El próximo 28 de octubre marcará un hito en la lucha del gobierno
interino de Juan Guaidó por el control de los activos venezolanos en el
exterior. Ese día, a las 10:00 de la mañana, Petróleos de Venezuela (PDVSA),
debe abonar 914 millones de dólares entre capital e intereses a los tenedores
del bono PDVSA 2020, o correr el riesgo de que los acreedores tomen control de
CITGO Holding Inc. (CITGO).
Por Miguel
Ángel Santos y Frank Muci / Tomado de Prodavinci
Fundada en
1910 y adquirida por el Estado venezolano a mediados de los ochenta, CITGO es
una empresa con 4.900 estaciones de gasolina y una red de tres refinerías
ubicadas en Luisiana, Illinois y Texas, con capacidad de refinación de más de
700.000 barriles por día. Por varias décadas fue un instrumento estratégico
para colocar el petróleo venezolano en el mercado estadounidense, y hoy es uno
de los pocos activos externos de la nación que ha sobrevivido a la revolución
bolivariana.
Por más
valiosa y estratégica que pueda ser la red de refinerías, el pago tiene
implicaciones que van mucho más allá del negocio petrolero. Por un lado, CITGO
se ha convertido en un bastión de la administración interina de Juan Guaidó
desde que asumió su control en febrero de este año. Su pérdida representaría
una derrota política colosal. Por otro lado, los intereses particulares que
rodean al pago del PDVSA 2020 son un espejo de los conflictos internos que
abundan en la sociedad venezolana y de los obstáculos que se deberán superar
para rescatar al país.
¿De dónde
viene el PDVSA 2020?
Hacia finales
de 2016, tras dos años de precios petroleros bajos, las consecuencias del uso y
abuso de PDVSA para sufragar las extravagancias de la revolución se hicieron
imposibles de disimular. En medio de la bonanza petrolera más prolongada de la
historia, PDVSA multiplicó su deuda por un factor de 23: los 2.600 millones de
dólares que se debían en 2006 se habían convertido en 64.700 millones a finales
de 2016. Entre 2015 y la primera mitad de 2016, los ingresos en divisas se
habían reducido drásticamente, con lo que se hacía imposible honrar el servicio
de la deuda y mantener las inversiones de capital y los gastos operativos de la
empresa.
Ante esa
disyuntiva, PDVSA decidió dar prioridad a los pagos de deuda mientras acumulaba
enormes atrasos con contratistas y proveedores de servicios. Estas decisiones
aceleraron el colapso del flujo de caja de la compañía. En la medida en que se
amontonaban cuentas por cobrar –se multiplicaron por más de siete en el
transcurso del año 2016– el número promedio de taladros activos cayó
drásticamente (14%) y para diciembre de ese año la producción estaba 16% por
debajo del año anterior. Sin ninguna perspectiva de recuperación de precios –la
eterna apuesta de la revolución– y ningún cambio de estrategia o plan de
recuperación a la vista, el default que PDVSA tanto se había afanado por evitar
estaba virtualmente asegurado.
En ese
contexto, con los mercados financieros cerrados para Venezuela dado el altísimo
riesgo de impago, PDVSA decidió ofrecer a los tenedores de los bonos que
vencían en 2017 –7.100 millones de dólares entre noviembre de 2016 y noviembre
de 2017– canjearlos por otros (PDVSA 2020) que tendrían como colateral el
último y más valioso activo externo del país.
Fue un
sacrificio inútil. Aun con CITGO como colateral, la operación se cerró con un
costo implícito de 19.3% en dólares, 4.25 veces más que el promedio – sin
colateral – de América Latina. En noviembre de 2017 PDVSA igual terminaría por
caer en default. Y aquellos 13 meses sin ningún cambio visible en la estrategia
de la compañía podrían terminar por salir muy caros a la República.
