Opinión
ignacio ramonet / le monde diplomatique
Se llamaba Berta. Berta Cáceres. El 4 de marzo pasado iba a cumplir 43 años. La víspera, la mataron. En Honduras. Por ambientalista. Por insumisa. Por defender la naturaleza. Por oponerse a las multinacionales extractivistas. Por reclamar los derechos ancestrales de los Lencas, su pueblo indígena.
A
la edad de 20 años, siendo estudiante universitaria, Berta había
fundado el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH) que hoy reúne a unas doscientas comunidades nativas y
se ha convertido en el movimiento ecologista más combativo. El régimen
hondureño, nacido de un golpe de Estado, ha cedido el 30% del territorio
nacional a transnacionales mineras e hidroeléctricas. Hay decenas de
megapresas en construcción y más de 300 empresas extractivistas que
saquean el territorio mediante la corrupción gubernamental. Pero el
COPINH ha conseguido detener la construcción de embalses, paralizar
proyectos de deforestación, congelar explotaciones mineras, evitar la
destrucción de lugares sagrados y obtener la restitución de tierras
expoliadas a las comunidades indígenas.
Por
eso, en la madrugada del pasado 3 de marzo, mientras dormía, dos
sicarios de unos escuadrones de la muerte se introdujeron en su vivienda
de la ciudad La Esperanza y asesinaron a Berta Cáceres.
Se
trata de un crimen político. Desde que, en junio de 2009, el presidente
constitucional de Honduras Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe de
Estado –contra el que Berta protestó con inaudito coraje, encabezando
las manifestaciones contra los golpistas–, este país se ha convertido en
uno de los más violentos del planeta y en un paraíso para las grandes
transnacionales depredadoras y para las organizaciones criminales. En
ese contexto, el régimen de Juan Orlando Hernández (1) y la oligarquía
hondureña siguen asesinando impunemente a quienes se oponen a sus
atropellos. En estos últimos siete años, decenas de dirigentes
campesinos, líderes sindicales, militantes de movimientos sociales,
defensores de los derechos humanos, periodistas rebeldes, educadores y
ambientalistas han sido exterminados. Con total impunidad. Nada se
investiga, nada se aclara. Nadie es sancionado. Y los medios de
comunicación dominantes internacionales (tan dispuestos a poner el grito
en el cielo al menor desliz que pudiera cometerse en Venezuela) apenas
mencionan ese horror y esa barbarie (2).
El
mismo día en que mataron a Berta Cáceres, la ONG Global Witness, de
Londres, denunció que Honduras es “el país más peligroso del mundo para
los activistas por el medio ambiente” (3). De los 116 asesinatos de
ecologistas que hubo en el planeta en 2015, casi las tres cuartas partes
se produjeron en Latinoamérica y la mayoría de ellos en Honduras, uno
de los países más empobrecidos del continente (4).
En
2015, Berta Cáceres recibió el más prestigioso galardón internacional
ecologista, el Premio Goldman, el “Nobel verde”, por su resistencia
contra la construcción de un megaembalse hidroeléctrico que amenaza con
expulsar de sus tierras a miles de indígenas. Con su audaz lucha, Berta
consiguió que la empresa de propiedad estatal china Sinohydro, la mayor
constructora de embalses hidroeléctricos del planeta, y un organismo
ligado al Banco Mundial dieran marcha atrás y retiraran su participación
en la construcción del embalse de Agua Zarca, sobre el río Gualcarque,
río sagrado de los Lencas en la sierra de Puca Opalaca. Movilizadas por
Berta y el COPINH, las comunidades indígenas bloquearon el acceso a las
obras durante más de un año... Y consiguieron que algunos de los
intereses empresariales y financieros más poderosos del mundo
renunciaran a involucrarse en el proyecto. Esa victoria fue también la
causa más directa del asesinato de Berta.
