Nota de prensa
A través de un comunicado conjunto, instituciones de la sociedad civil advierten que el organismo electoral ha obstaculizado y desconocido los derechos políticos de los ciudadanos establecidos en la Constitución Nacional, y piden al Parlamento modificar de inmediato las leyes electorales.
La reforma
a las leyes electorales debe ser atendida de manera urgente por parte de la
Asamblea Nacional “para brindar a todos nuestros ciudadanos una mayor
certidumbre sobre los procedimientos y oportunidad para hacer efectivos sus
derechos políticos, lo cual contribuirá no solo a mejorar la integridad de
nuestros procesos electorales futuros, sino a garantizar la paz y
gobernabilidad democrática del país”.
El
planteamiento fue formulado mediante un comunicado conjunto
suscrito por diversas organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil, “ante el evidente malestar que embarga al país por la falta
de claridad sobre las reglas y procedimientos para la activación de un
Referendo Revocatorio, la discrecionalidad con la cual el Consejo Nacional
Electoral ha tomado decisiones que han significado la obstaculización y
desconocimiento del derecho a la participación politica tutelado por la
Constitución vigente, así como ante la injustificada incertidumbre sobre la
fecha de la elección de los gobernadores y cuerpos legislativos regionales que
finalizan sus período este año”.
El
documento fue emitido por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad
Católica Andrés Bello, Comunidanas, Compromiso Ciudadano, la Comisión para los
Derechos Humanos del Estado Zulia, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de la Mujer, Ciudadanía
Activa, Control Ciudadano, SUMATE y Transparencia Venezuela.
“Hemos
decidido hacer un llamado público a la Directiva y Diputados de la Asamblea
Nacional para que se trabaje con carácter urgente en la aprobación de la
reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) y la Ley Orgánica
del Poder Electoral (LOPE), cuya consulta pública se inició el pasado 28 de
abril en evento público realizado en la sede del Hemiciclo Protocolar del
Palacio Federal Legislativo”, dice el comunicado.
Allí
enumeran una serie de razones, entre las cuales destaca que el sistema
electoral venezolano, tal como ha sido diseñado en la LOPRE, contraviene los
principios de representación, proporcionalidad y personalización del voto contemplados
en los artículos 63, 186 y 293 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.
Advierten
que ninguno de los rectores del CNE ha sido designado respetando los
procedimientos y principios estipulados en los artículos 295 y 296 de la Constitución,
y que han venido actuando con manifiesta discrecionalidad en lo relativo a
convocatoria de elecciones, establecimiento de cronogramas y procedimientos
electorales.
Resaltan
que la autoridad electoral ha permitido ventajismos que favorecen a una
parcialidad política, y se ha negado a aceptar la realización de una auditoría
independiente, integral, plural y transparente del Registro Electoral y el
Registro de Venezolanos Cedulados, lo que impide tener certeza sobre la calidad
de los datos del Registro Electoral.
Cuestionan
que se mantenga la desigualdad en el acceso de las mujeres a los cargos de
representación popular en los cuerpos deliberativos del Estado, y que las
instancias para la resolución de conflictos post-electorales no han sido efectivas,
eficaces, oportunas, pluralistas ni imparciales. También denuncian la
obstrucción burocrática del registro electoral de los votantes que viven en el
exterior.
Recuerdan
que todos los estudios de opinión pública reportan un alto nivel de desconfianza
hacia el CNE, y que la convocatoria y cronograma para las elecciones de
gobernadores y cuerpos legislativos regionales no han sido anunciados al día de
hoy por la autoridad electoral.
En el
comunicado se señala que las reformas electorales son indispensables para
garantizar los principios de proporcionalidad y personalización del voto,
establecer límites claros a la discrecionalidad del CNE en materia normativa y
procedimental en cada una de las fases del ciclo electoral y permitir la
participación ciudadana más allá del mero acto de votación.
Destacan
que la reforma también garantizaría “la equidad como principio efectivo en
todas las fases de la campaña electoral a través del establecimiento de un
régimen de separación del cargo desde el momento de la postulación para
aquellos funcionarios que aspiren a la reelección, la creación de normas que
garanticen mecanismos para el acceso equitativo de todos los partidos políticos
y candidatos a los medios de comunicación públicos y privados, así como la
previsión de restricciones y sanciones a funcionarios públicos que utilicen
recursos del Estado y sus medios de comunicación para fines político
partidistas, sobre todo en lo relativo a las trasmisiones conjuntas y
obligatorias de radio y televisión”.
Agregan que
se buscaría total transparencia en la administración de los procesos
electorales, fidelidad de la data del Registro Electoral, así como su
auditabilidad; facilitar el registro de nuevos electores y de los electores que
residen en el exterior; y fechas fijas para la convocatoria y celebración de
las elecciones, así como los para las diferentes etapas del proceso electoral:
periodos de postulación, campaña, impugnación, entre otros.
La reforma
garantizaría la paridad de género como la norma general que regule las
candidaturas de hombres y mujeres en los procesos de elección popular; que los
integrantes de los organismos electorales subalternos no estén vinculados a
partido o candidato alguno. También la regulación de las competencias de los
miembros de las mesas y centros electorales, con el fin de evitar el
solapamiento de competencias o usurpación de las mismas por parte de personas
que cumplen funciones de apoyo logístico como los coordinadores de centro, los
técnicos de las máquinas de votación o los miembros del Plan República.
La reforma
persigue por otra parte la adecuación de los instrumentos legales al sistema
automatizado de votación, la regulación de la función de la Fuerza Armada en el
proceso electoral, e igualmente el establecimiento de normas relativas a la
Observación Electoral, en las que se establezca la participación de las
organizaciones nacionales e internacionales en condiciones de libertad,
independencia, autonomía e imparcialidad, eliminando la figura del
acompañamiento electoral, que constituye una perversión de la observación
electoral internacional.