Juan Guaidó debería aprovechar el
renovado apoyo que está recibiendo de la comunidad internacional para lograr
condiciones electorales que conduzcan a unas votaciones libres y justas.
Por Michael Penfold*
El 5 de enero, se esperaba que Juan
Guaidó fuera reelegido como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela,
que es la única institución democrática y reconocida a nivel internacional que
queda en el país. En cambio, los aliados del presidente Nicolás Maduro orquestaron una elección falsa con sus colaboradores para
elegir a un nuevo presidente y removerlo del cargo. Por lo tanto, el hecho de
que Guaidó haya saltado las verjas de hierro del edificio luego de que una
barricada humana conformada por la Guardia Nacional Bolivariana le había
bloqueado el paso fue absolutamente heroico.
Guaidó, quien hace un año fue elegido presidente de la asamblea y
ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por 60 países, sigue
sin ejercer ninguna autoridad pese al apabullante apoyo que ha recibido a nivel
internacional y nacional. Sin embargo, el aspecto más sorprendente de su
precario acto de equilibrismo sobre las rejas del Palacio Federal Legislativo
es el entendimiento de que es más probable que la oposición consiga un cambio
político cuando mantiene su postura desafiante, pero dentro de los límites
establecidos por la constitución venezolana. En ocasiones anteriores, cuando la
oposición exploró estrategias más arriesgadas y menos democráticas para
precipitar una transición política, el resultado fue impreciso.
Luego de que le impidieron entrar al
edificio de la Asamblea Nacional, Guaidó convocó a una votación en las oficinas
centrales de El Nacional, un periódico vinculado con la oposición, donde fue
ratificado como presidente por 100 de 167 legisladores. La votación nominal se
registró cuidadosamente para cumplir con las reglas del congreso y la
constitución.
No obstante, el impulso generado por
esos eventos podría ser efímero a menos que Guaidó aproveche el apoyo renovado
que ha recibido de la comunidad internacional para lograr condiciones
electorales que propicien un consejo electoral independiente, a fin de
legalizar a los partidos de la oposición y eliminar las prohibiciones políticas
para que se puedan realizar elecciones libres y justas.
Maduro ha logrado aferrarse al poder
debido, en gran medida, al apoyo que ha recibido de Rusia, India, Cuba, Turquía y China. Asimismo, ha creado con éxito una economía
clandestina, grande e ilegal, que le permite eludir estrictas sanciones
internacionales y desafiar a Estados Unidos. Sin embargo, cada vez es más obvio
para sus aliados internacionales que, sin la legitimidad democrática de la
Asamblea Nacional, no puede gobernar. Sin el respaldo de la Asamblea Nacional,
no puede reestructurar, de manera legal, la industria petrolera en decadencia
ni transferir los servicios públicos clave que están en crisis a un sector
privado leal a su gobierno.
Si bien los aliados del régimen han
ayudado a que Maduro permanezca en el poder, también han exigido que se
aprueben reformas de manera legal a través de un congreso reconocido a nivel
internacional para sacar provecho de esas ventajas de manera oportunista. Este
es un deseo que el régimen no puede cumplir por motivos políticos, dado el
control tan firme que tiene la oposición sobre la legislatura. Es por eso que
Maduro anhela dominar el parlamento como sea.
Curiosamente, durante esta reciente
crisis legislativa, Rusia fue la única nación que se pronunció a favor de
Maduro. China, India y Turquía se quedaron calladas mientras que más de una
docena de países que no habían reconocido a Guaidó, entre ellos México,
denunciaron el comportamiento antidemocrático y violento de Maduro hacia la
Asamblea Nacional.
Aprovechando el hecho de que el
periodo de la legislatura termina en el último trimestre de este año, Maduro dijo
en su mensaje anual a la nación que invitaría a la Unión Europea y a las
Naciones Unidas como observadores internacionales de las elecciones
parlamentarias.
No obstante, el régimen sabe muy bien
que Europa va a solicitar mucho más que una mera supervisión internacional,
pues las reformas deben contar con un consejo electoral independiente y un
calendario fijo tanto para las elecciones presidenciales como para las
legislativas. De otro modo, las probabilidades de que Europa reconozca al nuevo
parlamento, sin que se lleven a cabo elecciones libres y limpias para la
presidencia, serán muy escasas.
El ejército es una pieza clave en la solución de este problema.
Sus oficiales, que controlan los negocios más lucrativos del país, temen que
una transición orquestada por Estados Unidos amenace sus intereses y socave el
control que tienen sobre los sectores minero y petrolero, por lo que han
formado un bloque cohesivo alrededor de Maduro.
Los esfuerzos recientes por parte de
Guaidó para fracturar a las Fuerzas Armadas por medio de un aislamiento
diplomático y sanciones internacionales, con el fin de precipitar una
transición gubernamental, han fracasado. Las negociaciones en las que Noruega
hizo de mediador se estancaron, lo cual eliminó la opción de una resolución
política. La única alternativa que le queda a la oposición para restaurar la
democracia es negociar con firmeza las condiciones para las próximas
elecciones. Ese objetivo implica realinear los intereses de Europa y América
Latina y, en particular, convencer a Estados Unidos, que ha puesto toda su fe
en las sanciones para promover un cambio de régimen, de que esta es la manera
más segura de salir del estancamiento.
Es poco probable que las Fuerzas
Armadas opten por una solución que los obligue a elegir un bando o que los deje
en una posición políticamente vulnerable. Una solución electoral negociada que
cumpla con lo establecido en la constitución y que permita que los militares
salven su honor y desempeñen el papel de ejecutores de un acuerdo que tenga el
apoyo de la comunidad internacional quizá sea la única alternativa para
Venezuela.
Cambiar de estrategia política no
será sencillo, así como mantener el control de la Asamblea Nacional este mes
requirió de un enorme esfuerzo y trabajo en conjunto.
En el pasado, participar en
elecciones tal como lo dicta la constitución ha movilizado a la gente, ha
reunido a una oposición fragmentada en torno a una meta común y ha presionado a
los militares para que respalden los resultados. Luego de ver la reacción
global ante las acciones de Maduro en la asamblea, la oposición debería cambiar
de rumbo.
En vez de trabajar para aumentar las
sanciones internacionales o esperar a que suceda un cambio político por medio
de una combustión espontánea provocada por un evento fortuito, la oposición
liderada por Guaidó tiene que alinearse con Europa, América Latina, Estados
Unidos, China e incluso Rusia para juntos impulsar una solución viable, en vez
de seguir explorando una alternativa transicional para un cambio de régimen que
sigue siendo poco probable.
*Michael Penfold es investigador en
el Centro Woodrow Wilson y coautor del libro Un dragón en el trópico.
Texto tomado de The New York Times