Impulsada
por la empresa hondureña DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad
Anónima) con aporte financiero del Banco Ficohsa (Financiera Comercial
Hondureña S.A.), que recibió fondos del Banco Mundial (BM), la
construcción del megaembalse de Agua Zarca se inició en 2010. El
proyecto cuenta con el apoyo financiero del Banco Centroamericano de
Inversión Económica (BCIE), y de dos instituciones financieras europeas:
el Banco holandés de desarrollo, Nederlandse Financierings-Maatschappij
voor Ontwikkelingslanden N.V., (FMO) y del Fondo Finlandés para la
Cooperación Industrial (FINNFUND) (5). También está involucrada la
empresa alemana Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG, contratada para
la construcción de las turbinas. Todas estas empresas tienen una
responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres. No pueden lavarse las
manos.
Porque
tanto los ambientalistas como el pueblo Lenca defienden un derecho
legítimo. Denuncian la violación del Convenio 169 “sobre pueblos
indígenas y tribales” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
(6), firmado por Honduras en 1995, porque no ha existido una Consulta
Previa Libre e Informada (CPLI) de las personas afectadas por el
megaembalse, como lo exige igualmente la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) (7).
Berta
sabía que era una mujer marcada para morir. Había sido amenazada en
numerosas ocasiones. Estaba en la mira de los escuadrones de la muerte,
sicarios de los amos de Honduras. Pero ella solía decir: “Nos tienen
miedo porque no les tenemos miedo” (8). Cuando recibió el Premio Goldman
le preguntaron si ese galardón podía constituir un escudo de
protección, y respondió: “El Gobierno trata de vincular los asesinatos
de defensores ambientales con la violencia común, pero hay suficientes
elementos para demostrar que existe una política planificada y
financiada para criminalizar la lucha de los movimientos sociales. Ojalá
me equivoque, pero creo que, en lugar de disminuir, la persecución
contra las y los luchadores va a recrudecerse”. No se equivocó (9).
La
presa de Agua Zarca se sigue construyendo. Y los que se oponen a ello
siguen siendo asesinados sin miramientos como lo acaba también de ser
–diez días después del asesinato de Berta– el líder ambientalista
hondureño Nelson García (10).
Los
mismos que mataron a Gandhi, a Martin Luther King, a Monseñor Romero y
a Chico Mendes le cortaron la vida a Berta, maravillosa flor de los
campos de Honduras. Pero no silenciarán su lucha. Como dice Pablo
Neruda: “Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la
primavera” (11).
(1)
Elegido el 13 de noviembre de 2013 (aunque su principal adversaria
Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, no reconoció los resultados y
denunció un fraude), Juan Orlando Hernández tomó posesión de su cargo el
27 de enero de 2014. Pertenece al Partido Nacional de Honduras, que es
miembro de la Unión Democrática Internacional (UDI), una internacional
conservadora a la que están afiliados también, entre otros, el Partido
Popular de España y Les Républicains (el partido de Nicolas Sarkozy) de
Francia.
(2) Para comprobar el doble rasero, compárese, por ejemplo, el espacio que un “diario de referencia” como El País ha
consagrado al asesinato de Berta Cáceres y el que le dedica día tras
día, desde hace casi dos años, a Leopoldo López, encarcelado en
Venezuela.
(4)
“Honduras es el país con mayor nivel de pobreza de Latinoamérica”,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), noviembre de
2015.
(5)
Es interesante leer la “nota de condena” del asesinato de Berta Cáceres
emitida por el FINNFUND, en la que esta institución financiera
finlandesa deja entender que, de todos modos, la construcción del
embalse continuará... http://www.finnfund.fi/ajankohtaista/uutiset16/en_GB/agua_zarca/
(8) Beverly Bell, “The Life and Legacy of Berta Cáceres”, Counterpunch, 11 de marzo de 2016.
(9) Léase Giorgio Trucchi, “Asesinaron a un alma indomable”, Rebelión, 7 de marzo de 2016.http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209692
(11) Citado por Rafael Silva en “Berta Cáceres, otra víctima del capital”, Rebelión, 8 de marzo de 2016.http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209729
