Las
elecciones del domingo abren serias interrogantes sobre el futuro del país. Los
candidatos que competirán en segunda vuelta representan mucho de lo que se debe
superar.
Para un país
como Guatemala, que necesita y clama por un Estado capaz de generar crecimiento
y oportunidades, doblegar la corrupción, combatir la impunidad, frenar la
violencia, actuar con transparencia, fomentar la confianza ciudadana, hacer que
prevalezca la legalidad, fortalecer las instituciones y renovar sus cuadros
políticos y administrativos anquilosados y deslegitimados, los resultados de
las elecciones celebradas el pasado domingo son, por decir lo menos,
desalentadores e inquietantes.
A la vez, no
son sorprendentes; más bien, eran predecibles. Apenas semanas antes de los
comicios, una turbia resolución de la Corte Constitucional descalificó, e
incluso dispuso perseguir, a la ex fiscala Thelma Aldana, la candidata que
mejor encarnaba los ímpetus, las propuestas, los compromisos y la rectitud requeridos
en Guatemala. Proclamada por el Movimiento Semilla, gran cantidad de ciudadanos
habían comenzado a sumarse a su campaña y se perfilaba como una poderosa
aspirante a competir en la segunda vuelta; hoy, sin embargo, vive como virtual
exiliada en El Salvador. Al ser expulsada de la competencia por decisión
judicial —al igual que Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt—, el
camino quedó despejado para el dominio de candidatos vinculados con los vicios
que urge superar.
Como se
preveía, la ex primera dama Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza
(UNE), quien se presenta como socialdemócrata, quedó a la cabeza del
escrutinio, con el 25,7 % de los votos. La siguió, a buena distancia, Alejandro
Giammattei, del Partido Vamos, autodefinido de centroderecha, con el 13,92 %.
Ambos se enfrentarán el 11 de agosto, y uno de ellos será presidente. Esto
quiere decir que, más allá de quién resulte triunfador, las posibilidades de
que el nuevo gobierno guatemalteco promueva el tipo de cambios necesarios en el
país son sumamente remotas.
Si Torres y
Giammattei lograron encabezar las votaciones, no es tanto por un fuerte
arrastre electoral, al contrario, ambos despiertan rechazos muy profundos, lo
cual hace prever una segunda vuelta marcada por un altísimo abstencionismo. La
razón de su avance, más bien, hay que encontrarla en la enorme dispersión de
candidaturas sin adecuada tracción política y programática, y en las
zancadillas judiciales que dejaron fuera a Aldana y Ríos.
Tanto Torres
como Giammattei manejan insistentes discursos anticorrupción; sin embargo,
ambos enfrentan sólidos cuestionamientos alrededor de sus conductas y se han
manifestado opuestos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (Cicig), instancia de las Naciones Unidas que, junto con la Fiscalía
nacional, más ha trabajado en la investigación de casos delictivos relevantes,
la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del Estado de derecho. Ambos
se han comprometido a combatir la pobreza, pero no han planteado estrategias
para hacerlo, comenzando por ideas claras sobre sus eventuales iniciativas
económicas y fiscales. Y sus políticas en favor de la seguridad ciudadana
oscilan entre la ambigüedad y los simplismos de “mano dura”. De hecho,
Giammattei ha prometido el restablecimiento de la pena de muerte.
Torres tiene
la ventaja de contar con el partido mejor organizado del país, que alcanzó el
mayor número de escaños (44) en un Congreso de 160 diputados divididos en 18
fracciones (algunas unipersonales). Además, tiene experiencia de gobierno, como
primera dama encargada de la política social durante la presidencia de Álvaro
Colom (2008-2012), aunque también fue cuestionada por su manejo. Si gana la
presidencia, su pluralidad legislativa le daría más capacidad de forjar acuerdos,
y su experiencia, mayor fortaleza de gestión. Ambos factores, a su vez,
permitirían que, si se lo propone, pueda enfrentar con vigor y éxito a grupos
inmovilistas en sectores del empresariado y de las Fuerzas Armadas, así como a
la delincuencia organizada.
Sin embargo,
no hay hasta ahora ningún indicio claro de intenciones renovadoras, ni de parte
de Torres ni de Giammattei; cualquiera de los dos puede ganar y ninguno tiene
legitimidad suficiente ante amplios sectores del electorado, en particular los
más jóvenes. Todo esto ensombrece el futuro y, para nuestro pesar, impide ser
optimistas sobre un proceso electoral que, por lo demás, transcurrió con
normalidad.
*Editorial
del diario La Nación de Costa Rica
