Es hija del líder sindical Pedro Huilca, asesinado en 1992
por el brazo paramilitar de Fujimori. Integra Nuevo Perú, una fuerza de
izquierda, y desde su banca se ha convertido en una de las principales
defensoras de los derechos humanos, laborales y de sectores relegados de la
sociedad, como las mujeres y las minorías sexuales.
Por Patricio Porta / Tomado de Página 12 – Argentina
Podría haber sido anecdótico. La juramentación de otro
congresista más ese 22 de julio de 2016. Sin embargo, el instante pasó a la
historia. Con 27 años, decidida, Indira Huilca juró por la memoria de su padre
y por la de todos los muertos del gobierno de Alberto Fujimori. Las cámaras
registraron esos pocos segundos. Ahí estaba de pie la hija de la víctima para
sostenerle la mirada a Kenji Fujimori, el hijo del victimario. Por una cuestión
reglamentaria, el menor del clan familiar debía tomarles la palabra a los
legisladores. La numerosa bancada fujimorista intentó socorrerlo con una lluvia
de abucheos dirigida a la joven parlamentaria.
–Usted prestó juramento ante el hijo de Alberto Fujimori,
responsable de la muerte de su padre. ¿Qué sintió ese día?
–Fue un momento muy especial para mí y también para mis
compañeros, porque iniciábamos el mandato que nos dio el pueblo, una
representación de izquierda en el Parlamento después de muchísimos años. Uno de
los mensajes que más aglutinó a quienes apostamos por el cambio durante el
proceso electoral fue no olvidar lo que sucedió en el gobierno de Fujimori.
Sobre todo no olvidar a las víctimas del fujimorismo. Queríamos darle un
mensaje claro a la mayoría parlamentaria fujimorista de que nosotros íbamos a
estar ahí para resguardar no solamente esa memoria sino para respaldar las
luchas de quienes están buscando justicia en el país.
–¿No tiene sentimientos encontrados al entrar a un Congreso
dominado por una bancada numerosa que sigue reivindicando a Alberto Fujimori?
–Efectivamente uno sí puede sentir una sensación
contradictoria, porque ha sido una mayoría ciudadana la que votó por el
fujimorismo. No una mayoría que necesariamente esté reflejada en la proporción
que ellos tienen en el Congreso, porque eso se debe más a un asunto de cómo
está establecida la norma en el país y con la valla electoral que los partidos
tienen que pasar. Pero aun considerando eso, hay que reconocer que es un grupo
que tuvo una votación importante. Tenemos que hacer un trabajo muy profundo
para que esos sectores que encontraron en el fujimorismo una alternativa
empiecen a encontrarla también en otros espacios políticos. Parte de ese
trabajo es el que justamente nosotros emprendimos. El que se haya podido
recuperar a un sector de la población que abiertamente respaldó un proyecto de
cambio, que nosotros planteamos con un conjunto de ejes programáticos que otros
sectores políticos habían abandonado. Nos parece importante decirlo en medio de
esa contradicción que genera el saber que hay una mayoría que apostó por el
fujimorismo.
–Antes de la segunda vuelta, Pedro Pablo Kuczynski se
comprometió con los familiares y víctimas de las violaciones a los derechos
humanos a respetar las sentencias dadas a los responsables que cometieron
delitos de lesa humanidad. Pero en las últimas semanas insinuó la posibilidad
de indultar a Fujimori. ¿Cómo evalúa este cambio de postura?
–Esta posibilidad es parte de un proceso de negociación que
intenta el gobierno ante la debilidad que ha mostrado en este primer año. No
solo estuvo el compromiso con las víctimas de la dictadura de no indultar a
Fujimori. Con los maestros que ahora están en huelga pidiendo un aumento que se
había prometido para el primer año. Con los gobiernos regionales que pedían
mayor impulso al proceso de descentralización. No se ha podido avanzar en esos
compromisos por la poca voluntad del gobierno pero también porque ha sido un
año en el que se ha sentido la fuerza del fujimorismo dentro del Congreso, con
el ánimo explícito de bloquear cualquier iniciativa. Esa posibilidad de
indultar a Fujimori que el presidente ha dejado abierta pasa más por un asunto
de negociación política, por intentar sobrevivir en este gobierno que no ha
generado ningún tipo de respaldo a nivel social, frente a un fujimorismo que
controla el Congreso y busca golpear a quien todavía considera su adversario, a
quien le arrebató la posibilidad de llegar a la presidencia. Eso es lo que hay
que considerar cuando se habla del posible indulto. No es solo una señal de
traición, sino una señal de que la lectura política que hizo el gobierno no le
ha permitido tener un respaldo y lo ha dejado en manos del fujimorismo.
