Por
Alejandro Torres Rivera | MINH
Hace poco
más de nueve años, poco tiempo después de la muerte de Lolita Lebrón,
presenté en Cuba esta ponencia en la Misión de Puerto Rico en Cuba. La misma
contiene datos obtenidos de manos del Gobierno de Puerto Rico como resultado
de una demanda llevada por el historiador Pedro Aponte y nuestra recordada
Doña Isabel Rosado para que el ELA entregara todas la documentación y objetos
incautados al nacionalismo como resultado de los procesos llevados cabo a
partir del 30 de octubre de 1950, incluyendo los registros efectuados y la
documentación en poder de la Administración de Corrección. El resultado del
pleito fue la entrega de decenas de cajas de "evidencia"
incautada, objetos y récords. Como parte de la documentación, se tuvo acceso
a dos (de tres informes), enviados al gobernador de Puerto Rico como
documento secreto o confidencial, de donde surge la información que su
hermano, Gonzalo Lebrón, expresidente de la Junta Nacionalista de Chicago,
ofreciera a las autoridades sobre las acciones del nacionalismo a partir de
1950 y hasta la operación de la cual participa como dirigente Lolita en el
Ataque al Congreso. Gonzalo fue testigo de cargos contra su propia hermana.
El escrito que presentamos aquí, ofrece aspectos importantes de la historia
que deben ser conocidos como tributo a Lolita, los nacionalistas que
participaron del Ataque al Congreso y de todos aquellos que desde el
anonimato aportaron a nuestra lucha emancipadora en tan difícil coyuntura.
El pasado
1ro. de agosto de 2010 falleció Lolita Lebrón, símbolo vivo de la lucha por
la independencia de Puerto Rico. Se nos ha invitado a hacer una reflexión
política sobre esta singular mujer de la cual podríamos decir múltiples
cosas. ¿Quién no la conoce en suelo patrio o aquí en Cuba, donde se le respeta
y venera como si fuera una patriota mambisa en la causa libertaria de este
pueblo hermano? Se trata de aquella heroína de la lucha por la
independencia de Puerto Rico del Siglo XX que sintetiza en su ideario la
máxima albizuista de “la Patria es valor y sacrificio.”
Nos reseña
Ramón Medina Ramírez en su obra El Movimiento Libertador en la
Historia de Puerto Rico, que un cable fechado en Washington el día 2
de marzo de 1954 indica que en la cartera de esa mujer que penetró dentro del
Congreso de Estados Unidos el día anterior a proclamar ante el poder invasor
el reclamo de la libertad e independencia de pueblo puertorriqueño, fue
ocupada una nota a manuscrito que en parte leía de la siguiente manera:
“Me hago
responsable de todo. Ante Dios y el mundo mi sangre clama por la
independencia de Puerto Rico. Mi vida doy por la libertad de mi Patria...”
Mediante
este acto de desprendimiento político y personal, Lolita asumía total
responsabilidad por los actos protagonizados junto a sus compañeros en una de
las más atrevidas acciones, que al igual que la llevada a cabo el 1 de
noviembre de 1950 por Oscar Collazo y Griselio Torresola, atestiguaron ante
el pueblo estadounidense y ante la comunidad internacional el caso colonial
de Puerto Rico. Ese mensaje, libre de toda vacilación, dejaba claro el precio
que estaba dispuesto a pagar el patriotismo puertorriqueño por la libertad de
Puerto Rico. Es esa experiencia al cierre de un siglo la que sigue presente
en el recuerdo de nuestros opresores y en la memoria histórica de nuestros
luchadores.
Pero Lolita
es, además, otro símbolo en nuestra historia. No solo es la mujer
puertorriqueña que por mayor número de años permaneció encarcelada en
prisiones estadounidenses como consecuencia de sus acciones en favor de la
independencia de Puerto Rico, sino que su sacrificio, ha sido también fuente
de inspiración para otros revolucionarios en otros países.
