Por F. Mata
El concejal apureño, Carlos Andrés García,
fue detenido por los cuerpos de
seguridad del Estado portando (¿sembrándole?)
una alta suma de dinero en efectivo. Estando detenido le
dio un accidente cerebro vascular (ACV) que, según su partido, Voluntad
Popular, no recibió la debida atención médica; solo fue trasladado a un centro
de salud cuando ya no había posibilidades de hacer nada para salvarle la vida. El
gobierno, siempre según la versión de VP, lo dejó preso aún con el cuadro
complicado de salud que padecía. Apenas
hace dos días le dieron casa por cárcel y la orden del juez no fue acatada por
los cuerpos de seguridad. Los venezolanos merecemos una explicación del
gobierno ya. Sin embargo, como en Venezuela no hay Estado de Derecho, no parece
fácil una investigación imparcial y a fondo sobre la muerte de García. Algún día
se hará. Una cosa así no puede pasar por debajo de la mesa. Mientras, dada la sumisión
del Poder Judicial patrio, sobre los altos cargos del gobierno de Maduro recae
la responsabilidad política de esta muerte, sin duda.
