NDP / La presidenta de la Comisión Permanente de Política
Interior, Delsa Solórzano aseguró que la Asamblea Nacional ha contribuido con
el informe que la Organización de Estados Americanos (OEA) entregó a la
Comisión Penal Internacional (CPI) donde está evidenciado el abuso ejecutado
por 11 funcionarios involucrados, entre ellos Nicolás Maduro y 131 asesinatos
comprobados entre 2014 y 2017. De la misma manera recordó que no existen
privilegios a la hora de enjuiciamiento, según el artículo 27 del Estatuto de
Roma, señala que no existen privilegios ni inmunidades al igual que el 29,
ordena que los delitos no prescriban.
Solórzano indicó que en el documento presentado por el
Secretario General de la OEA, Luis Almagro, están reflejadas las 8292
ejecuciones judiciales, "incluyendo la de Oscar Pérez en enero de 2018, 12
mil detenciones, 1300 presos políticos desde 2013 y "en este momento aún
se mantinen privados de libertad 417, todo esto se ha hecho de forma
sistemática y generalizada".
Es por ello que dando cumplimiento al artículo 54 del
Estatuto de Roma, no se le puede prohibir la entrada a Venezuela a la
Fiscal Fatou Bensouda, quien debe investigar las acusaciones
presentadas y sustentadas, "esperamos que pronto la justicia internacional
proceda contra los que han causado daños a la nación".
La diputada Delsa Solórzano recordó que los delitos ordenados
por el Ejecutivo no sólo se han basado en presos políticos y persecución,
"también está su protagonismo en la crisis humanitaria que enfrenta
Venezuela y que autoridades venezolanas han incurrido al negar la situación y
posibles soluciones para combatir la problemática".