Tenía razón
Albizu Campos cuando decía al referirse a esta mujer y sus compañeros de
jornada, apenas transcurridos dos días desde el ataque al Congreso de Estados
Unidos, que juntos habían “avisado a los Estados Unidos...que el deber los
obliga a respetar la independencia de todas las naciones; a respetar la
independencia de Puerto Rico, y que los puertorriqueños harán respetar ese
derecho sagrado de la Patria.”
Pretender,
sin embargo, explicar el significado y la vigencia histórica del ataque al
Congreso de los Estados Unidos el día 1ro. de marzo de 1954 por los
combatientes nacionalistas Lolita Lebrón Soto, Rafael Cancel Miranda, Irvin
Flores Rodríguez y Andrés Figueroa Cordero, impone sobre nuestros hombros una
gran responsabilidad. Se trata de someter a reflexión histórica un acto
político de guerra del cual durante mucho tiempo hemos tenido la noción de un
témpano de hielo del cual tan solo se manifiesta a nuestros sentidos una
pequeña parte.
También a
su vez es la historia de un proceso en el cual decenas de hombres y mujeres
comprometieron sus esfuerzos y sus vidas asumiendo entonces riesgos que aún
hoy nos obligan a mantener una prudente discreción en torno a algunos de sus
niveles de participación en dichos sucesos.
Pero la
responsabilidad que recae sobre nuestros hombros es aún mayor si tomamos en
consideración el hecho de que cuando nos remitimos al concepto vigencia, lo
hacemos en el convencimiento de lo que dicha palabra significa para los que
consideramos como algo actual y no del pasado la necesidad de nuestro pueblo
de organizarse para ejercer su derecho a la libertad e independencia.
Por eso
hablar de Lolita Lebrón y de la vigencia histórica del ataque al Congreso en
1954, es hablar del derecho del pueblo puertorriqueño, y en particular de sus
sectores desposeídos, a valerse de todos los medios de lucha que
históricamente se han reservado los pueblos coloniales en su ruta hacia su
verdadera autodeterminación. De ahí que, si bien reconocemos como un
principio correcto la expresión marxista de que la violencia revolucionaria,
y como parte de ella la lucha armada, es la partera de la historia, también
coincidimos con la afirmación albizuista de que la lucha armada y la
violencia revolucionaria en los pueblos coloniales, es el principio de las
nacionalidades. La síntesis de estos principios son los mismos que inspiraron
el accionar político de Filiberto Ojeda Ríos a quien siempre recordaremos
como uno de los grandes luchadores antiimperialistas de nuestro tiempo.
Para Albizu
Campos, tan temprano como la década de 1930, era ya una verdad indiscutible
aquello que Franz Fanon describiría a la altura de los años sesenta en sus
escritos cuando afirmaba que, "la descolonización es siempre un fenómeno
violento."
Para
aproximarnos a un entendimiento teórico de la concepción de lucha
desarrollada y articulada por el nacionalismo, forzosamente tenemos que
recurrir a examinar su participación organizada en el accionar político
militar a partir del año 1935.
A raíz de
los sucesos que desembocan durante dicho año en el asesinato a mansalva de
cuatro nacionalistas por parte de la Policía de Puerto Rico en Río Piedras y
en los cuales otro nacionalista quedara gravemente herido, se planteó para el
nacionalismo la necesidad de preparar el camino de la lucha armada. Sin
descuidar el desarrollo y fortalecimiento de una organización que tuviera la
capacidad de articular aquellas luchas cívicas necesarias para el adelanto de
la independencia, resultaba además necesario el desarrollo de una estructura
organizativa de carácter militar que permitiera a un movimiento libertador
anti-imperialista asumir las tareas militares que dicha lucha demandaba.
