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24 enero, 2020

La única alternativa para Venezuela


Juan Guaidó debería aprovechar el renovado apoyo que está recibiendo de la comunidad internacional para lograr condiciones electorales que conduzcan a unas votaciones libres y justas.

Por Michael Penfold*

El 5 de enero, se esperaba que Juan Guaidó fuera reelegido como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es la única institución democrática y reconocida a nivel internacional que queda en el país. En cambio, los aliados del presidente Nicolás Maduro orquestaron una elección falsa con sus colaboradores para elegir a un nuevo presidente y removerlo del cargo. Por lo tanto, el hecho de que Guaidó haya saltado las verjas de hierro del edificio luego de que una barricada humana conformada por la Guardia Nacional Bolivariana le había bloqueado el paso fue absolutamente heroico.
Guaidó, quien hace un año fue elegido presidente de la asamblea y ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por 60 países, sigue sin ejercer ninguna autoridad pese al apabullante apoyo que ha recibido a nivel internacional y nacional. Sin embargo, el aspecto más sorprendente de su precario acto de equilibrismo sobre las rejas del Palacio Federal Legislativo es el entendimiento de que es más probable que la oposición consiga un cambio político cuando mantiene su postura desafiante, pero dentro de los límites establecidos por la constitución venezolana. En ocasiones anteriores, cuando la oposición exploró estrategias más arriesgadas y menos democráticas para precipitar una transición política, el resultado fue impreciso.

Luego de que le impidieron entrar al edificio de la Asamblea Nacional, Guaidó convocó a una votación en las oficinas centrales de El Nacional, un periódico vinculado con la oposición, donde fue ratificado como presidente por 100 de 167 legisladores. La votación nominal se registró cuidadosamente para cumplir con las reglas del congreso y la constitución.
No obstante, el impulso generado por esos eventos podría ser efímero a menos que Guaidó aproveche el apoyo renovado que ha recibido de la comunidad internacional para lograr condiciones electorales que propicien un consejo electoral independiente, a fin de legalizar a los partidos de la oposición y eliminar las prohibiciones políticas para que se puedan realizar elecciones libres y justas.
Maduro ha logrado aferrarse al poder debido, en gran medida, al apoyo que ha recibido de Rusia, India, Cuba, Turquía y China. Asimismo, ha creado con éxito una economía clandestina, grande e ilegal, que le permite eludir estrictas sanciones internacionales y desafiar a Estados Unidos. Sin embargo, cada vez es más obvio para sus aliados internacionales que, sin la legitimidad democrática de la Asamblea Nacional, no puede gobernar. Sin el respaldo de la Asamblea Nacional, no puede reestructurar, de manera legal, la industria petrolera en decadencia ni transferir los servicios públicos clave que están en crisis a un sector privado leal a su gobierno.
Si bien los aliados del régimen han ayudado a que Maduro permanezca en el poder, también han exigido que se aprueben reformas de manera legal a través de un congreso reconocido a nivel internacional para sacar provecho de esas ventajas de manera oportunista. Este es un deseo que el régimen no puede cumplir por motivos políticos, dado el control tan firme que tiene la oposición sobre la legislatura. Es por eso que Maduro anhela dominar el parlamento como sea.
Curiosamente, durante esta reciente crisis legislativa, Rusia fue la única nación que se pronunció a favor de Maduro. China, India y Turquía se quedaron calladas mientras que más de una docena de países que no habían reconocido a Guaidó, entre ellos México, denunciaron el comportamiento antidemocrático y violento de Maduro hacia la Asamblea Nacional.
Aprovechando el hecho de que el periodo de la legislatura termina en el último trimestre de este año, Maduro dijo en su mensaje anual a la nación que invitaría a la Unión Europea y a las Naciones Unidas como observadores internacionales de las elecciones parlamentarias.
No obstante, el régimen sabe muy bien que Europa va a solicitar mucho más que una mera supervisión internacional, pues las reformas deben contar con un consejo electoral independiente y un calendario fijo tanto para las elecciones presidenciales como para las legislativas. De otro modo, las probabilidades de que Europa reconozca al nuevo parlamento, sin que se lleven a cabo elecciones libres y limpias para la presidencia, serán muy escasas.
El ejército es una pieza clave en la solución de este problema. Sus oficiales, que controlan los negocios más lucrativos del país, temen que una transición orquestada por Estados Unidos amenace sus intereses y socave el control que tienen sobre los sectores minero y petrolero, por lo que han formado un bloque cohesivo alrededor de Maduro.
Los esfuerzos recientes por parte de Guaidó para fracturar a las Fuerzas Armadas por medio de un aislamiento diplomático y sanciones internacionales, con el fin de precipitar una transición gubernamental, han fracasado. Las negociaciones en las que Noruega hizo de mediador se estancaron, lo cual eliminó la opción de una resolución política. La única alternativa que le queda a la oposición para restaurar la democracia es negociar con firmeza las condiciones para las próximas elecciones. Ese objetivo implica realinear los intereses de Europa y América Latina y, en particular, convencer a Estados Unidos, que ha puesto toda su fe en las sanciones para promover un cambio de régimen, de que esta es la manera más segura de salir del estancamiento.
Es poco probable que las Fuerzas Armadas opten por una solución que los obligue a elegir un bando o que los deje en una posición políticamente vulnerable. Una solución electoral negociada que cumpla con lo establecido en la constitución y que permita que los militares salven su honor y desempeñen el papel de ejecutores de un acuerdo que tenga el apoyo de la comunidad internacional quizá sea la única alternativa para Venezuela.
Cambiar de estrategia política no será sencillo, así como mantener el control de la Asamblea Nacional este mes requirió de un enorme esfuerzo y trabajo en conjunto.
En el pasado, participar en elecciones tal como lo dicta la constitución ha movilizado a la gente, ha reunido a una oposición fragmentada en torno a una meta común y ha presionado a los militares para que respalden los resultados. Luego de ver la reacción global ante las acciones de Maduro en la asamblea, la oposición debería cambiar de rumbo.
En vez de trabajar para aumentar las sanciones internacionales o esperar a que suceda un cambio político por medio de una combustión espontánea provocada por un evento fortuito, la oposición liderada por Guaidó tiene que alinearse con Europa, América Latina, Estados Unidos, China e incluso Rusia para juntos impulsar una solución viable, en vez de seguir explorando una alternativa transicional para un cambio de régimen que sigue siendo poco probable.

*Michael Penfold es investigador en el Centro Woodrow Wilson y coautor del libro Un dragón en el trópico.

Texto tomado de The New York Times