El canje
generó diversas opiniones en su momento. Nosotros lo analizamos en un artículo
titulado Se vende país con vista al mar el 5 de Octubre 2016, antes de que
cerrara la oferta y se conociera la participación final:
“No contentos
con haber despilfarrado la bonanza petrolera más larga de nuestra historia, la
revolución ha venido hipotecando el país en pleno: sus activos, su producción
petrolera, su futuro. Venezuela cada día se asemeja más un boxeador que está
contra las cuerdas: todo el mundo siente la tentación de acercarse a darle un
coñazo y ver cuánto más le puede cobrar, con qué se puede quedar, que más le
pueden sacar.”
Otros
analistas de casas de inversión especializadas en deuda venezolana vieron la
operación con mejores ojos, resaltando que el PDVSA 2020 “es un bono muy seguro
y por eso lo estamos recomendando”, haciendo énfasis en que “el diferencial de
riesgo país se va a acortar [como resultado del canje] y se va a acortar en la
medida que vean que disipa el riesgo de cesación de pago” y alegando que el uso
de CITGO como colateral “es más que razonable” y que “es una manera de bajar el
costo del endeudamiento”.
Por esas
cosas de la historia, menos de tres años después le corresponde al equipo del
presidente interino Juan Guaidó la protección y defensa de CITGO frente a los
acreedores defraudados por aquel canje inútil orquestado por Nicolás Maduro.
¿Se debe pagar
el PDVSA 2020?
La emisión
del PDVSA 2020 tiene muchos rasgos de ilegalidad. Las condiciones que rodearon
su emisión violan específicamente el artículo 150 de la Constitución, según el
cual:
“La
celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la
aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá
celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional, o
con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas
en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional.
La ley podrá exigir en los contratos de interés público determinadas
condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales
garantías.
Difícilmente
pueda celebrarse un contrato de mayor interés público nacional que uno donde se
hipoteca el activo público externo más valioso de la nación. En este caso, la
Asamblea Nacional no sólo no aprobó el canje que dio origen a los PDVSA 2020,
sino que demás –en pleno ejercicio de sus facultades de control– emitió un
acuerdo en donde lo rechaza en términos muy explícitos. En el texto, publicado
el 27 de septiembre de 2016, la Asamblea Nacional anuncia el inicio de una
investigación por presuntos daños al patrimonio público, rechaza el uso de las
acciones de CITGO como colateral, y hace un llamado muy sensato a iniciar un
proceso de renegociación integral de la deuda pública externa. Maduro actuó con
rapidez: el 24 de octubre PDVSA anunció los resultados del canje y, al día
siguiente, la Sala Constitucional suspendió la investigación iniciada por la
Asamblea Nacional. Tres días después, PDVSA firmó el contrato de emisión del
Bono 2020 con sociedades extranjeras.
Es cierto
que, preocupados ante la perspectiva de perder CITGO y en un momento en que
todavía no se contaba con asesores financieros y legales en el equipo de
restructuración, la Asamblea Nacional autorizó el pasado 12 abril un pago de 71
millones de dólares por concepto de intereses del PDVSA 2020. Dicho pago se
hizo bajo protesta y no constituye un reconocimiento tácito o explícito de la
legalidad del bono, como quedó establecido en los acuerdos de la Asamblea
Nacional y en la comunicación enviada por la junta directiva ad hoc de PDVSA al
agente de pago.
De manera que
el PDVSA 2020 tiene un origen muy cuestionable desde el punto de vista legal,
por lo que pagarlo sentaría un mal precedente. Pero hay más, el hecho de que la
probabilidad de default en 5 años al momento del canje estaba por encima del
90% sugiere que ambas partes entendían bien en lo que se estaban metiendo. Los
tenedores del PDVSA 2020, por un lado, sabían que Venezuela entraría más
temprano que tarde en default y decidieron participar en la operación para
hacerse con CITGO. Por el otro lado, Maduro y los suyos, en pleno naufragio
financiero y operativo, empeñaron la red de refinerías virtualmente seguros de
que tarde o temprano se ejecutaría la hipoteca. Por lo tanto, reconocer la
operación como legítima y pagar los bonos tal y como fueron contraídos, sería
hacerse cómplice de unos y otros.
En segundo
lugar, el bono viene de uno de esos falsos dilemas típicos de la revolución.