La
concepción de "guerra, guerra, guerra contra los yanquis" lanzada
como consigna por el Partido Nacionalista en ese momento, lejos de ser un
llamado retórico, era una declaración de guerra que el nacionalismo asumía
frente al poder imperialista de los Estados Unidos. Dicha concepción, ya a la
altura del 23 de febrero de 1936, tomaba cuerpo en el ajusticiamiento llevado
a cabo por los nacionalistas Hiram Rosado y Elías Beauchamp del Coronel
Elisha Francis Riggs, entonces Jefe de la Policía de Puerto Rico, así como en
el inicio del reclutamiento para organizar el Cuerpo de Cadetes de la
República como Ejército Libertador.
La
respuesta del gobierno norteamericano al desafío nacionalista condujo al
encarcelamiento y enjuiciamiento de su liderato. Luego de un segundo juicio
ante la Corte Federal tras la falta de un veredicto condenatorio durante un
primer proceso, el liderato del Partido Nacionalista fue condenado a largas
penas de cárcel por conspiración sediciosa para derrocar el Gobierno de Estados
Unidos. Las condenas recibieron una reacción inmediata de parte del
nacionalismo cuando al día siguiente del traslado de Albizu y sus compañeros
a la prisión federal de Atlanta, el auto en que viajaba el Juez Cooper quien
les sentenciara, fuera tiroteado a la altura del Puente Dos Hermanos en la
entrada a la Isleta de San Juan por otro comando nacionalista.
A partir de
este momento el Gobierno norteamericano desataría en el país una intensa
campaña represiva la cual tendría su más significativo momento en la Masacre
del Domingo de Ramos en Ponce donde 19 personas perderían la vida y más de
150 resultarían heridas.
En los años
que transcurrirían durante el destierro de Albizu, el nacionalismo concentró
su actividad en la gestión organizativa y en la búsqueda de solidaridad
internacional de parte de las repúblicas latinoamericanas con la
independencia de Puerto Rico. Igualmente, desarrollaría una campaña en
oposición al servicio militar obligatorio impuesto a los puertorriqueños
dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial.
Fue durante
este período que el Gobierno de Estados Unidos desarrolló una estrategia
dirigida a debilitar el apoyo a la independencia en Puerto Rico. En un
primer momento hicieron acercamientos con Albizu, a través de un enviado del
Departamento de Estado de origen puertorriqueño, ofreciéndole a éste su
libertad y el respaldo al Partido Nacionalista como fuerza política electoral
dirigente bajo una autonomía tan amplia que sería equivalente "a una
independencia sin bandera." A cambio de esto, el Partido
Nacionalista presentaría su renuncia al reclamo de la independencia y podría
fin a su enfrentamiento al poder imperialista de Estados Unidos en Puerto
Rico.
El rechazo
de Albizu a tal pretensión colocó en la agenda de los Estados Unidos a Muñoz
Marín y su Partido Popular Democrático fundado en 1938 el cual, en su origen,
agrupaba tanto a independentistas como autonomistas. Fue a través del PPD y
dentro del marco de una estrategia timoneada por la Inteligencia Naval de la
Marina de Guerra estadounidense como se desarrollaría el movimiento político
de Estados Unidos para legitimar un nuevo modelo de estatus colonial en
Puerto Rico.
Extinguida
su condena, Albizu regresa a Puerto Rico el 15 de diciembre de 1947 para
darse a la tarea conspirativa iniciada diez años antes. Su llegada a Puerto
Rico, sin embargo, se produce dentro de un contexto diferente: ya el
imperialismo había echado a caminar sus planes con su nueva carta, Muñoz
Marín; existía un nuevo orden mundial producto de los cambios en la
correlación de fuerzas surgida entre los Estados Unidos y la Unión Soviética
en el periodo de posguerra; el desarrollo de las luchas descolonizadoras en
Asia y Africa; y finalmente, el avance de nuevos movimientos sociales en
América Latina.
La
aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos en el año 1950 de la Ley
600 y sus implicaciones le plantearon al nacionalismo la necesidad de
incrementar sus esfuerzos si era que pretendía abortar dicho proceso.
