Por Juan Andrés Guzmán
Para Joseph Stiglitz y Mark Pieth los paraísos tributarios son una grave amenaza para la economía mundial: sirven para proteger diversos delitos, desde la evasión tributaria, el lavado de dinero del narcotráfico, hasta el negocio de la pornografía infantil. Además, acrecientan la desigualdad económica del planeta. Así lo afirman en un estudio –publicado por el ICIJ, el consorcio de periodistas que encabezó la investigación de los Panamá Papers- donde dicen que es necesario un ataque frontal a esas jurisdicciones partiendo por declarar ilegales a las empresas y personas que operen con esos territorios.
El estudio de Stiglitz y Pieth está basado en
los hallazgos de la investigación periodística internacional -que encabezó el
ICIJ y en la que participó CIPER- conocida como los “Panamá Papers”. Uno
de sus argumentos es que la evidencia actual ha despejado cualquier duda sobre
el negativo impacto que estas jurisdicciones tienen en la economía del mundo:
sirven para lavar dinero (desde el que se origina en el narcotráfico al negocio
de las armas); para que los ricos del mundo no paguen los impuestos que deben
en los países donde generan sus utilidades; y por último, sirven para que la
desigualdad crezca a niveles altísimos en todo el planeta.
Stiglitz
y Pieth afirman: “En un mundo globalizado, si hay un bolsillo secreto, los
fondos se van a dirigir hacia él. Esa es la razón por la que se necesita un
sistema de transparencia global”.
Joseph
Stiglitz
Tal vez
lo más relevante del estudio es que ofrece una serie de propuestas concretas
para terminar o al menos reducir el impacto de los paraísos tributarios. Entre
ellas, sugiere que se declare ilegal para cualquier ciudadano o empresa tener
una cuenta en un país o una jurisdicción que no coopere con el resto de las
naciones; también convertir en ilegal ya sea para individuos o corporaciones
ser accionistas, directores y/o fideicomisarios de una sociedad establecida en
un paraíso tributario. Su propuesta también apunta a los bancos al proponer
declarar ilegal a aquellos que tengan vínculos o interactúen de cualquier
manera con otras instituciones financieras de países con jurisdicciones opacas.
Stiglitz
y Pieth agregan: “El castigo para la violación de estas prohibiciones debe ser
severo. Un banco u otras instituciones que violen estos principios deben perder
sus permisos para operar; lo mismo para abogados que operen con esas
jurisdicciones”. Y sobre las empresas que se transan en la bolsa y que no
informan a las autoridades quiénes son sus reales beneficiarios (esconder quien
es el dueño efectivo de una empresa o un bien es uno de los principales
servicios de estos paraísos), proponen que deben perder la facultad de transar
sus acciones en la bolsa.
El ataque contra los paraísos tributarios,
según Stiglitz y Pieth, debe incluir tanto a las empresas como a los asesores,
principalmente a los abogados, que diseñan los entramados jurídicos que
permiten la elusión. A esa estructura global de consultoría y asesoría el
cientista político Jeffrey
Winters la bautizó “la industria de
la defensa de la riqueza”.
El
economista estadounidense y el criminólogo suizo afirman en su estudio:
“Cualquier abogado, u otro actor legal que a sabiendas cree una corporación con
el propósito primario de evadir o eludir impuestos o facilitar el lavado de
dinero, debe ser objeto de una suspensión y en caso de reiteración de la
conducta, objeto de revocación de su licencia”.
Ambos expertos recogen también una propuesta
que hace el economista Gabriel Zucman en su libro La
riqueza oculta de las naciones (University of Chicago Press, 2015).
Zucman sostiene un hecho obvio: que aunque las autoridades tributarias
frecuentemente no saben quiénes son los propietarios de muchas compañías, o de
muchos bienes, pues estos se pierden en un entramado de redes de sociedades, es
evidente que esa información existe, que los bancos y, sobre todo, los paraísos
tributarios la conocen. Lo necesario dice entonces Zucman, es obligar a estas
instituciones y países a que esa información se dé a conocer.
En ese
sentido, sugieren que cada país debe establecer un registro público que
identifique a los directores y propietarios finales de todas las
compañías, fundaciones y fideicomisos que operan dentro de sus fronteras.
Lo mismo debiera exigirse para las transacciones inmobiliarias: se tiene que
conocer siempre la identidad del verdadero propietario.
SUIZA Y SUS EFECTOS TRIBUTARIOS
El duro
foco del último estudio de Joseph Stiglitz y Mark Pieth es similar a la crítica
ya formulada a los paraísos fiscales, y especialmente a Suiza, de Zucman. En
esa investigación de 2015, Zucman describe cómo Suiza se transformó en el
principal paraíso tributario mundial y calcula el daño económico que ese
país ocasiona a los países vecinos. Zucman afirma que al ofrecer estrategias
para que los ricos de Alemania, Francia e Italia oculten sus fortunas, Suiza
genera pérdidas que equivalen a imponerle a ese país una barrera comercial del
30%.