–Igualmente Kuczynski evita la palabra indulto. Habla de
“perdón médico”.
–Es un eufemismo. No existe la figura legal de un perdón
médico. Lo que expresa tras esa idea es que quiere perdonar a Fujimori. Y lo
que está encontrando como límite a esa voluntad es la ley, que es muy clara. No
está permitido dar la posibilidad de indulto a quienes han sido sentenciados
por determinados delitos, como aquellos bajo los cuales ha sido condenado
Fujimori. Delitos de lesa humanidad, secuestro, tortura, asesinato. No hay
posibilidad de indultarlo bajo la potestad que tiene el presidente para
indultar a otras personas en otras circunstancias. Quiere jugar con esta idea
de que tras la evaluación médica podría salir de la prisión. Sin embargo, no se
trata de una decisión del presidente. En el caso de que correspondiese un
indulto humanitario, que es la única figura a la que Fujimori podría apelar, se
abriría esa posibilidad. Eso no pasa por la discusión política, sino por una
evaluación a nivel judicial de una junta médica.
–¿Qué significaría la potencial liberación de Fujimori para
la sociedad peruana?
–Es un tema sobre el cual la justicia se pronunció, generando
una sentencia histórica, y probablemente sea ese el impacto que tenga al nivel
de la sociedad. El asunto es si realmente estamos dispuestos a garantizar que
quienes han tenido mucho poder en nuestro país y han cometido delitos durante
su mandato sean sentenciados por la justicia o queden en la impunidad.
–En seis meses de gobierno, el presidente Kuczynski se reunió
dos veces con Keiko Fujimori. ¿Lo que está en juego es solo el indulto o hay
más cosas en común entre ambos?
–Tienen varias cosas en común. Comparten un programa
económico, algo que no ha cambiado en el país, con consecuencias graves para el
manejo del gobierno. Esta disposición que ha tenido el presidente con la señora
Fujimori se debe a que es un gobierno plagado de funcionarios que provienen del
sector privado, de grandes consorcios empresariales, que no han tenido una
brújula clara para orientar el gobierno en el primer año. Es un gobierno con
una bancada muy reducida en el Congreso, sin referentes aparte del propio
presidente. No tiene una base social con la cual gobernar y piensa que la única
manera de llevar la fiesta en paz es con el fujimorismo. Eso en el plano de un
juego de poder, en una instancia aislada de lo que la gente está esperando. En
otro nivel hay una coincidencia total, como en la conducción económica o en las
políticas sociales. Si hubiera una diferenciación del gobierno con el
fujimorismo en otros aspectos probablemente el país mismo lo notaría. Pero no
se está dando.
–El gobierno de Kuczynski parece estancado. El modelo
económico es el mismo que implementó Fujimori en los 90. ¿Cree que las
políticas neoliberales fracasaron?
–El modelo económico de Fujimori ha fracasado
estrepitosamente. Además es un modelo que ha tenido una continuidad que no se
vio alterada por nadie. Ninguno de los gobiernos que lo sucedió se arriesgó a
alterar alguna de sus normas mínimas. Ya pasamos este ciclo de altos precios de
los minerales y no hubo voluntad política de desarrollar otro tipo de
actividades que permitieran fortalecer la economía. Hemos dependido en los
últimos diez años del precio de los minerales y sobre esa ilusión se montó una
expectativa de que el modelo económico, de modo automático, iba a generar
mejores condiciones de vida para la gente. Pero estamos viendo que no es así.
La situación es muy crítica. Tenemos una huelga de maestros en Cuzco y una
huelga médica que expresa no solo el descontento de ese sector a nivel reivindicativo,
sino la grave situación para garantizar atención mínima de salud a la mayoría
de la población. Son sectores que se han visto perjudicados por este modelo
económico. Perú es un país donde es mucho más fácil para las empresas evadir
impuestos. No hemos iniciado ningún tipo de reforma para que la presión
tributaria nos permita tener ingresos para invertir en políticas públicas. Esos
elementos nos dicen que el modelo está agotado. No se trata únicamente de la
lógica económica sino de quiénes determinan por dónde tiene que ir la política
económica.