La constante persecución y hostigamiento de parte del Gobierno sobre los
nacionalistas cerraba aún más el cerco sobre éstos teniendo como resultado
que se precipitaran los planes organizativos que venían desarrollándose para
una insurrección en el año 1952 previo a las elecciones.
Es dentro
del desarrollo de los planes insurreccionales que venían llevándose a cabo
que se incorpora al arsenal teórico de la lucha de liberación nacional
puertorriqueña llevar las acciones de guerra a la retaguardia del
enemigo. Con el propósito de captar la atención internacional de la
comunidad mundial hacia el caso de Puerto Rico y con el propósito de
evidenciar el hecho de que no se trataba de una lucha entre puertorriqueños,
a la par que se desarrolla el levantamiento de octubre de 1950 en Puerto
Rico, un 1ro. de noviembre de 1950 un comando nacionalista integrado por
Oscar Collazo y Griselio Torresola ataca la Casa Blair, residencia
provisional del Presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman.
A partir de
esta experiencia insurreccional la represión se volcó contra el Partido
Nacionalista nuevamente. Decenas de dirigentes nacionales y locales al igual
que múltiples combatientes fueron encarcelados. Mientras el Partido
Popular asumía las riendas de la represión en el país, se avanzaba
resueltamente por parte de los Estados Unidos a la creación de lo que vendría
a llamarse el "estado libre asociado." Mientras el nacionalismo era
estigmatizado y los participantes en la Revolución de 1950 extinguían largas
condenas, en silencio, comenzaba a rearticularse el Partido Nacionalista para
continuar adelante su proyecto histórico.
Es
importante compartir con ustedes una reflexión particular. Para muchos de
nosotros partíamos, aún a la altura de los años setenta y ochenta, partíamos
del supuesto de que las estructuras organizativas y operativas del Partido
Nacionalista luego de 1950, había quedado virtualmente desmanteladas.
Más aún, el Ataque al Congreso en el año 1954 efectuado por el comando nacionalista
bajo la dirección de Lolita Lebrón, lo veíamos como una acción desvinculada
de los sucesos del año 1950. No veíamos en estas acciones una continuación
histórica y orgánica de dichos sucesos. De ahí que en no pocas
ocasiones dentro de los debates teóricos de entonces escucháramos
planteamientos dirigidos a caracterizar dicho acto como una acción
"espontaneísta", "desvinculado de una lucha de masas",
" un acto de terrorismo individual", etc.
El celo y
discreción con el cual múltiples compañeros y compañeras nacionalistas
resistieron la tentación de entrar en la polémica en torno a dichos sucesos y
aportar información distinta encuentra su explicación.
Durante el
año 1988 me tocó el honor como abogado de llevar un recurso legal ante el
Tribunal de Primera Instancia en Puerto Rico a nombre del historiador Pedro
Aponte y de la heroína nacionalista, aún viva hoy a sus 102 años, Doña Isabel
Rosado. Mediante este recurso legal requerimos del Gobierno de Puerto Rico,
en particular su Departamento de Justicia y la Administración de Corrección,
la entrega de toda la documentación en su poder incautada o generada como
consecuencia de los procesos judiciales llevados a cabo contra el Partido
Nacionalista y sus dirigentes y su entrega al Archivo Histórico de Puerto Rico.
Para nosotros era una manera de rescatar parte de una historia escamoteada a
las generaciones actuales como parte de la conspiración del silencio que
pretende despojarnos de nuestro pasado de lucha. Habiéndose dictado Sentencia
por el Tribunal en favor del pedimento de los demandantes, decenas de cajas
conteniendo evidencia y documentación relacionada con las incautaciones y
procesos judiciales fueron entregados al Archivo Histórico. Entre los cientos
o miles de documentos entregados se tuvo acceso a dos importantes documentos
de un total de tres que fueron generados, donde se recogen los resúmenes
de los testimonios prestados a la Policía de Puerto Rico por el traidor
Gonzalo Lebrón Sotomayor, hermano de Lolita Lebrón, quien fuera el Delegado
del Partido Nacionalista en la ciudad de Chicago y parte de la estructura
conspirativa dirigida por el liderato nacionalista que no se encontraba
encarcelado y bajo cuya responsabilidad se encontraba la organización de un
segundo levantamiento insurreccional nacionalista programado para ser llevado
a cabo en 1952 en Puerto Rico y más adelante modificado por la realización de
acciones político-militares contra objetivos dentro de Estados Unidos.
