El informe de
la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela revela una situación aterradora.
Ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y hambre son
parte del recuento.
Para nadie es
secreto la espiral de hambre, privaciones, inseguridad, asesinatos políticos,
encarcelamientos arbitrarios, éxodo, militarización, crueldad y conculcación de
libertades que padece Venezuela. Tampoco es desconocido que la gran
responsabilidad corresponde al régimen de Nicolás Maduro, bajo cuya dictadura
se han acelerado todas las tendencias destructivas y represivas gestadas desde
que su predecesor, Hugo Chávez, llegó al poder.
Las
anteriores certezas, desgarradoras y ofensivas de los conceptos más elementales
de dignidad humana, acaban de ser reveladas, con lujo de detalles y sólido
sustento, por la alta comisionada de las Nacionales Unidas para los Derechos
Humanos, la expresidenta socialista chilena Michelle Bachelet, en un informe
dado a conocer el jueves en Ginebra, sede de su oficina.
Claro,
preciso, directo y desgarrador como es, el informe de la alta comisionada se
queda corto en las recomendaciones.
El documento,
en el cual analiza la situación del país entre enero del 2018 y mayo del 2019,
con base en centenares de entrevistas, visitas y documentos, constituye un
descarnado catálogo de horrores, por la cantidad, magnitud y perversión de las
políticas y actos que revela. En sus propias palabras, “destaca patrones de
violaciones que afectan directa e indirectamente todos los derechos humanos:
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.
El dato más
escalofriante, y que con justa razón ha sido el más destacado por los órganos
de prensa, es que, durante el período analizado, se han documentado, como
mínimo, 7.000 muertes extrajudiciales. La mayoría han sido cometidas por
cuerpos de seguridad del régimen, en particular, sus temidas Fuerzas de Acciones
Especiales (FAES), que han intentado disfrazarlas como resultado de
“resistencia a la autoridad” de los asesinados, pero que en realidad son un
instrumento para deshacerse de opositores y eliminar a sospechosos de actos
delictivos. Por algo el informe pide la disolución de este grupo.
Es iluso
suponer que el régimen venezolano ponga empeño en lo que se le pide hacer.
El informe,
además, señala al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y a la Dirección
General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ambos fuertemente influidos por
operativos cubanos, como “responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y
tortura” de opositores políticos y sus familiares. Los “colectivos armados”,
grupos paramilitares en los barrios, “contribuyen a este sistema ejerciendo
control social en las comunidades locales y apoyando a las fuerzas de seguridad
en la represión de manifestaciones y de la disidencia”.
Han aumentado
el acoso a los pocos medios de comunicación independientes, las detenciones y
el exilio de periodistas, lo mismo que “la militarización de las instituciones
del Estado”. Sucesivas leyes “han facilitado la criminalización de la
oposición”, y se ataca selectivamente a los familiares de opositores políticos.
Se han detectado varios casos de torturas y “de violencia sexual y de género
contra mujeres y niñas durante su detención”. Por algo la alta comisionada
“considera que el Gobierno ha utilizado las detenciones arbitrarias como uno de
los principales instrumentos para intimidar y reprimir a la oposición política
y cualquier expresión de disensión política, real o presunta, al menos desde el
2014”.
El valor del
informe es indudable y servirá, al menos, para dejar más desnuda aún la
perversidad de un régimen que no merece seguir en el poder.
A estas y otras
violaciones documentadas contra la integridad personal y los derechos políticos
y civiles, se unen aquellas que conculcan derechos económicos, sociales y
culturales, así como la existencia de una profunda crisis humanitaria, generada
desde las más altas instancias del poder constituido.
*Editorial
del diario La Nación de Costa Rica
