Con solo un vistazo a las fotografías de satélite de la NASA tomadas la noche
del 7 de marzo, es posible observar la fuente inmediata del apagón nacional que
dejó paralizada a Venezuela durante una semana: dos pequeños incendios,
peligrosos por haberse iniciado muy cerca de algunas líneas esenciales de
transmisión de energía eléctrica.
Si la imagen se abre, es posible observar Caracas, la capital
de Venezuela, sumida en total oscuridad. El lunes 25 de marzo, otro apagón volvió a oscurecer Caracas y otras 16
entidades. El gobierno venezolano ha dicho que los apagones son culpa de múltiples ciberataques, pero por décadas —durante las
presidencias de Nicolás Maduro y su antecesor, Hugo Chávez—, el sistema eléctrico
ha sido desatendido.
Para identificar las causas reales por las que Venezuela
tardó al menos cuatro días de marzo en restablecer el suministro de energía
eléctrica, hace falta una visión más amplia que incluya a Estados Unidos. Sin
duda, Chávez y Maduro son responsables de haber puesto al país en esta
situación. No obstante, las sanciones económicas impuestas por el gobierno
estadounidense han dejado al régimen de Maduro sin la capacidad de resolver la
crisis eléctrica por su cuenta.
Las causas del primer apagón ahora son muy claras. Un informe exhaustivo escrito por el director de la
Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela muestra
que el apagón ocurrió a consecuencia de un incendio iniciado cerca de las tres
líneas de transmisión de energía eléctrica del complejo hidroeléctrico de Guri,
en la región sureste de Venezuela. Ese complejo cuenta con varias represas y
estaciones eléctricas que producen en conjunto un 80 por ciento de la energía
exportada al sistema nacional; por lo tanto, su desconexión puede producir un
apagón nacional.
La falta de poda adecuada de la vegetación pudo haber
aumentado las probabilidades de incendio, aunque este tipo de fenómenos pueden
iniciarse casi en cualquier lugar. También hay que recordar que no se trató del
primer apagón nacional ocurrido en Venezuela. En suma, el problema no radica
tanto en el hecho de que haya ocurrido un apagón, sino en que las autoridades
tardaron más de cuatro días en resolverlo.
Para reanudar el funcionamiento del sistema, es necesario
activar los generadores de la represa y subestaciones ubicadas en lugares
distantes del país. El problema es que solo alrededor de una quinta parte de la
capacidad de generación térmica del país estaba en operación al momento del
apagón, por lo que fue prácticamente imposible cubrir con generación térmica el
faltante de la hidroeléctrica. Al parecer, la falta de una fuente de energía
alternativa y de trabajadores especializados, así como el deterioro del equipo
y algunas deficiencias sencillas en la administración, se conjugaron para
prolongar el apagón.
Sin embargo, las sanciones económicas impuestas por Estados
Unidos también han jugado un rol. En primer lugar, una de las razones por las
que algunas de las plantas eléctricas no estaban en operación es la falta de
combustible para su funcionamiento. Muchas de estas plantas utilizan diésel,
que Venezuela importaba de Estados Unidos antes de que el gobierno de Donald
Trump prohibiera su venta en enero. Así que no es ninguna
sorpresa que muchas de las plantas térmicas del país que emplean diésel hayan
estado inactivas un mes después.
Peor aún, el enorme sector eléctrico de Venezuela depende en
gran medida de partes y servicios obtenidos a través de empresas
internacionales. General Electric (GE) y Siemens fabrican la
mayoría de los generadores eléctricos empleados en la industria petrolera de
Venezuela y gran parte del equipo principal utilizado en las plantas
hidroeléctricas del país. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos
a Venezuela, en agosto de 2017, dejaron al gobierno sin la capacidad de pagarle
a estos proveedores extranjeros.
Por lo tanto, el país se vio imposibilitado de mantener o
remplazar sus generadores eléctricos y comenzó a explotar más las fuentes
hidroeléctricas del país, con el consiguiente aumento del riesgo de sobrecargar
el sistema. La producción petrolera de Venezuela también se fue en picada: la
tasa de disminución en la producción se disparó a más del triple tras las sanciones de 2017. Esta
presión agravó la crisis de efectivo del gobierno.
De cualquier forma, tampoco se puede concluir a la ligera que
las sanciones hayan sido algo más que un factor secundario en las causas de los
cortes masivos de electricidad que sufre Venezuela. Es evidente que la escasa
inversión, la falta de mantenimiento y la crisis económica del país, acentuadas
por la corrupción y los absurdos subsidios a la electricidad, son las
principales causas. En este sentido, Chávez y Maduro sin duda son los principales
responsables del derrumbe del sector eléctrico.
Para tener una conversación significativa sobre el efecto de
las sanciones, es vital distinguir entre las causas del fenómeno y sus
soluciones. Si bien puede decirse que la responsabilidad por los apagones, en
general, recae en Chávez y Maduro, es imposible resolverlos si no se eliminan
las restricciones que le impiden al gobierno contratar a empresas extranjeras y
pagarles para que se encarguen del mantenimiento y las reparaciones del sistema
eléctrico del país. No solo Maduro sino también Juan Guaidó y Donald Trump
controlan las palancas necesarias para resolver la crisis energética actual.
Las sanciones
estadounidenses más recientes a la industria petrolera venezolana les
impiden legalmente a las empresas de Estados Unidos realizar negocios con la
petrolera estatal de Venezuela. Al mismo tiempo, las empresas que no son
estadounidenses están amenazadas
de sanciones secundarias si hacen negocios con el régimen de Maduro.
La mayoría de las cuentas bancarias de Venezuela en Estados Unidos y Europa se
encuentran bloqueadas o bajo control de personas designadas por Guaidó, por lo
que Maduro no puede utilizarlas para pagar los servicios de empresas que
necesitaría contratar para mantener la red eléctrica del país y hacer las
reparaciones necesarias.
Si no se resuelve pronto el estancamiento político del país,
la única opción para evitar que la crisis eléctrica continúe y se agrave será
que las facciones políticas venezolanas rivales convengan en actuar de manera
conjunta para aportar y manejar los recursos necesarios. Un primer paso podría
ser que ambos bandos convengan en designar a una fuerza de trabajo
independiente.
Cualquier propuesta de cooperación entre las facciones
políticas del país será anatema para sus partidarios de línea dura, y es
probable que se descuente por ser, en el mejor de los casos, irrealista. Sin
embargo, incluso en tiempos de guerra, los ejércitos abren paso para proteger a
quienes no participan en el combate y permitir el paso de organizaciones de
ayuda para rescatar a los heridos. A menos que los actores políticos del país logren
ponerse de acuerdo y pongan la vida de los ciudadanos comunes y corrientes por
encima de sus propios objetivos políticos, los venezolanos enfrentarán tiempos
todavía más sombríos.
Tomado de New York Times en español.
*Francisco Rodríguez es economista jefe de Torino Economics y
dirigió la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional.
Jorge Alejandro Rodríguez, ingeniero electricista, es exvicepresidente de
generación y transmisión de energía en la empresa venezolana Cadafe.