Fue gracias
a la férrea disciplina de la militancia nacionalista como pudimos percatarnos
de la manera en que el nacionalismo supo proteger la identidad de múltiples
combatientes a los cuales el enemigo no logró tener acceso gracias a su
silencio. Más aún fue tal discreción el elemento garantizador de la
continuidad del trabajo conspirativo y clandestino en aquel momento. Para
aquellos heroes anónimos nuestra más seria excusa y nuestra mayor admiración.
De los dos
Informes a los que hemos hecho referencia, redactados durante los días 22 de
noviembre de 1954 y 2 de diciembre de 1954 por el entonces Jefe de la Policía
Salvador T. Roig y enviados con carácter confidencial a Muñoz Marín basados
en el testimonio de este traidor y delator, surgen elementos importantes para
comprender el alcance de las acciones del nacionalismo.
Originalmente,
desde el año 1949, el liderato nacionalista venía planificando una revolución
que se llevaría a cabo en Puerto Rico durante el año 1952, precisamente antes
de las elecciones. En la misma se contemplaba la participación de
nacionalistas residentes en Estados Unidos en las acciones que se habrían de
llevar a cabo en Puerto Rico para lo cual se estructuró un plan de traslado
de efectivos y armamento. Indican los informes que los sucesos acaecidos
durante los días que precedieron al 30 de octubre de 1950, cuando la Policía
intervino con nacionalistas en distintas partes del país y llevó a cabo
allanamientos de residencias y locales ocupando armamento y artefactos
explosivos, llevaron a la dirección nacionalista a impartir las órdenes de
atacar precipitadamente, adelantando la fecha. Surge además de dichos
documentos que habiendo sido arrestado el liderato nacionalista y
extinguiendo largas sentencias de cárcel algunos de sus miembros,
clandestinamente afiliados del Partido Nacionalista que no fungían
públicamente como miembros de dicha organización, pero que a su vez mantenían
comunicación continua con Albizu, bajo sus instrucciones, procedían a
reorganizar las estructuras políticas y militares del Partido Nacionalista,
gestionando además recursos económicos y el armamento necesario para llevar
adelante los planes de una revolución durante el año 1952. Dentro de
dichos planes las Juntas Nacionalistas de Nueva York y Chicago jugaban un
papel importante procurando la adquisición de armas de fuego, fondos
económicos, realizando trabajo internacional en la ONU, preparando
combatientes para participar en las acciones que habrían de llevarse a cabo
en Puerto Rico, elaborando planes de acción concretos para el desarrollo de
acciones armadas contra centros de poder de Estados Unidos sobre Puerto Rico
tales como el Pentágono, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Casa
Blanca y otras acciones análogas. Se informa además en dichos
documentos de la existencia de un Jefe Militar, que afortunadamente no logra
identificarse por el delator, bajo cuya responsabilidad estaba el desarrollo
de los planes insurreccionales en Puerto Rico. Los informes revelan también
cómo se analizaron algunos de los errores cometidos durante el levantamiento
de 1950 por los nacionalistas, así como las expectativas de la incorporación
de un nutrido número de nacionalistas militantes del Partido Independentista
Puertorriqueño, así como detalles específicos del plan de insurreccional a
llevarse a cabo.
