Siete
asesinados y decenas de heridos se han contabilizado hasta el 6 de marzo, como
consecuencia de las arremetidas militares del régimen entre el 22 y 23 de
febrero en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, en el municipio Gran Sabana del
estado Bolívar. De los más de 60 detenidos, ninguno ha sido por los asesinatos
cometidos a manos de funcionarios del Ejército y la Guardia Nacional,
publica Correo del Caroní.
Por Jhoalys
Siverio /Foto Correo del Caroní
El Ministerio
Público designó a cuatro fiscales para investigar estos crímenes: fiscal 91
indígena, 54 con competencia plena, segundo de derechos humanos y sexto de
delitos comunes. Sin embargo, hasta ahora no hay ni un funcionario militar
apresado.
Este
miércoles la Asamblea Nacional debatió sobre los hechos ocurridos al sur de
Bolívar, donde se han contabilizado cuatro pemones asesinados (tres de ellos de
la comunidad Kumarakapay) y otros tres criollos, luego que militares les
dispararan.
“El día 22 de
febrero, los pemones fueron atacados, mataron a una mujer (Zoraida Rodríguez),
hubo 14 heridos, los diputados nos dirigimos al hospital, los heridos fueron
llevados a Boa Vista, en Brasil, porque en el hospital no tenían cómo
atenderlos”, recordó la diputada Gladys Guaipo.
Fueron al
menos 20 lesionados los trasladados hasta Boa Vista y Pacaraima. Entre el 27 de
febrero y el 3 de marzo murieron tres de ellos: Kliver Pérez (27 de febrero),
Rolando García (2 de marzo) y Jorge González (3 de marzo). Los dos primeros
eran pemones de Kumarakapay, víctimas del ataque del Ejército la madrugada del
22 de febrero.
Rolando
García, además, era esposo de Zoraida Rodríguez, la primera víctima de ese día.
Jorge González era oriundo de Upata, municipio Piar, y resultó herido en los
hechos del 23 de febrero en Santa Elena de Uairén, poblado al que había viajado
para comprar un repuesto del carro.
“A los
indígenas no les perdonan que tengan una pancarta que diga presidente Juan
Guaidó en la entrada de la comunidad. No les perdonan su resistencia al saqueo
del oro en sus tierras (…) ellos heredaron la difteria, paludismo, sarampión,
sida, enfermedades que no eran registradas en la Gran Sabana y el pueblo pemón.
Quienes usurpan el poder quieren usurpar las tierras de los pemones para
saquear sus tierras. El alcalde Emilio González es perseguido, tiene orden de
captura, está a punto de ser destituido, están buscando la forma, así como
persiguen a los capitanes indígenas que se han rebelado contra la
narcodictadura”, denunció el diputado Américo De Grazia.
La diputada
Olivia Lozano, quien junto a otros 14 parlamentarios estuvo en Santa Elena de
Uairén, recordó que “esta no es la primera vez que sucede una masacre, ha
habido muchas en el estado Bolívar. En Santa Elena de Uairén, el ministerio de
propaganda del régimen se ha declarado defensor de los indígenas, pero es solo
una pantomima”.
“Quieren
destruir la voluntad del pueblo, los quieren aniquilar. Hoy (6 de marzo) la
frontera sigue cerrada, sigue la persecución, Justo Noguera quiere tomar a la
fuerza ese pueblo, pero jamás tendrán control de la tierra ancestral. Es una
masacre continuada la que se está dando en Santa Elena de Uairén y el sur de
nuestro país, más de 10 días que no reciben alimentos en la zona”, intervino el
diputado Ángel Medina.
Mientras la
frontera con Brasil sigue cerrada, al igual que la vía a la altura del Fuerte
Escamoto en Santa Elena de Uairén, la población se ha mantenido en zozobra por
la militarización del pueblo. Niños que estudian en Pacaraima tampoco han
podido asistir a clases. En territorio brasileño quedan venezolanos varados, a
la espera de poder ingresar a Venezuela.
Tomado de La patilla
