Por Luis
Fuenmayor Toro *
En
un principio, las políticas de seguridad de nuestras naciones diferenciaban
entre el uso de sus fuerzas armadas y la utilización de sus policías. Las
primeras eran responsables de la defensa del país, de toda la nación, ante
amenazas externas; se trataba de defender la soberanía e independencia nacional
y la integridad territorial frente a las apetencias de otros estados, sin
importar su poderío. Las segundas eran las responsables de garantizar la
seguridad ciudadana al interior del país, la lucha contra la delincuencia y de
mantenernos en paz independientemente de las contradicciones existentes al
interior de toda sociedad. Así funcionó durante décadas, resistiendo el Estado
las presiones estadounidenses, que para nuestros países tienen una política
contraria a la existencia de ejércitos nacionales, por serles favorable a sus planes
eternos de dominación. Es mucho más fácilmente controlable un país sin fuerzas
armadas que uno que las posea.
De hecho, en total concordancia con lo señalado, nuestra
Constitución establece en su artículo 332, que “los órganos de seguridad
ciudadana son de carácter civil”. Llama mucho la atención, que sea precisamente
un gobierno que se declara popular y revolucionario, además de
antiimperialista, el que lleve a la práctica una política de seguridad basada
en las tesis imperiales del enemigo interno y externo. Es también absurdo, que
sea ese mismo gobierno quien refuerce una lógica belicista y profundice la
criminalización de distintos sectores sociales, principalmente de los menos
afortunados, para justificar el uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de
sus funcionarios policiales y militares, tal y como lo demuestran las numerosas
razias habidas a lo largo de los últimos años en barrios pobres, pueblos y
ciudades, con el trágico saldo de presuntos delincuentes muertos, heridos y
detenidos; la reciente de Fuerte Tiuna es una clara demostración de lo que se
afirma.
En un discurso de Padrino López en 2016 se ve claramente su
doctrina asesina: “A la violencia y el terrorismo se le debe golpear antes de
que actúen (..)”, habla casi cínicamente de un carácter preventivo de la lucha,
que se basa en eliminar a los sospechosos de delincuencia y terrorismo, señala
que hay que darles golpes antes de que actúen, para así “neutralizarlos,
desconfigurarlos, desarmarlos, desarticularlos, abatirlos”
(negritas mías). Para Padrino la prevención reside en matar a quienes el
Gobierno piense sean delincuentes y terroristas, dentro de los cuales podrían
estar perfectamente ubicados quienes adversan al Gobierno políticamente. La
forma en que fue asesinado Oscar Pérez en El Junquito obedece a esta concepción
fascista de la seguridad nacional. Se trata de consolidar el Estado policial y
militar y colocar sus intereses por encima de los derechos ciudadanos.
La militarización de la seguridad ciudadana está
amparada en la doctrina de seguridad nacional de EEUU, que ha determinado como
función principal de los ejércitos de América Latina la responsabilidad de la
seguridad interna de sus países, dejando la seguridad exterior en sus manos. El
actual régimen recurre al uso excesivo de la represión por parte de la Fuerza
Armada Nacional y de las fuerzas policiales que actúan a sus órdenes, para
consolidar un escenario autoritario que, en nombre del pueblo, soporta el poder
en manos de una claque militar-civil por encima de los intereses nacionales.
Las garantías ciudadanas dejan de existir, pues la lucha contra el “enemigo
interno” termina siendo la lucha contra el propio ciudadano. Las fuerzas
armadas se transforman en un ejército de ocupación, cuyas acciones son
similares a las de fuerzas militares invasoras, empeñadas en mantener sumisos a
los habitantes del país ocupado.
Lo más grave es que quienes adversan radicalmente a Maduro
son partidarios de la misma tesis. Aplicarían desde el poder lo que hoy
condenan. Sus opiniones y declaraciones no dejan lugar a dudas.
*@LFuenmayorToro
