Provea
El 23 de julio el Ministerio Público informó sobre la medida privativa de libertad dictada por el Tribunal 7º de Control del estado Carabobo, a los funcionarios de la policía de la referida entidad Juan Carlos Bonilla Ascanio, Andi José Brea Alvarado y Humberto Israel Contin Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el asesinato de los ciudadanos Efraín Alexis Figueroa Sumoza (55) y de su sobrino Guiornathan Alexis Mirelis Figueroa (31). Estos ciudadanos fueron asesinados el pasado 23 de octubre de 2015, en el sector El Samán de la población de Guacara en el estado Carabobo, en el marco de la realización del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP).
El Ministerio Público
informó que en la audiencia de presentación, los Fiscales 39º Nacional y 28º
del estado Carabobo, Adriana Valdez y José Antonio López, respectivamente,
imputaron al oficial Bonilla Ascanio, al supervisor agregado Brea Alvarado y al
oficial agregado Contin Rodríguez por los delitos de homicidio calificado con
alevosía y uso indebido de arma orgánica. El Tribunal de Control ordenó la
privativa de libertad y la reclusión de los tres funcionarios en la
comandancia general de la policía regional.
Según las
evidencias presentadas por el MP en la audiencia, el 23 de octubre en horas de
la madrugada una comisión policial se presentó en la vivienda de Figueroa
Sumoza y requirió la presencia de Mirelis Figueroa. Sin embargo, los
funcionarios se marcharon debido a que no localizaron al sobrino del ciudadano.
“Minutos después los efectivos encontraron a Mirelis Figueroa en las
adyacencias del lugar y le dispararon. Posteriormente, regresaron a la
residencia de Figueroa Sumoza y llevaron a su cónyuge e hija al patio; mientras
que a este lo trasladaron a una de las habitaciones desde donde se escuchó un
disparo”, informó el MP en nota de prensa difundida el pasado sábado. “El
Ministerio Público inició la investigación del hecho y, tras la práctica de
diversas diligencias y experticias por parte de la Unidad Criminalística contra
la Vulneración de Derechos Fundamentales, se solicitaron las órdenes de
aprehensión para Bonilla Ascanio, Brea Alvarado y Contin Rodríguez, las cuales
fueron acordadas por la citada instancia judicial. Los hombres fueron detenidos
el pasado lunes 18 de julio, cuando se encontraban en su comando en Guacara”, añade
la comunicación.
Desde Provea saludamos la actuación del
Ministerio Público en este
caso y afirmamos que el resultado de esta investigación confirma las
reiteradas denuncias realizadas por familiares de víctimas, ONG y activistas de
derechos humanos, sobre la existencia de un elevado número de
ejecuciones policiales en el marco del OLP. Estos y otros abusos
han sido alentados por funcionarios gubernamentales, quienes han intentado
favorecer la impunidad justificando el uso desproporcionado de la fuerza y
presentando ante la opinión pública, información falsa sobre el resultado de
los operativos.
El 23.10.2015, el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, informó que durante el despliegue del OLP
en Guacara el ciudadano Alexis Mirelis Figueroa, había resultado asesinado
luego de “enfrentarse” a tiros con una comisión de la Policía del estado
Carabobo. Ameliach dijo: “Este ciudadano portaba un revolver 38 marca
Taurus, con el cual hizo frente a la comisión y que fue recuperado en el sitio
[sic]. Seguiremos firmes en la defensa de nuestro pueblo, para defender
sus derechos humanos y preservar la paz de nuestro pueblo, liberándolo del
hampa y erradicando prácticas de criminalidad importadas como el
paramilitarismo”. Sobre el ciudadano Efraín Alexis Figueroa Sumoza, el
gobernador no hizo referencia alguna en su declaración.
El 24.10.2015 los
familiares de Figueroa Sumoza denunciaron que este ciudadano había sido
ejecutado por funcionarios de PoliCarabobo. Los denunciantes afirmaron que
la víctima era un líder comunal, defensor de derechos humanos y
militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y que había
sido atacado en su vivienda por los agentes de la fuerza pública que actuaron en
el operativo realizado en el sector El Saman. “Un funcionario se le acercó
y le disparó a quemaropa. Después que cayó al piso lo arrastró por los pies y
varios funcionarios de los cuerpos de seguridad lo subieron a la patrulla
mientras él gritaba clamando por su vida”, declaró a El Nacional Ana
Vitriago, familiar de la víctima, quien añadió que inicialmente Figueroa Sumoza
había sido herido en el abdomen y al ingresar sin signos vitales al hospital de
Guacara, presentaba una herida por arma de fuego en la cabeza. Según declararon
los testigos del hecho, Figueroa Sumoza habría reclamado a los funcionarios
policiales por los atropellos cometidos contra los habitantes de la comunidad.
Provea exige el
inicio de una investigación contra el gobernador del estado Carabobo, Francisco
Ameliach, por intentar encubrir la presunta ejecución policial de los
ciudadanos Efraín Alexis Figueroa Sumoza (55) y de su sobrino Guiornathan
Alexis Mirelis Figueroa (31), al presentar información falsa a la opinión pública
y al intentar justificar su asesinato señalando que una de las víctimas había
sostenido un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad, hecho desmentido en las
investigaciones adelantadas por el Ministerio Público y constatado por el Tribunal
7º de Control del estado Carabobo que ordenó la privación de libertad de los
policías involucrados en los hechos.
Provea recuerda que
entre 1990 y 2015, 4.618 personas fueron asesinadas por agentes de la
fuerza en el marco de actuaciones calificadas como violaciones al derecho a la
vida, en buena parte de los casos se trató de ejecuciones
policiales denunciadas por los familiares de las víctimas y presentadas por las
autoridades como “muertes por enfrentamientos”. La Comisión Nacional para la
Reforma Policial (CONAREPOL) señaló en 2006 que uno de los principales indicadores
de la letalidad policial era la desproporción entre bajas civiles y policiales
en el contexto de los supuestos “enfrentamientos”. La CONAREPOL advirtió que en
la mayoría de los casos donde se reportan fallecidos y lesionados del lado de
los ciudadanos pero ninguno en las fuerzas de seguridad, permitía
suponer “el encubrimiento de ejecuciones bajo la figura de los
enfrentamientos”. Durante el OLP, Provea ha registrado la muerte de un funcionario
policial y cinco heridos en más de 200 operativos en los que se han reportado
enfrentamientos entre agentes de la ley y presuntos delincuentes. En contraste, más
de 450 personas han sido asesinadas en el marco de estos operativos desde el
pasado 13 de julio de 2015. La mayoría de las muertes ocurridas
durante la ejecución del OLP se han producido en circunstancias aún no
aclaradas por las autoridades y en medio de muchas denuncias de familiares y
testigos, sobre presuntas ejecuciones policiales y uso excesivo de la fuerza.
Además, todas las muertes ocurridas en el OLP han sido presentadas ante la
opinión pública como muertes por enfrentamiento o resistencia a la autoridad.
