Luis Ugalde
Mensaje
claro y valiente de espiritualidad encarnada. Nuestros obispos vuelven a
decir que esta realidad es inaceptable y graves las recientes
decisiones inmorales del Ejecutivo y el Poder Judicial, combinados para
eliminar la Asamblea Nacional. Se ha puesto en evidencia que vivimos en
un Estado con Constitución democrática pero secuestrado y violado por un
Gobierno dictatorial. La anulación de la Asamblea no se produjo el
30-3-17con las decisiones 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ,
pues desde el día mismo (6-D) del triunfo arrollador de la oposición, el
régimen buscó anularla: eliminaron sin nuevas elecciones a los
diputados del Amazonas, cancelaron el referéndum revocatorio,
suprimieron las elecciones de gobernadores de 2016, anularon toda
legislación de la Asamblea con cincuenta decisiones del TSJ, aumentaron
los perseguidos, exiliados y presos políticos y el anticonstitucional
empeño de mantener el “Plan de la Patria” con su economía destructiva y
sembradora de miseria, inflación y escasez. Todo ya era dictadura antes
del 30 de marzo, pero ahora el Ejecutivo nos ha hecho el gran favor de
ponerlo más en evidencia nacional e internacional.
La
fiscal rápida y claramente denunció la ruptura del orden
constitucional. Las reacciones de gobiernos, ex presidentes, organismos
internacionales como Mercosur y OEA, asustaron al gobierno y este quiso
esconder el rostro dictatorial ordenando a la sumisa TSJ maquillar con
“aclaratorias”, para Maduro decir que se había “superado el impasse”.
Afortunadamente
la Asamblea Nacional, con la valiente y acertada conducción de su
presidente Julio Borges y el conjunto de dirigentes, no cayó en la
trampa y la OEA tampoco: mientras no se restituyan plenamente los
poderes constitucionales de la AN, hay dictadura. El país y el mundo
ahora están más claros: la democracia ha sido violada con un golpe
mortal contra la soberanía del pueblo cuyos votos han sido quemados en
la hoguera de los usurpadores… Este grave delito tiene delincuentes que
deben ser sancionados “y los funcionarios y funcionarias públicas que lo
ordenan o ejecutan incurren en responsabilidad penal” (Const. Art. 25)
¿Qué espera el Defensor del Pueblo para cumplir con sus deberes
constitucionales (Const. art. 281)? No hacerlo es complicidad con el
golpe y una burla seguir diciendo que este es un régimen de soberanía
popular cuando el régimen, con sus desacertadas y empecinadas políticas,
le ha quitado al pueblo la comida, las medicinas vitales, las
libertades, la seguridad y la Constitución…
La
Presidencia de la Conferencia Episcopal el mismo día 31dio a conocer su
rotundo rechazo de este atropello dictatorial señalando que este poder
trata de perpetuarse manipulando al pueblo y “olvidando que las
necesidades reales de la gente reclaman otra visión de poder” (n.3) La
autoridad es para servir al pueblo y no para oprimirlo. Los obispos
rechazan estas decisiones “que desconocen e inhabilitan al órgano
público (AN) que representa la soberanía popular”. “Desconocer la
existencia del otro y sus derechos, sencillamente es destruir toda
posibilidad de convivencia democrática y plural” (n. 5) y burlarse de
todo diálogo.
No
estamos ante una disputa de poderes y una diferencia interpretativa de
juristas, sino ante un golpe que despoja al pueblo de su soberanía. Por
eso los obispos recalcan que el golpe es contra la gente y afecta más
gravemente a los más necesitados: “Más allá de las consideraciones
jurídicas y constitucionales, la eliminación de la Asamblea Nacional,
suplantándola por una representación de los poderes judicial y
ejecutivo, es un desconocimiento absoluto de que la soberanía reside en
el pueblo y de que a elle toca, en todo caso, dar su veredicto. Una
nación sin parlamento es como un cuerpo sin alma.
Está
muerto y desaparece toda posibilidad de opinión divergente o contraria a
quienes están en el poder. Se abre la puerta a la arbitrariedad, la
corrupción y la persecución, un despeñadero hacia la dictadura siendo,
como siempre, los más débiles y pobres de la sociedad los más
perjudicados. Por estas razones, repetimos, esta distorsión es
moralmente inaceptable” (n.4). La “democracia participativa y
protagónica” está muerta y si el Poder Moral si calla será cómplice
inmoral. Afortunadamente la AN enfrenta el golpe, así como los
dirigentes políticos democráticos, las asociaciones y las mil formas de
la sociedad civil, las universidades, las academias, los países… ¿Dónde
está la Fuerza Armada democrática? Es un deber de conciencia rechazar
el golpe y la Constitución llama al pueblo de Venezuela a desconocer
cualquier decisión que la viole (art. 350). Los obispos hacen un
“urgente llamado a tomar conciencia y a actuar de manera pacífica pero
contundente ante la arremetida del poder. No se puede permanecer
pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que defender nuestros
derechos y los derechos de los demás. Es hora de preguntarse muy seria y
responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la
desobediencia civil, las manifestaciones pacificas, los justos reclamos a
los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas
cívicas.”(n.6) Nos invitan a vivir los actos religiosos de la Semana
Santa, conmemoración de la pasión y resurrección de Cristo, “con un
contenido social que nos ayude a mantener la esperanza, la alegría y la
solidaridad…”
Fuente: El Nacional
