Por Fernando Mires / Polis
Dejemos de lado admoniciones de políticos sin política, de
los que intentan perfilarse con críticas a la visita de la comisionada de la
ONU, de los que procuran ocultar omisiones y errores para hacer de Michelle
Bachelet un chivo expiatorio sobre quien descargar frustraciones, e incluso de
los ilusionistas que esperan de la tan anunciada visita un cambio radical en la
vida del país.
Bachelet, importante es precisarlo, va a Venezuela
comisionada por las Naciones Unidas. En ese sentido importa poco su pasado
político y mucho menos su gestión como gobernante de Chile. En la alta
política, sobre todo en la internacional, el cargo hace a la persona y no la persona
al cargo. Máxime cuando Bachelet solo es representante de una comisión
formada por muchas sub-comisiones donde las decisiones no pueden ser tomadas de
modo uni-personal. En fin, Bachelet en Caracas no puede ser ni será Juan Pablo
ll en Varsovia, aunque al llamado de Guaidó las calles se llenen de
manifestantes.
Después que se vaya Bachelet de Venezuela, la visita pasará
lentamente al olvido, oculta por otros avatares que suceden en ese país donde
todos los días pasan tantas cosas y a la vez nunca pasa nada. Lo que no quiere
decir que la visita de Bachelet carezca de importancia. En ningún caso: puede
ser decisiva en muchos aspectos, bajo la condición, claro está, de que logre
articularse con otros hechos y procesos que tienen lugar fuera y dentro de Venezuela.
Escribo estas notas antes de que Michelle Bachelet
desembarque en Maiquetía. No obstante, todos los indicios hacen pensar
en que la visita de la funcionaria internacional cubrirá tres aspectos
fundamentales: el primero será informarse al detalle de la realidad
del país, el segundo escuchar atentamente a las partes y el tercero, explorar
modos internacionales de mediación que ayuden a sacar al país de la crisis
política en la que se encuentra inmerso.
De acuerdo al primer aspecto nadie podrá impedir que el
informe que redactará la comisión sobre la situación de los derechos humanos en
Venezuela sea condenatorio al régimen. Por de pronto, nada ha cambiado desde el
último informe que entregara la comisión en marzo del 2019. Todas las
acusaciones que pesan sobre el régimen de Maduro son conocidas y es imposible
desmentirlas en un lapso tan breve. Violaciones de los derechos humanos,
juicios sumarios, maltrato a los prisioneros políticos, subordinación del poder
judicial al ejecutivo, desconocimiento de la AN, perversión del sistema
electoral, deplorable situación en las escuelas, hospitales y cárceles; y
paremos de contar.
Cabe asimismo esperar que las fracciones principales que
conforman la oposición venezolana utilizarán el nuevo informe Bachelet para
insistir en sus hasta ahora fallidas propuestas. Los ultra- extremistas
-Machado, Ledezma y Arria- volverán a exigir una intervención armada desde el
exterior y el grueso de la oposición que sigue a Guiadó continuará aguardando
que de un modo mágico o bíblico tenga lugar el mítico “cese de la usurpación”. En
fin, nada nuevo bajo el sol. Lo importante es que de un informe abiertamente
condenatorio a su gestión nadie va a salvar a Maduro.
Por cierto, Maduro intentará contrarrestar algunos efectos
negativos del informe. Puede que siguiendo el ejemplo de su amigo Ortega en
Nicaragua libere a algunos presos políticos. Al fin, para negociarlos los
tiene. Así Bachelet no se iría con las manos vacías, la oposición creerá haber
logrado un par de triunfos y Maduro aparecerá ante la luz pública como un
gobernante magnánimo. Nada de eso está asegurado pero tampoco está descartado.
Más problemático, sobre todo para los representantes de la
oposición, será argumentar frente a Bachelet y su delegación. De hecho
la oposición no las tiene todas consigo. Ha cedido, hay que decirlo, muchos
espacios discursivos al enemigo. Podrá señalar que ellos luchan en
contra de un régimen usurpador. Pero los de Maduro dirán a Bachelet que no
puede haber usurpación si sus adversarios se abstienen voluntariamente de
participar en elecciones. Y desde el punto de vista formal tendrán,
lamentablemente, razón. El 20 M, fecha que según la oposición da inicio a la
usurpación del poder, fue producto de una abstención y, siguiendo estrictamente
esa lógica, habiendo abstención no puede haber usurpación. Bien aconsejada
estaría la oposición entonces si afirmara que el origen de la usurpación hay
que situarlo en las elecciones que fueron llevadas a cabo para elegir a la
Asamblea Constituyente conocidas como el “smarticazo” y no el 20-M cuando esa
oposición, sin siquiera haber levantado candidatura previa, decidió no
participar, absteniéndose.
Con toda seguridad Maduro argumentará que su gobierno
enfrenta a una oposición que ha elegido la vía de la fuerza insurreccional.
Peor aún: tendrá dos pruebas innegables en la mano: la fallida introducción de
la ayuda humanitaria del 23 de febrero y, antes que nada, el fracasado golpe
militar del 30 de abril. Ambos actos realizados con el objetivo declarado de
dividir al ejército. Con mayor seguridad -argüirá el autócrata- la obligación
de todo gobierno es defenderse cuando es atacado y el suyo no ha hecho ni más
ni menos que eso. Difícil será para la oposición argumentar en sentido
contrario. Si el gobierno obtiene más puntos que la oposición en esos diálogos
no será por lo tanto responsabilidad de Bachelet ni de la ONU. Al fin y
al cabo no es culpa de ellos que la oposición venezolana haya decidido
enfrentar a un enemigo en los terrenos militares, precisamente donde ese
enemigo es más fuerte, haciendo abandono de los terrenos político-electorales,
precisamente donde la oposición es muy fuerte. ¡Qué distinto hubiera sido
si a la hora de la llegada de los comisionados el pueblo en las calles hubiera
estado manifestando por elecciones libres en Venezuela!
Sobre la base de las informaciones reunidas, la comisión
Bachelet llevará sus impresiones a las Naciones Unidas con el objetivo de que
desde allí sean estudiadas algunas posibilidades para ayudar a Venezuela a
salir de la crisis política. En ese punto, sin embargo, hay que ser
pesimistas. En Venezuela tiene lugar en estos momentos una
confrontación entre dos extremos: En un lado, un gobierno militar (autocracia
y/o dictadura) por naturaleza extremista y anti-político. En el otro, una
oposición política hegemonizada por una conducción que, si bien conserva
todavía cierto poder de convocatoria, se niega a abandonar posiciones extremas
contrarias a su naturaleza política.
La clave para transitar nuevas vías reside por lo tanto en un
reencuentro de la oposición consigo misma, vale decir, en un retorno a su
condición política: constitucional, pacífica, democrática y electoral. Hasta la llegada de Bachelet ese
intento de reencuentro no ha tenido lugar. Solo cabe esperar que los comisionados
internacionales hagan valer su experiencia y otorguen un par de consejos a los
políticos razonables de la oposición. Quizás hay algunos entre ellos. Nunca hay
que perder del todo las esperanzas.
