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Los obispos venezolanos alertaron este lunes que “todas las dudas”
enmarcan la jura que hará Nicolás Maduro este venidero 10 de enero,
un nuevo mandato presidencial que la oposición y parte de la
comunidad internacional han señalado que no reconocerán.
“¿Legítima?,
¿ilegítima? La historia, cuando sea el momento a través de los
actores que propiciaron unas elecciones tan dudosas en un marco de ventajismo,
dará su veredicto”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal
Venezolana (CEV), Monseñor José Luis Azuaje, al leer un comunicado
ante periodistas.
Sostuvo,
además, que el Gobierno de Maduro ha causado “un deterioro humano y
social en la población y en las riquezas de la nación”.
Así,
un nuevo mandato de Maduro “se ha hecho ilegítimo y moralmente
inaceptable”, añadió Azuaje al continuar la lectura del escrito, y en
el marco de la Asamblea Ordinaria de la iglesia venezolana.
Venezuela,
el país con las mayores reservas petroleras del mundo, atraviesa una
grave crisis económica expresada en hiperinflación, fallos en los
servicios públicos y escasez de alimentos y medicinas.
“Con
este racimo de deterioro, podemos imaginarnos los sufrimientos que
tendrá que pasar el pueblo en un nuevo período de Gobierno, si no se
ponen las correcciones necesarias que pasa por un cambio integral de
política y de actores políticos”, reiteró Azuaje.
Igualmente
puntualizó que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), cuya nueva
directiva se instaló el sábado, es “el único órgano democrático
vigente”, al tiempo que exhortó a este cuerpo a trabajar “para que se
recomponga el orden democrático desde el ámbito
constitucional”.
Pese a que insistió en dejar claro que el rol de la iglesia no es el
de un actor político, Azuaje fue enfático en pedirles a los
opositores venezolanos “consolidar una unidad política, dejar los
intereses partidistas, los intereses personales para entrar en un
interés social, del pueblo”.
La
Iglesia católica venezolana ha mantenido tensas relaciones con el
Gobierno chavista casi desde su instalación, en 1999, y ha sido
considerada por la Administración de Nicolás Maduro como un agente
político que apuesta a la desestabilización de Venezuela.
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