medios de
comunicación y en cadena nacional cuáles son sus simpatías, cómo cree que
debiera actuar la Corte Suprema, cuál sería la mejor decisión que debiera
tomar. Ese no es el rol de un jefe de Estado. Por eso, desde la orilla
de la oposición le pedimos que respete a la justicia.
- De acuerdo a cifras de la Fiscalía
de Colombia, en los últimos cuatro años fueron asesinados 349 líderes sociales.
¿En qué situación se encuentra el Acuerdo de Paz?
- Ahora que se hace un balance de dos
años de gobierno del presidente Duque, es importante que ese balance pase por
asuntos como éste que son centrales. La pregunta es por qué están
asesinando a todos estos dirigentes en los territorios rurales del país.
Sencillamente porque no se ha procedido a cumplir y a implementar en debida
forma el Acuerdo. Se mantiene el mismo esquema anterior, y es creer
que el Estado va a resolver los problemas simplemente enviando unidades
militares a estos territorios, continuando esa guerra que se ha perdido hace
décadas, que es la guerra contra el narcotráfico. El Estado
colombiano sigue alimentando esa máquina de guerra. Los líderes
sociales defienden la reforma agraria, la sustitución de los cultivos, la
justicia, en suma todo lo que ha previsto el Acuerdo de Paz y es por eso que
las organizaciones narcotraficantes, grupos paramilitares y también disidencias
de la guerrilla de FARC están actuando en contra de estos líderes con la
omisión absoluta del Estado.
- Usted forma parte del Grupo de
Puebla. ¿Cómo analiza el presente de la región? ¿Le preocupa que confluyan en
el continente tantas expresiones de derecha?
- Hay una radiografía que tiene luces
y sombras. Por supuesto que esta emergencia sanitaria está siendo
utilizada para un estado de excepción que le hace un gravísimo daño a cualquier
expresión democrática. Hay países en los cuales la actuación de los
presidentes convertidos en poderes autocráticos ha generado verdaderos ataques
contra la población. Por otro lado vemos que hay una estructura de
oportunidad en esta crisis, para que se produzcan movilizaciones ciudadanas que
den al traste con ese tipo de tendencias autoritarias. Hay que
recordar que pocos meses antes de la pandemia había una ola de movilización en
la región muy importante. Francamente yo no creo que eso vaya ahora a terminar.
Por el contrario, una vez que pase esta pandemia y deje como uno de sus efectos
la crisis recesiva de la economía que puede tener repercusiones gravísimas, lo
que va a suscitar es una movilización formidable que debe traducirse en cambios
democráticos y sociales importantes.
- Estamos a dos años de los próximos
comicios en Colombia. ¿Qué cree que le falta a la izquierda de su país para
imponerse en elecciones presidenciales?
- Yo creo que el ingrediente
es articular esas fuerzas que hay hoy, hacer que entren en una coalición porque
ya existen en Colombia las fuerzas sociales y políticas necesarias para
producir un cambio. El asunto radica en que puedan unirse y
articularse, coordinarse para poder no solamente producir un resultado
electoral sino un programa de gobierno, un pacto social histórico que nos
permita llegar a la paz total, a un estado democrático y a un proyecto
económico que sea al mismo tiempo productivo, que tenga un importante
componente de equidad social y luche por evitar los peores efectos del cambio
climático.
Tomado de Página 12 / Argentina.