Por Eduar Yépez
Más allá de recuperar la patria o
luchar contra el imperio, debemos centrar nuestra atención en el drama social
que aqueja a la mayoría de los venezolanos, esto es, el bajo poder adquisitivo
que impide satisfacer algo tan básico como la alimentación o la salud,
situación que no puede esperar por una nueva Constitución o por el relevo del
poder vía elecciones en “el segundo semestre de 2018”.
¿Bajo qué condiciones puede ejercer
sus derechos civiles y políticos un ciudadano sumergido en la pobreza y
desnutrición? No es posible el ejercicio pleno de la democracia si la pobreza
se ha estructurado en la sociedad.
Hay una liberación de precios dentro
de un ajuste económico en marcha, incremento de precios obligado por controles
que represaron precios de productos y servicios, costos afectados por sucesivas
devaluaciones y que el estado hoy acepta para que productores de alimentos y
prestadores de servicio produzcan y contribuyan a disminuir la escasez, pero,
que hoy pagamos todos con una pérdida brutal del poder adquisitivo.
Ahora bien, esta mejora en la
producción y rentabilidad de las empresas, fruto de la adecuación de sus
precios de venta, no se traduce en mejores ingresos para el trabajador o más
empleos, y los ingresos que por los impuestos que se derivan de una mayor
facturación o por mejoras en el precio del petróleo, no se ven reflejados en
mejoras en el ingreso de funcionarios públicos, trabajadores de empresas
estatales o de institutos autónomos.
Urge “desbonificar” el salario o
“salarizar” el ingreso, hoy la seguridad social del trabajador pende de un
hilo, un despido o jubilación implica desperdiciar años de servicio, el cálculo
no incluye lo que hoy se percibe como “Cestaticket Socialista”, bono que
tampoco incide en utilidades a fin de año, vacaciones y horas extras entre
otros.
La Constitución es clara en los
derechos, pero, esto hoy no se cumple:
.Artículo 91. Todo trabajador
tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y
cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e
intelectuales.
El Estado
garantizará a los trabajadores del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada
año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La
ley establecerá la forma y el procedimiento.
Artículo 92. Todos los
trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la
antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía.
Así mismo, Ley del Cestaticket Socialista para los
Trabajadores y Trabajadoras también:
Artículo 2°. A los efectos
del cumplimiento de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, las
entidades de trabajo del sector público y del sector privado, otorgarán a los
trabajadores el beneficio de una comida
balanceada durante la jornada de trabajo, denominado a los efectos de esta
Ley “Cestaticket Socialista”, por lo que incluir esto como un “salario
integral” es una estafa.
La solución tampoco es más aumentos
compulsivos del salario mínimo, ampliar bonos o más controles, la realidad
indica que no es la vía, urge concertar acuerdos entre patronos, trabajadores y
el estado, refrendados en la AN.
Se requiere
hacer un inventario laboral de la administración pública: contratos colectivos
vencidos, ratificar nombramientos pendientes, ajuste de escalafón,
incorporación a nóminas de tercerizados, todo ello con el fin de mejorar la
condición de nuestros funcionarios. Lo anterior es necesario para gestionar los
recursos necesarios para el cumplimento de las obligaciones del estado como patrono,
aquí es necesaria la participación y aprobación por parte de la AN de créditos
adicionales.
A la empresa privada se le debe
garantizar su viabilidad y las divisas para materia prima y repuestos, ya sea
con financiamiento de organismos multilaterales o reconducción de la deuda, dar
la debida seguridad a sus inversiones, urge un acuerdo entre AN y Ejecutivo que
dé seguridad jurídica a las empresas, pero igualmente, se debe suspender la
asignación de divisas para la importación de bienes terminados que pueden y son
producidos en el país, divisas necesarias para generar y mantener los empleos
nacionales, este compromiso obliga acompañar al trabajador en sus
reivindicaciones, todos los acuerdos en cuanto a la garantía de funcionamiento
de las empresas y flexibilización en la contratación debe estar precedido de
acuerdos en las mejoras en el ingreso del trabajador.
Como en todo programa de ajuste, se
requieren medidas para proteger la población más vulnerable, subsidios como el
CLAP o misiones son necesarios para sobrellevar el desempleo, el subempleo y el
bajo poder adquisitivo hasta lograr la recuperación del empleo e ingresos, pero
estos deben ser aplicados sin partidizarlos, incorporando los Consejos
Comunales en la asignación y verificación de los subsidios, deben ser auditables, con un presupuesto
aprobado y controlado por la AN, que lejos de “institucionalizar” subsidios en
la Constitución, su carácter temporal
propenda a la independencia de los beneficiados de la asistencia del
estado, que cada subsidio implique un compromiso de formación para el trabajo o
un empleo.
El desempleo,
la paralización de empresas y el hambre son una realidad, para la industria
nacional el mercado venezolano es prioritario, pero eso requiere un venezolano
con poder adquisitivo suficiente, que más allá de sólo alimentarse pueda
acceder a productos y servicios que mejoren su calidad de vida, el crecimiento
del país pasa por mejorar el poder adquisitivo de todos.