Mark
Pieth (Foto: playthegame.org)
Stiglitz y Pieth van más allá de los daños
meramente económicos. Y resaltan el hecho de que la investigación de
los “Panama Papers” (que reveló el trabajo interno del bufete
de abogados panameños Mossack Fonseca) mostró que los paraísos
tributarios son usados para todo tipo de “actividades nefastas, desde la evasión
tributaria y la corrupción, hasta incluso la pornografía infantil”.
En ese
sentido, el Premio Nobel y el académico de la Universidad de Basel (Suiza)
apuntan a los banqueros y abogados que construyen las redes societarias que
llevan dineros hacia esas jurisdicciones. Y afirman que si bien “ellos pueden
mirarse a sí mismos como personas que sólo hacen negocios y ayudan a sus
clientes”, en la práctica –por el efecto de sus operaciones y la cantidad de
leyes que vulneran- “pueden ser vistos como cómplices en la comisión de estos
crímenes”.
El estudio -titulado Overcoming the
Shadow Economy (Superando a la economía sumergida)- es el resultado de
la participación de Stiglitz y Pieth en un comité de expertos independientes
que el propio Presidente de Panamá convocó luego del escándalo mundial
que provocó la publicación en más de 130 países de los archivos secretos del bufete
Mossack Fonseca. El objetivo de ese comité era proponer reformas legales e
institucionales para que Panamá “se vuelva un buen ciudadano global y luche
contra la evasión fiscal”. En agosto pasado ambos expertos renunciaron a ese
comité argumentando que los funcionarios panameños se rehusaron a garantizar
que el comité de expertos tendría completa independencia para realizar su
investigación. Luego de su renuncia, el economista y el experto anti-corrupción
elaboraron este estudio.
“PANAMA PAPERS”: UN HITO
La
pregunta obvia que Stiglitz y Pieth intentan responder en su estudio es por qué
países, como Panamá, que hasta ahora se han beneficiado con esas prácticas,
deberían cambiar.
Según muestran las cifras del Banco Mundial, Panamá
ha sido una de las economías de mayor crecimiento en el mundo: 7,2 % anual
entre 2001 y 2013. Este crecimiento le ha permitido reducir la pobreza y
establecer sistemas universales de educación y salud gratuita. A diferencia de
lo que puede pensarse, Stiglitz y Pieth dicen que la opacidad tributaria
no es tan relevante en ese crecimiento. Lo clave ha sido que el país ha sabido
explotar las ventajas del Canal de Panamá que lo ha transformado en un centro
logístico para las operaciones comerciales de Estados Unidos y ha sabido
diversificar sus negocios.
El estudio puntualiza que Panamá carga
con el pasado de ser un “estado narco”, que llegó a su máxima expresión en la
década de los ‘80 cuando fue gobernado por el dictador Manuel Antonio
Noriega, condenado en Estados Unidos a 40 años de cárcel por sus vínculos con
el Cartel de Medellín. El escándalo de los “Panamá Papers” pareció
revivir ese oscuro pasado aunque solo un 20% de las empresas que
aparecieron en esa investigación eran panameñas. Ambos expertos destacan que
Panamá está en una situación bastante injusta, pues la repercusión mundial de
los “Panamá Papers” le hizo perder competitividad en el mundo
del secreto tributario, frente a otros territorios que siguen operando en la
sombras. Varias de esas jurisdicciones están al interior de países
desarrollados.
Del
estudio se desprende que a Stiglitz y a Pieth les importa mucho buscar una
solución razonable para los paraísos tributarios. Señalan que para ello es
necesario que dentro del grupo de países y jurisdicciones que mantienen esas
prácticas, aparezcan países líderes “que muestren modelos alternativos que les
permitan seguir creciendo y desarrollarse”.
Dirigiéndose
a las naciones en desarrollo que coquetean en sus normativas con la opacidad
bancaria o financiera, sugieren que “cada país debe seriamente considerar
si quiere quedarse atrapado en una lucha sin fin por seguir el ritmo de los
estándares internacionales o si quiere servir de modelo, estableciendo los
estándares que eventualmente otros se verán forzados a emular”.
Si esas
jurisdicciones –afirman Stiglitz y Pieth- no cooperan con la transparencia, no
cambian sus políticas opacas, entonces Estados Unidos y Europa tienen la
obligación de hacer que estos territorios cumplan con los estándares de
transparencia internacional. Esto obliga a Estados Unidos y al Reino Unido a
revisar sus propios “bolsillos secretos” y comenzar a tratarlos como los ve la
opinión pública: “portadores de enfermedades contagiosas”.