Dentro de
los objetivos insurreccionales que fueron analizados en el contexto de la
nueva insurrección, se encontraban los siguientes: (a) iniciar acciones de
distracción pegándole fuego a los cañaverales y estaciones de gasolina
cercanos a las entradas y salidas de los pueblos donde se atacaría en los
días previos al levantamiento para atraer allí las labores de los bomberos y
policías; (b) la toma de rehenes entre funcionarios claves del Gobierno; (c )
un plan de repliegue hacia las áreas montañosas en caso de una contraofensiva
del gobierno para desde allí continuar desarrollando la lucha armada; (d) el
trabajo de coordinación con las repúblicas latinoamericanas amigas de la
independencia de Puerto Rico para obtener el reconocimiento de los
insurgentes; (e) la realización de juicios por traición a los principales
implicados en la represión al nacionalismo que incluían el ajusticiamiento;
(f) el ataque a las bases militares de Estados Unidos en Puerto Rico; (g) el
ataque al Presidio y otras cárceles donde hubiera nacionalistas encarcelados;
(h) el ataque a instalaciones donde pudieran recuperarse armamento; (i) la
sincronización de la hora de ataque adecuada a los cuarteles policíacos; (j)
la adquisición de medios logísticos tales como armamento, explosivos,
radio-comunicadores, etc.
Surge de
tales informes que si bien la insurrección no se llevó a cabo en el año 1952,
durante el año siguiente se le dio seguimiento a dichos planes. La variante
examinada fue la de prestarle un mayor énfasis al desarrollo de
"un plan de ataque a posiciones importantes en Estados
Unidos." Para entonces Albizu que se encontraba muy afectado de
salud como consecuencia de la exposición a la radiación a cual se le había
sometido mientras permanecía encarcelado. Si este moría en prisión la orden
impartida por la Dirección Nacional del Partido Nacionalista era la de llevar
a cabo múltiples acciones armadas en represalia contra el Gobierno de Puerto
Rico y particularmente dentro de Estados Unidos.
El temor de
que Albizu falleciera en prisión junto a la presión internacional ejercida
sobre el Gobierno de Estados Unidos llevaron a Muñoz Marín a indultar a
Albizu el 30 de septiembre de 1953. Inmediatamente Albizu es excarcelado se
pronuncia en el sentido de que "nadie, amparado por la fuerza, pueda
impedir el ejercicio de soberanía y libre determinación de un pueblo, porque
ello sería una burla a la historia."
En efecto,
la burla histórica se encontraba en camino. El día 27 de noviembre de
1953 el Gobierno de los Estados Unidos consigue de la Asamblea General de la
ONU la aprobación de la Resolución 748 (VIII). Mediante ésta
Puerto Rico quedaba excluido del listado de territorios coloniales sobre los
cuales las potencias administradoras tenían que rendir cuentas a la Asamblea
General.
Ante este
cuadro, Albizu modificó los planes originalmente trazados para que desde
Estados Unidos la Juntas Nacionalistas enviaran combatientes nacionalistas a
Puerto Rico y en su lugar impartió órdenes específicas a las Juntas
Nacionalistas de Nueva York y Chicago para que utilizaran los recursos
disponibles para llevar a cabo acciones político- militares contra blancos en
los Estados Unidos.
De dichos
informes surgen elementos que indican que entre la Junta de Nueva York y la
de Chicago, principalmente a nivel de su dirección, habían surgido
discrepancias. La primera se manifestaba partidaria de que se acataran
las órdenes impartidas y se procedería de conformidad a éstas a desarrollar
acciones contra objetivos dentro de Estados Unidos; la segunda, bajo la
influencia del delator, objetaba, obstaculizaba y saboteaba dichas órdenes.
En octubre de 1953 se transmiten personalmente y por escrito instrucciones a
las Junta de Nueva York y Chicago de parte de la Dirección Nacional del
Partido Nacionalista. Las mismas consistían en cesar el envío de
nacionalistas a Puerto Rico y dar inicio al desarrollo de acciones en Estados
Unidos. Las instrucciones fueron claras y tajantes. A partir de estas, sin
embargo, el traidor Gonzalo Lebrón Sotomayor se dedicó a descarrilar las
órdenes impartidas por Albizu Campos.
