Página 12 - Argentina
La Fundación Vía Libre, que encabeza Beatriz Busaniche, es una de las voces más radicales en contra de la implementación de cualquier sistema de voto electrónico. En diálogo con Página/12, Busaniche asegura que es imposible llevar adelante el proyecto que impulsa el gobierno nacional sin resignar al menos uno de los principios de integridad, seguridad y auditabilidad que hoy rigen en el sistema de boleta partidaria en papel.
–¿Qué evaluación hacen del sistema de voto electrónico que impulsa el Gobierno?
–Nuestra
posición es total y absolutamente en contra. Como organización
trabajamos el campo de la tecnología y desde ese lugar nos preocupa el
tema desde hace muchísimo. Está técnicamente demostrado que es imposible
construir un sistema de voto electrónico que respete al mismo tiempo
los principios del secreto, la integridad y la auditabilidad. No es
materia de opinión, está demostrado matemáticamente con un teorema que
es el teorema de Hosp y Vora. El que quiera promover un sistema de voto
electrónico tiene que ser honesto con la ciudadanía y decir cuál de esas
tres cuestiones está dispuesta a sacrificar en favor de los principios
de “fácil, moderno y rápido”, que es la muletilla que usan los que están
a favor.
–¿La
existencia de un soporte en papel como en los sistemas de Salta y CABA
no permitiría corroborar que los resultados del escrutinio electrónico
coincidan con el escrutinio posterior de modo manual? ¿Eso no resuelve
alguno de esos problemas?
–En ese caso,
con el soporte en papel, estarías tirando de la sábana para proteger la
integridad del voto. Y no la protege del todo. Es un sistema mediado por
una computadora para obtener el resultado impreso en el que no sabés si
lo que el votante quiso votar frente a la pantalla es lo que está en la
papeleta. Pero ahí lo que queda desprotegido es el derecho al secreto
del voto, que es un principio fundamental de nuestra democracia desde la
ley Sáenz Peña. Que es el principio para votar en libertad, no
coercionado y que es la base para desmantelar cualquier problema de
clientelismo o compra de votos. En Holanda el sistema se dejó de usar
cuando se probó muy claramente que el secreto era vulnerable. Es una
prueba que también se hizo con las máquinas en Brasil que fueron
hackeadas y vulneradas.
–¿El
problema de la vulnerabilidad no se puede superar con la intervención
de técnicos, por ejemplo de universidades públicas nacionales, que
auditen y controlen el sistema?
–Si necesitás
que medie una auditoría de expertos, el voto y los derechos dejan de ser
universales. Y ahí te metés con otro principio fundamental del sistema
electoral que es el argumento por el cual Alemania lo prohibió y lo
declaró inconstitucional. El argumento es que el sistema electoral debe
ser materia entendible por cualquier ciudadano, más allá de los
conocimientos específicos en seguridad de sistemas y demás. Pero además,
hacer una auditoría o dos o diez no garantiza que el sistema esté libre
de problemas. El sistema que se usó el año pasado en CABA lleva seis
años en Salta. Fue auditado muchas veces por la Universidad Nacional de
Salta y por la UBA para la elección porteña. Y un técnico, un doctor en
informática de la UBA llamado Alfredo Ortega, en 20 minutos encontró una
vulnerabilidad que había sobrevivido todas esas auditorías. Una
vulnerabilidad lo suficientemente grave que implicaba que era posible
incorporar más votos a un sólo chip. Las razones técnicas que hay son
muchísimas.
–¿No hay forma de someter el software a un control más estricto para superar las vulnerabilidades?
–Si tenés una posición
no tan firme como la nuestra y decís “veamos cómo se puede hacer”,
habría que preparar un sistema de certificaciones y auditorías de larga
trayectoria. Y no podés auditar en 120 días un sistema que tardó años en
ser desarrollado. Porque no solo tenés que auditar el software
específico de la elección, tenés que auditar todas las piezas de
software del sistema operativo, de la BIOS de la máquina. Todos los
microprocesadores, todos los chips, y eso puede llevar mucho tiempo.