–El fujimorismo quedó a las puertas de la presidencia en las
dos últimas elecciones. Ante el prematuro desgaste de Kuczynski, ¿crecen las
posibilidades de Keiko Fujimori de llegar al poder en 2021?
–Creo que el proyecto fujimorista también está demostrando su
agotamiento. El fujimorismo se constituyó como fuerza política sobre la base de
la inocencia de Alberto Fujimori de todos los delitos y crímenes que se le
imputaron cuando dejó el poder. En ese mismo momento se formó el primer partido
fujimorista y Keiko Fujimori postuló al Congreso. Pudo ingresar por ese
recuerdo que tiene la gente de lo que significó el gobierno de su padre. Un
gobierno clientelar que supo usar los enormes recursos que teníamos en ese
momento, producto de haber asumido todas esas políticas neoliberales, para
tener contenta a la ciudadanía a través de dádivas y prebendas. Pero el
fujimorismo no tiene ahora otra carta bajo la manga para mostrar en términos de
un proyecto político. El elemento del perdón por los crímenes de Fujimori ya no
es algo que garantice la unidad de su propia bancada. Hemos visto en las
últimas semanas discrepancias dentro del propio espacio fujimorista entre
quienes se asumirían más fielmente como herederos del gobierno de Fujimori y
claman abiertamente por su libertad y quienes estarían tratando de que ese no
sea un tema que salga a la luz. Si el fujimorismo no plantea qué puede hacer
para conducir el Congreso de forma que le satisfaga a las mayorías, esta idea
de apelar solo a la figura de Alberto Fujimori no va a ser suficiente.
–El Frente Amplio, de la mano de Verónika Mendoza, logró en
2016 la mejor elección para la izquierda peruana en décadas. ¿Considera que
este espacio puede pasar de tener un rol fiscalizador en el Congreso a
convertirse en una alternativa real de gobierno?
–Debemos asumir las limitaciones que aún tenemos para
fortalecer un proyecto político de izquierda, de transformación. Hemos tenido
nuestras dificultades para conciliar miradas desde lo organizativo. Sin embargo
creo que el último proceso electoral permitió consolidar una visión de país que
queremos sin usar eufemismos. Es un avance. Que la gente se sienta
identificada. No solamente hablamos de transformaciones en lo económico, sino también
en lo social, en lo cultural. Sobre ese avance hay que seguir empujando para
ser los representantes de quienes no se sienten identificados con esas disputas
que se han venido dando entre el gobierno y el fujimorismo, porque son disputas
que se dan casi en las alturas, que no tienen un correlato real en lo que a la
gente le preocupa. No han parado las movilizaciones en las diferentes regiones
del país de sectores organizados de la sociedad que ven cómo la debilidad del
estado, que se ha venido forjando por estas políticas neoliberales, produce una
mayor sensación de informalidad. Si algo nos ha dejado el último proceso
electoral es que hay una expectativa muy grande para que una alternativa de
cambio se consolide.
–El movimiento al que usted pertenece, Nuevo Perú, rompió
recientemente con el Frente Amplio. ¿Esta situación no debilita a la izquierda?
–Soy de las que creen que una ruptura no es algo positivo ni
algo sobre lo cual no convenga hacer una evaluación para sacar lecciones.
Aunque tampoco creo que en el contexto actual la izquierda haya terminado de
ensayar la ruta para lograr la unión de los sectores populares y progresistas.
Más bien pienso que en el último proceso electoral hemos intentado una de las
rutas, que fue la constitución de un frente al cual todavía le faltaban fuerzas
a nivel organizativo lo suficientemente sólidas para poder convocar de manera
más amplia a otros sectores. Ahora debemos abocarnos a ese trabajo,
reconociendo que quienes en este momento han dejado de ser nuestros compañeros
de organización no son enemigos ni personas con las que no vayamos a coincidir.
–La situación política no es buena para la izquierda y el
progresismo en la región. Siendo una mujer de ese espacio, ¿qué lectura hace
del momento?