Según el chavismo solo había dos opciones, o un refinanciamiento muy costoso
donde se hipotecaban los activos de la nación o un default desordenado que
abría una supuesta caja de pandora. Lo cierto es que había una tercera opción:
hacer las cosas bien. Venezuela podía solicitar apoyo de la comunidad
financiera internacional, reestructurar su deuda externa de manera integral, y
ponerle fin a la imposición de un modelo económico fracasado. Que la terquedad
ideológica como excusa para mantener a una élite corrupta en el poder haya
limitado el espacio de soluciones del chavismo, no quiere decir que no había
alternativas mejores.
Por último,
pagar sin reparos a los tenedores del PDVSA atenta contra las posibilidades de
que Venezuela pueda salir de las sombras y superar la catástrofe en que la ha
sumido el chavismo. La recuperación pasa por darle prioridad a la atención de
la crisis humanitaria y sentar las bases para la reconstrucción de la economía,
para lo cual es indispensable una reestructuración agresiva de las deudas
heredadas de Chávez y Maduro. Pagarle completo y a tiempo a los tenedores de un
bono de cuestionable legitimidad sentaría un precedente muy negativo para la
renegociación de las demás acreencias.
¿Qué opciones
tiene la administración de Juan Guaidó?
Una
posibilidad es que el gobierno de los Estados Unidos decida hacer uso de su
autoridad ejecutiva para impedir a los tenedores del PDVSA 2020 tomar el
control de CITGO. Dicha prohibición se extendería hasta tanto se pueda iniciar
un proceso de restructuración integral de deuda externa bajo el auspicio de la
comunidad internacional y los organismos multilaterales.
Aunque muchos
lo consideran improbable, es una opción que viene ganando terreno a raíz de la
carta que cuatro senadores y tres representantes del congreso de los Estados
Unidos le dirigieron al presidente Donald Trump el pasado 10 de octubre. Allí,
urgen a la administración a “tomar todas las medidas que sean necesarias para
proteger a los empleados y retirados de CITGO de las posibles consecuencias de
un default”. Entre otras cosas, le recuerdan al presidente Trump que los bonos
PDVSA 2020 tienen cláusulas de cross-default con un préstamo que la empresa
rusa Rosneft le hizo al régimen de Nicolás Maduro, y alertan sobre la amenaza a
la seguridad nacional que se derivaría del control por parte de la compañía
rusa de infraestructura clave dentro de los Estados Unidos.
Una segunda
posibilidad –que también recae sobre el gobierno de los Estados Unidos–
requiere de una intervención del Departamento del Tesoro. Cuando se impusieron
las sanciones financieras a Venezuela, se emitió una licencia –la Licencia 5–,
la cual permite a los tenedores del PDVSA 2020 tomar el control de CITGO en el
evento de un default, bajo el entendimiento que dicha posibilidad pondría
presión adicional sobre el régimen venezolano. Con la compañía controlada por
la administración del presidente interino Juan Guaidó, ahora Nicolás Maduro
carece también de incentivos para pagar. Siendo así, y siguiendo la motivación
inicial tras la Licencia 5, el Departamento del Tesoro podría derogarla y
proteger de esa forma a CITGO. Esta posibilidad es también incierta, pues
existen muchos y muy bien organizados tenedores de bonos que han ejercido una
presión significativa para evitar que así sea.
Uno podría
argumentar que la Orden Ejecutiva de 5 de agosto de 2019 debería ser suficiente
para proteger CITGO, toda vez que bloquea las propiedades del Estado venezolano
en Estados Unidos, sin importar las licencias previamente emitidas.
Fuera de las
opciones que dependen del gobierno de los Estados Unidos, al equipo de Guaidó
todavía le queda la posibilidad de iniciar un litigio que cuestione la
legalidad del PDVSA 2020. Este proceso requiere llevar el caso a una corte de
Nueva York, con los argumentos descritos más arriba, buscando en principio una
suspensión temporal de las posibles acciones contra CITGO hasta tanto no se
resuelva el caso. Si bien las posibilidades de esta alternativa son inciertas,
el hecho es que es un asunto que preocupa a los tenedores del bono. Y es que en
todos los intercambios, comunicaciones y ofertas que han hecho llegar –algunas
inclusive a través de analistas financieros venezolanos con los que han
mantenido una larga relación profesional– la lista de sus peticiones y concesiones
viene siempre precedida por la exigencia del reconocimiento por escrito de la
legalidad del bono.
