“Expresamos
nuestra profunda preocupación por la capacidad que estas amplias sanciones
económicas tienen para exacerbar la emergencia humanitaria de Venezuela y
causar más sufrimiento al pueblo venezolano”.
El 5 de
agosto, la administración Trump anunció nuevas sanciones contra el gobierno de
Nicolás Maduro en Venezuela. La extensión reciente de la orden ejecutiva 13692
tiene la intención de limitar aún más el acceso del gobierno de Maduro al
comercio internacional. Las sanciones están dirigidas a limitar las relaciones
de compañías de terceros a nivel mundial que interactúen con el gobierno.
Como
organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos y el rechazo al
autoritarismo en Venezuela que ha causado la grave crisis actual de derechos
humanos y de refugiados, los grupos firmantes expresamos nuestra profunda
preocupación por la capacidad que estas amplias sanciones económicas tienen
para exacerbar la emergencia humanitaria de Venezuela y causar más sufrimiento
al pueblo venezolano. La profunda crisis económica del país empezó antes de las
sanciones y tiene sus orígenes en años de mala gestión y corrupción. Sin
embargo, como ha destacado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en su informe en julio, las sanciones financieras y petroleras
están “agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la
situación humanitaria”.
Hoy, millones
de venezolanos sufren una falta general de acceso a bienes esenciales,
incluyendo alimentos y medicinas básicas. Las exportaciones de petróleo de
Venezuela representan la principal fuente de divisas que se utilizan para pagar
importaciones y limitar estos ingresos por lo tanto pone en riesgo la
importación de alimentos y medicamentos que muchos necesitan.
La Orden
Ejecutiva firmada por Trump el lunes afirma que estas últimas sanciones no
afectarán las transacciones relacionadas con las importaciones de alimentos,
medicamentos o ropa. Sin embargo, excepciones de estilo similar en las previas
rondas de sanciones estadounidenses no han impedido restricciones provocadas
por prácticas de sobrecumplimiento. Es claro que esta práctica ha tenido el
efecto de restringir significativamente el trabajo legal de organizaciones
independientes de asistencia humanitaria. Las instituciones financieras, en
lugar de correr el riesgo de entrar en conflicto con el Departamento del Tesoro
de EE. UU., han optado por congelar cuentas legítimas y negar transacciones
legales, incluso aquellas asociadas con colegas que trabajan para aliviar la
crisis humanitaria y apoyar una transición democrática. Además, el impacto
económico de estas sanciones será la reducción de las importaciones en un
contexto en el que millones de venezolanos comunes ya son muy vulnerables.
Este anuncio
por el gobierno de Trump se basa en la idea de que imponer sanciones económicas
amplias obligará a un cambio de régimen en el corto plazo. Desafortunadamente,
como lo demuestran los casos de Irán, Corea del Norte, Cuba y Siria, tales
sanciones a menudo fortalecen a líderes autoritarios proporcionándoles un chivo
expiatorio al cual culpar por los graves efectos de sus políticas represivas, y
además profundizan la dependencia de la población a políticas asistencialistas
que constituyen medidas de control social de esos gobiernos.
No se debe
ignorar que el anuncio sucedió mientras los representantes del gobierno de
Maduro y la oposición se encuentran en Barbados para un proceso de negociación
mediado por el gobierno noruego. Todo esfuerzo y medida internacional de
presión para avanzar hacia un cambio democrático pacífico en Venezuela debe
orientarse a favorecer este proceso de negociación, evitando causar mayores
daños a una población que ya ha visto sus derechos humanos severamente
afectados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Hacemos un
llamado al gobierno de los Estados Unidos para que encuentre formas de abordar
la crisis de Venezuela de manera que no agraven el sufrimiento de la población.
Si no hay forma de evitar el costo humano de estas medidas y por el contrario
proporcionar ayuda humanitaria con la urgencia y en la dimensión requerida,
entonces deberían ser levantadas. El gobierno de los Estados Unidos necesita
apoyar los esfuerzos para lograr una solución política al conflicto en vez de
obstaculizarlos.
Acción
Solidaria – Venezuela
Caleidoscopio
Humano – Venezuela
Civilis
Derechos Humanos – Venezuela
Centro de
Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello – Venezuela
Comisión de
DDHH del Zulia (Codhez) – Venezuela
Comunidad en
Movimiento A.C – Venezuela
Instituto
Mead de Venezuela A.C, Conciencia Ciudadana A.C – Venezuela
Laboratorio
de Paz – Venezuela
Proyecta
Ciudadanía A.C – Venezuela
Programa
Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) – Venezuela
Unión Vecinal
para la Participación Ciudadana A.C – Venezuela
Conectas
Direitos Humanos – Brasil
Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) – Perú
Dejusticia,
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Colombia
La Oficina en
Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) – EE.UU.
Missão Paz – Brasil