–Creo que se ha agotado un tipo de proyecto político ligado a
estos progresismos que llegaron al gobierno y tuvieron una vocación muy fuerte
por fortalecer cierto tipo de actividad económica. Ahora está en
discusión cómo recreamos ese proyecto y cómo lo fortalecemos, porque se ha
visto golpeado y en algunos casos se sienten retrocesos muy fuertes. Es tiempo
de mirar qué cosa no se ha hecho bien, incluso lo que la responsabilidad a
nivel gubernamental ha implicado en el abandono de algunas banderas que se
consideran importantes. Cómo garantizamos, por ejemplo, la discusión que
se le ha exigido en estos años a la izquierda sobre la democracia, para darla
en nuestros propios términos. Hay que dejar de lado algunas ideas que dábamos
por sentadas y ensayar otras lecturas.
–Llama la atención las acusaciones a ex presidentes como Lula
y Ollanta Humala, sobre todo cuando personajes como Michel Temer, Alan García y
el propio Kuczynski, seriamente sospechados de haber cometido delitos, parecen
escapar del radar de la Justicia. ¿Piensa que hay un doble estándar para
investigar a ciertas figuras, sobre todo si están ligadas a proyectos de
izquierda o más progresistas?
–Es evidente que siempre va a haber un doble rasero para
evaluar a la izquierda. Pero también soy consciente de que nos enfrentamos al
poder establecido, a quienes controlan los medios de comunicación. No es casual
que durante los procesos electorales se abra un abanico de ataques. Hay un
conjunto de actores que se pone muy nervioso cuando existe una posibilidad de
que no sea solo gente de izquierda o que consideren adversarios los que pueden
ser investigados por casos de corrupción, sino gente de su entorno. Sé
que eso es lo que despiertan los proyectos de cambio, la posibilidad de alterar
el escenario y la forma en que se configura el poder. El caso Odebrecht en
nuestro país presenta características distintas en la manera en que se han
manejado estas situaciones de coimas y de involucramiento de altos
funcionarios. Pero no es algo nuevo. Acá la corrupción la tuvimos como todo un
aparato que hizo que el Estado se transformara en los ‘90 en una gran máquina
para corromper. No llegamos a superar esa etapa, entonces cuando se intenta
colocar a la izquierda en los debates como si fuera la única fuerza
antidemocrática o la única fuerza corrupta es claro que lo que se intenta es
silenciar cualquier proyecto político de transformación. Para revertir esta
campaña, para que no se establezca como un sentido común, vamos a requerir de
un trabajo fuerte a nivel de organización en la sociedad. El tejido social fue
destruido por completo en décadas anteriores. Hoy nos toca repararlo y tratar
de que la democracia tenga sentido para la mayoría de los ciudadanos.
–Las fuerzas conservadoras son muy fuertes en Perú. ¿Cómo es
batallar a favor de la legalización del aborto y del matrimonio igualitario?
–Es duro. Siempre ha habido una presencia muy fuerte de
sectores conservadores en la Iglesia Católica, pero han tenido dificultad para
hacer que ese discurso anti derechos se transmitiera de forma directa a sus
feligreses. Es algo que sí han logrado las iglesias evangélicas, que han
comenzado a movilizarse y a penetrar en grupos de la ciudadanía mucho más
transversales y populares. Nos preocupa que esas formas tergiversadas de
entender las políticas públicas empiecen a tener eco en el Estado. Estamos
frente a un retroceso. Por la fuerza que tuvo en su momento el movimiento de
mujeres en el Perú hemos logrado dar pasos hacia adelante en el reconocimiento
formal de un conjunto de derechos, en medio de una pelea muy fuerte contra el
estado. Ahora estamos ante la posibilidad de que el estado retroceda incluso en
el reconocimiento de cosas básicas como que en el currículo de educación se
pueda hablar de igualdad de género, o que la palabra género sea debatible, un
absurdo total. Que la responsabilidad del estado sea garantizar políticas de
igualdad de género no debería estar siquiera en discusión. Esos sectores
conservadores se alimentan de espacios políticos como el fujimorismo para
impedir que las mujeres o las personas LGBT puedan gozar plenamente de sus
derechos.
