Por Enrique
Ochoa Antich
La muerte del
capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo nos asoma al abismo de violencia
inútil al que todos, pero en particular un gobierno torpe y una élite política
empeñada en perpetuarse en el poder, estamos arrastrando al país. El colofón
fatal de un régimen autoritario y proto-totalitario como éste, es el de
terminar apoyándose ya no en la legitimidad de un respaldo popular (errado o
no) como fue en sus inicios, sino en la represión pura y simple. Así, todo
régimen militarista termina por ser un régimen policial.
Es una
vergüenza que algunos voceros oficiales, en las altas cumbres del poder y en
las redes, apelen a la descalificación de la víctima llamándolo golpista, como
pretendiendo justificar con ello el asesinato. Es como si las torturas, desapariciones
y ejecuciones a guerrilleros de los '60 y los '70 pudiesen justificarse porque
andaban alzados en armas contra el régimen democrático de aquellos tiempos. O
como si el alzamiento militar del 4F hubiese justificado tratamiento semejante
a aquellos oficiales golpistas, que fue digno y respetuoso de todos sus
derechos. Por cierto, no me gusta apelar al razonamiento que exponencia el
crimen por ocurrir entre compañeros de armas pues si fuese contra un civil
sería igualmente grave. Pero qué vergüenza con los oficiales a los que
ni siquiera el uniforme de la víctima, el mismo suyo, frena en su crueldad.
Se ha
decidido una investigación y según se informa, ya hay dos detenidos imagino que
de baja jerarquía. Mi experiencia durante los '80 y los '90 como activista y
defensor de los derechos humanos me indica que un procedimiento de este
tipo no ocurre sin la aquiescencia, tolerancia e incluso instrucción de los
superiores al mando. Así que la remoción de todas las autoridades del
DGCIN, al menos mientras las investigaciones concluyen, resulta imperiosa.
Investigaciones
que, además, si queremos que el país y el mundo tengan algún género de
credibilidad en ellas, debería ser adelantada no sólo por el Estado venezolano
sino por una comisión independiente de expertos tutoreada por la Oficina de la
Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El copamiento
y control de todas las instituciones desde el Poder Ejecutivo, hasta hacerse de
un partido/Estado que es lo que tenemos (incluyendo a la F.A.), ha vaciado de
toda confianza al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a los
tribunales, más aún los militares. Así que se pone de bulto la necesidad de esa
comisión independiente que reclamamos.
Deplorable,
penoso, triste que un régimen político nacido al calor de una incontestable
aspiración popular de libertad, democracia participativa, justicia social y
progreso, haya devenido en esta cosa oscura y patética, y que su liderazgo sea
ahora sólo el de una clase burocrática aferrada al poder y dispuesta a lo que
sea para perpetuarse en él. Ojalá vengan tiempos de cambio. Y ojalá que quienes
nos oponemos al régimen no creamos que al horror se debe responder con más
horror pues eso sólo sepultará al país en sangre y violencia. No. Al
odio se responde con amor y al autoritarismo dictatorialista con democracia.
Que esta dolorosa experiencia reciente sirva para que nunca lo olvidemos.
