Por Cambio16
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, usó su control del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para disolver efectivamente el Parlamento controlado por la oposición, sin duda un movimiento provocativo que promete aislar aún más al país productor de petróleo de la democracia y del Estado de Derecho. Los líderes de la oposición venezolana, organismos multilaterales como la OEA y la comunidad internacional, entre los que destacan EEUU y la UE, están denunciando la medida como un auto-golpe y exigen elecciones presidenciales de forma urgente. Algunos llaman a los venezolanos a tomar las calles.
La Sala Constitucional de la máxima corte venezolana anunció el miércoles que asume inmediatamente todos los poderes constitucionales del Parlamento, argumentando que la legislatura actual ha cometido múltiples “omisiones constitucionales” que anulan todos los actos, resoluciones y leyes aprobadas por el cuerpo desde enero de 2016. Pero hay algo que llama la atención: la disolución de facto del Parlamento no llegó sola, sino enmarcada en una larga decisión que también otorga poderes ejecutivos ilimitados a Maduro, especialmente en lo que a lo económico se refiere.
La economía venezolana, que depende casi exclusivamente de las exportaciones de petróleo, se ha desmoronado desde el colapso de los precios del petróleo de 2014. La inflación está en los tres dígitos, y la comida, el combustible y la medicina son difíciles de encontrar para la mayoría de los venezolanos. La petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) apenas superó sus obligaciones de bonos el año pasado.
Así, el estrechamiento económico de Venezuela, en vez de aumentar la oposición política interna y externa, puede ser la fuerza motriz detrás de la puñalada al Parlamento. Pdvsa se enfrenta a otra prueba importante de su solvencia en abril, cuando debe cancelar $ 2.500 millones entre bonos y intereses programados para el pago.
El fallo judicial del miércoles autoriza explícitamente a Maduro a utilizar sus poderes ejecutivos para crear y aprobar nuevas empresas conjuntas, contratos de infraestructura y acuerdos financieros, incluidos los préstamos. Esta característica de la decisión de la corte superior tiene por objeto contrarrestar las repetidas advertencias del Parlamento a potenciales inversionistas y prestamistas extranjeros de que cualquier acuerdo no aprobado por el cuerpo legislativo venezolano nunca sería reconocido como legal por un gobierno post Maduro.
Las empresas conjuntas permitirían al régimen apalancar los activos petroleros y minerales para créditos, similares al que recibió la subsidiaria de Pdvsa en EEUU, Citgo; sin contar los más de 60.000 millones de dólares en préstamos respaldados por petróleo a China desde 2007.
Entre las compañías petroleras extranjeras con activos en Venezuela están Chevron, Shell, Total, Repsol, la italiana Eni, la rusa Rosneft y la china CNPC. Shell firmó recientemente un acuerdo preliminar con Pdvsa y su contraparte trinitense NGC para exportar gas natural venezolano a Trinidad.
La disolución del Parlamento coincide también con los esfuerzos de la OPEP para estabilizar el precio del petróleo. Caracas está entre los principales miembros de la OPEP detrás de un empuje para extender y profundizar las restricciones de la producción que hasta ahora han superado las expectativas del grupo.
Un panorama difícil
La actual asamblea fue elegida en las elecciones de diciembre de 2015, en las que la oposición logró una amplia mayoría. Desde entonces, Maduro ha ignorado en gran medida a la legislatura, mientras que encarceló a varios opositores.
Ahora, su recién estrenada autoridad ejecutiva ampliada, que incluyó el Supremo venezolano en la sentencia, le permite decretar un “estado de excepción” ilimitado y ordenar la detención y procesamiento bajo la ley militar de todos los legisladores que recientemente aprobaron una resolución pidiendo a la Organización de Estados Americanos que aplique la Carta Democrática contra Venezuela. Las disposiciones de la carta ampliarían el escrutinio externo y podrían conducir a la expulsión del país del cuerpo por completo.
El tribunal venezolano emitió su fallo después de que los embajadores de la OEA se reunieron en Washington para discutir el llamamiento del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que se impusieran sanciones regionales contra el gobierno de Maduro.
Las fuerzas armadas venezolanas, oficialmente adoctrinadas, parecen estar firmemente detrás del régimen. Y no hubo reacción inmediata de Washington, que ha pedido al régimen que respete la Constitución y celebre elecciones lo antes posible. Las llamadas similares han venido de países latinoamericanos, incluyendo Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.
El fallo de la corte es “basura, es claramente es un golpe de estado”, dijo el jueves el presidente del Parlamento, Julio Borges. Las fuerzas armadas “no pueden permanecer en silencio antes de esta ruptura de la constitución, sabemos que la inmensa mayoría de los oficiales están en contra del caos en Venezuela”.
Lo peor: los derechos humanos
Pero más allá de los posibles intereses económicos y efectos políticos, está algo más grave: la miseria del pueblo venezolano. Venezuela, el país más rico del mundo en petróleo pero al que le escasea la gasolina, lleva meses sufriendo una creciente escasez de alimentos y medicinas. Los panaderos son detenidos porque, presuntamente, hornean caros pasteles en lugar de pan, pero no tienen derecho a recibir despachos regulares de materia prima. Decenas de miles de venezolanos se han ido del país, las parejas jóvenes se hacen esterilizar porque no hay condones en el mercado y alimentar a un hijo saldría muy caro. Los pacientes con cáncer no pueden ser tratados y muchas otras semblanzas de un país que hasta los años ochenta era uno de los más ricos de América Latina.El error de no haber utilizado esa riqueza petrolera para construir una economía autosostenible fue lo que, en última instancia, facilitó la llegada de los chavistas al poder. Pero estos utilizaron, a su vez, el auge petrolero del nuevo siglo para repartirlo entre ellos y enriquecerse personalmente, por lo que Venezuela se enfrenta ahora a un desastre aún mayor.
Ante tal situación nadie va a querer aplicar sanciones económicas a Venezuela, y el Gobierno de Maduro se aprovecha de ello. El hombre que durante meses se negó a reconocer la crisis humanitaria en su país, pidió ayuda a Naciones Unidas hace unos días, debido a la “guerra económica contra Venezuela”.
El fallo marca un punto de no retorno por la dictadura que exige a al pueblo venezolano, a la comunidad internacional y a las organizaciones de la sociedad civil democrática del mundo formar una efectiva resistencia y exigir la aplicación de las sanciones correspondientes al Gobierno de Maduro, hoy revestido de un velo dictatorial. El no hacerlo, puede llevar a Venezuela a un muy negro destino del que, probable y lamentablemente, será muy difícil recuperarse.