La renuencia
de la administración Guaidó a aceptar como legal un instrumento emitido en
condiciones más que cuestionables, más el hecho de que muy probablemente carece
del dinero requerido para pagar, reduce aún más las posibles salidas.
Por todas
estas razones, el próximo 28 de octubre es una fecha crucial. Puede marcar un
antes y un después en el curso de la lucha, no sólo por el control de los activos
venezolanos en el exterior, sino también del propio gobierno del país.
Pase lo que
pase –independientemente de la estrategia que se escoja y de sus resultados–
Guaidó necesitará del apoyo pleno y unitario de las fuerzas políticas que han
dado origen a su mandato dentro de la Asamblea Nacional. A fin de cuentas, si
se pierde CITGO, será como consecuencia de aquel canje de 2016 que sacrificó a
la compañía inútilmente y de quienes la orquestaron. Pero he ahí el problema. Y
es que, desde hace mucho tiempo, hay muchos que han confundido lo que le
conviene al país con lo que les conviene a ellos. Para entender la enrevesada
economía política que rodea a los títulos de deuda pública externa de
Venezuela, no hay mejor ejemplo que el origen de los PDVSA 2020.
¿De dónde
salió el PDVSA 2020? Como comentamos más arriba, estos bonos surgieron de la
necesidad de refinanciar los PDVSA 2017. A su vez, estos bonos tuvieron su
origen en la práctica nefasta del gobierno de Hugo Chávez de emitir deuda
denominada en dólares a ser adquirida en bolívares, una transferencia directa
de recursos de la nación a unos particulares afortunados escogidos de forma
arbitraria. Los bonos PDVSA 2017 eran de dos tipos, que se conocieron como el
“PDVSA 2017 viejo” y el “PDVSA 2017 nuevo”. Los bonos “PDVSA 2017 viejos” se
emitieron en 2007 con condiciones que equivalían a la compra de dólares a una
tasa implícita de 2.71 bolívares por dólar, 53% por debajo del dólar paralelo
(5.70). Así, se garantizó a los afortunados escogidos una ganancia inmediata de
111%, espejo de los 1.300 millones de dólares que perdió la República en la
operación (por vender dólares por debajo de su valor de mercado). Los bonos
“PDVSA 2017 nuevos” se emitieron en 2010 en condiciones que resultaron en una
tasa implícita de 6,10 bolívares por dólar, 28% por debajo del dólar paralelo
(8,42). La operación garantizaba a los escogidos una ganancia inmediata de 38%,
idéntica a la pérdida de 1.196 millones de dólares que sufrió la República.
De aquellos
polvos vinieron estos lodos. El hecho de que estas emisiones se realizaran bajo
la siniestra modalidad bolívar-dólar en pleno control de cambio, provocó una
sobre-representación de inversionistas venezolanos en estos instrumentos (en
comparación con lo que habría resultado si hubiesen sido emitidos de forma
directa en los mercados internacionales). Siendo así, es relativamente natural
suponer que se encuentran organizados y tienen una estrategia para ejercer
presión en favor del pago del bono.
Llegados a
este punto de insolvencia ya no hay forma de que los intereses de ambos grupos
–los que quieren cobrar las deudas y los que quieren sacar a Venezuela
adelante– puedan coincidir. Por eso también este 28 de octubre y sus
prolegómenos son tan cruciales para el futuro de Venezuela: son apenas una
pequeña muestra de los conflictos de intereses y dilemas que la administración
de Juan Guaidó, o cualquier otra que se proponga sacar al país adelante e
iniciar la reconstrucción de Venezuela, va a tener que enfrentar irremediablemente.
Se trata de agrupar a los que quieren ayudar al país a levantarse, y protegerlo
de los que se vienen agrupando para propinarle otro duro revés.