Pero además, si querés hacer una certificación, tenés que tener un
estándar contra el cual validar esa certificación. En Estados Unidos
tardaron cinco años en desarrollarlos.
–¿Cómo es la situación en otros países?
–No sólo los países lo están dejando de usar –Alemania lo
prohibió, Holanda lo prohibió, Austria lo prohibió, Bélgica está en ese
camino, Dinamarca dejó de usarlo–, sino que algunos países en los cuales
se analiza la posibilidad de usarlo siguen reafirmando la posición de
no hacerlo. El congreso australiano dijo que no están en condiciones de
hacerlo. Y Australia ocupa el puesto número 2 de desarrollo humano.
Adrián Pérez y su séquito plantean que no aplica el fallo del tribunal
alemán porque éste sistema tiene soporte en papel y los alemanes no
tenían. ¿Vos me querés decir que Adrián Pérez resolvió el problema de
inconstitucionalidad en Alemania y lo resolvió de un modo tan fácil que
los alemanes son tan imbéciles como para no haberse dado cuenta?
–Pasar el chip por el lector de la máquina después de
votar para corroborar si la máquina lee exactamente lo mismo que está
impreso en la boleta, ¿no resuelve el problema de que el ciudadano pueda
controlar el cumplimiento de su voluntad?
–No, de ninguna
manera. En Estados Unidos se han hecho numerosas investigaciones
respecto del chequeo de lo impreso. Se ha comprobado que aproximadamente
el 50 por ciento de los votantes dejan pasar errores graves en ese
chequeo. Sobre todo porque la expresión de lo que uno está eligiendo es
totalmente diferente en la pantalla y en el papel impreso. Es un engaña
pichanga, porque la misma máquina que emite es la que controla. Los
sistemas de voto electrónico existen desde hace 40 años y nunca se pudo
implementar masivamente. Es mentira que esto va a llegar
irremediablemente. Si no podés construirlo en un modelo teórico, de
ninguna manera lo vas a poder construir en la práctica.
–¿Qué opción plantean en lugar del voto electrónico?
–Nos inclinamos
por la boleta única en papel. El problema fundamental que se ve en esta
reforma electoral es que no hay un diagnóstico claro de qué es lo que
se quiere resolver. Si lo que quieren solucionar es el robo de boleta,
lo cierto es que no hay denuncias serias de robo de boleta a nivel
nacional. Los problemas en las elecciones provinciales no los vas a
cambiar con una ley federal.
–¿Los sistemas de boleta única en papel no tienen también dificultades, como pasó en las elecciones de Santa Fe y Córdoba?
–Podés tener un
fiscal deshonesto que esté marcando boletas en una mesa y que el éxito
de eso dependa de la acción de los otros fiscales. Pero la capacidad de
hacer eso es, como mucho robar algunos votos de una mesa. Ese tipo de
fraude no escala. Cuando usás computadoras, tenés que tocar dos o tres
líneas de código y te robás votos de todas las mesas del país. Además,
nosotros partimos de la idea de que va a haber fiscales o algún partido
político que con mala intención quiera robarse un concejal o un
diputado. Es muy difícil robar una elección cuando se trata de un puesto
ejecutivo. Pero no se está poniendo sobre la mesa la posibilidad de que
haya otro tipo de atacante. Simplemente un saboteador del sistema
electoral como un todo. A la máquina no se la puede dejar sin mirar
cuando está con un votante porque es muy frágil en términos de
seguridad. Te llevás un gotero y le echás un poquito de agua, vas
masticando chicle y se lo pegas a la boleta antes de ponerlo a imprimir,
un poquito de ceniza de cigarrillo, o algún pegamento. Con técnicas muy
rudimentarias de ataque se puede vulnerar. O un gobierno extranjero
puede atacar el sistema. La cantidad de agujeros que se abren y la
capacidad de daño es muy grande.