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19 diciembre, 2017

Odebrecht respalda argumentos con los que Kuczynski explica las consultorías: Los contratos son legales


La constructora brasileña Odebrecht defendió la legalidad de los contratos suscritos con la consultora Westfield Capital, cuyo propietario es el actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y que han generado una crisis política al pedir la oposición en el Congreso la destitución del gobernante.
Los contratos fueron abonados por Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando Kuczynski era ministro en el Gobierno del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), por un monto de unos USD 782.000. Kuczynski hasta ahora lo había negado en repetidas ocasiones, pero fue hasta esta semana, cuando se conocieron los pagos, que admitió haber prestado el servicio.

Así, Odebrecht respalda las explicaciones dadas por Kuczynski en un mensaje a la nación difundido el pasado jueves, cuando el mandatario aseguró que mientras era ministro su consultora estaba a cargo del empresario chileno Gerardo Sepúlveda. La empresa sostuvo que los contratos no fueron remitidos a las Fiscalías de Perú y Brasil, pues el acuerdo de colaboración con estas autoridades se ciñe solo a actos ilícitos.
El Congreso peruano debatirá su destitución por "incapacidad moral permanente", una figura contemplada en la Constitución y permite inhabilitar al Jefe de Estado por hechos extraordinarios que no necesariamente incurren en delitos, como sucedió en el 2000, cuando el ex presidente Alberto Fujimori renunció por fax desde Japón.
La posibilidad de que el Congreso apruebe la destitución es muy alta, pues el pedido fue admitido a trámite con 93 votos a favor, cuando bastan 86 para sacar a Kuczynski el jueves. Si la destitución se concreta, en principio la Presidencia debería ser asumida por el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien actualmente es embajador de Perú en Canadá.

Kuczynski se convertiría en el primer presidente latinoamericano en perder su cargo por el caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción desatado en la región por los sobornos entregados por esa empresa para ganar millonarios contratos en obras públicas, además de financiar campañas electorales.