Hacia
febrero de 1954 Lolita Lebrón, quien según declara su hermano a la Policía de
Puerto Rico había sido nombrada Delegada General del Partido Nacionalista en
Estados Unidos, viajó desde Nueva York a Chicago, le impartió personalmente
las órdenes comunicadas desde Puerto Rico regresando a Nueva York. Según cita
el traidor, su hermana le indicó que “las órdenes que tenía del partido eran
terminantes.”
Días antes
del ataque Rafael Cancel Miranda hizo un recorrido exploratorio del lugar
donde unos días más tarde se llevaría a cabo el operativo con el propósito de
conocer el terreno, identificar rutas, examinar la localización del lugar
desde donde se llevaría a cabo la acción, así como otros pormenores propios
de una tarea de esa naturaleza.
El día 1ro.
de marzo de 1954, en el mismo lugar donde reside la soberanía de nuestro
pueblo en virtud del Tratado de París de 1898, se escucharía la voz
indoblegable de nuestro pueblo, expresada a través de la pólvora de la
libertad regada por las armas de nuestros patriotas en el Congreso
norteamericano.
Si alguna
duda teníamos de la importancia y corrección del mensaje llevado en esa
ocasión al Congreso, la respuesta a la misma nos la daría uno de los Comités
fundamentales creados por la propia Organización de las Naciones Unidas, el
Comité de Descolonización, cuando en el año 1978 demandaba del Gobierno de
los Estados Unidos la excarcelación incondicional de los presos nacionalistas
en cárceles norteamericanas.
La muerte
de Lolita el 1 de agosto de 2010, aunque esperada por los que la amamos, no
por eso deja de golpearnos en la piel y en el alma. Una de las últimas
jornadas en las cuales tuvimos la oportunidad de estar junto a ella, de las
tantas en que coincidimos una vez fuera excarcelada, fue en una protesta de
trabajadores de acueductos a los cuales desde el año 2004 el Estado, que es
su patrono, no solo les despojó de su convenio colectivo, sino que en forma
festinada les había despedido sin un proceso justo e imparcial a través del
cual pudieran establecer sus defensas contra sus despidos ilegales. Allí
estuvo ella junto a estos trabajadores mientras pernoctaron durante varias
semanas frente a las puertas del Departamento del Trabajo reclamando
justicia. Lo hizo, como lo hizo antes en Vieques junto al pueblo en la lucha
contra los bombardeos en los polígonos de tiro utilizados por la Marina de
Guerra de Estados Unidos en la Isla Nena; lo hizo como lo hizo antes cuando
enfrentó una comisión congresional y senatorial de Estados Unidos que vino a
Puerto Rico a escuchar los planteamientos del pueblo en torno a nuestro
estatus político colonial y uno de los procónsules yanquis pretendió
limitarle o suprimirle el derecho a expresarse libremente en su propio país.
En aquella ocasión, recordamos, con firmeza Lolita le replicó que en su
patria ningún funcionario federal podía abrogarse el derecho a mandar a
silenciar su voz.
Así también
Lolita se comportó durante las jornadas de oposición al establecimiento en
Puerto Rico de las antenas transmisión de la Voz de América; o sencillamente,
en múltiples expresiones de solidaridad y lucha política, social y
comunitaria. Quizás por eso el cantautor puertorriqueño Noel Hernández, ya
desde aquellos años de prisión en cárceles federales, lanzaba en su canción
el grito inspirador de “Lolita Lebrón nuestra madre, Don Pedro nuestro
Maestro.”
El ejemplo
que nos legara Lolita sigue siendo hoy, como fue ayer y continuará siendo
mañana, el rocío refrescante que en la bruma mañanera nos da el aliento
necesario para continuar la lucha libertaria y emancipadora del pueblo
puertorriqueño.
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