El esfuerzo pudiera comenzar por la reforma de
la que en la actualidad rige al Área Metropolitana de Caracas, la cual
ha estado sometida desde el 2000 a dos leyes distintas pero igualmente
ineficaces
La
Asamblea Legislativa que asumirá en enero próximo tendrá, sin lugar a
dudas, innumerables tareas que abordar con urgencia. Esto es
consecuencia no sólo de ese desatino que es el llamado socialismo del
siglo XXI sino también de la desidia e irresponsabilidad de la Asamblea
saliente: amén de no haber cumplido con sus responsabilidades de
vigilancia y control, esta, como es sabido, se caracterizó por declinar
el mandato recibido del voto popular para entregarle la potestad
legislativa, a través de aberrantes leyes habilitantes y durante
períodos inusitadamente largos, al Ejecutivo Nacional.(...)
Ya antes del 6 de diciembre tanto
observadores políticos como representantes de la MUD adelantaron un
abanico de prioridades que van desde la reforma del reglamento de
debates hasta una ley de amnistía, pasando por otras de orden económico
destinadas a corregir el pandemónium provocado por el “pensamiento”
económico chavista. Sin embargo, como en otras ocasiones se ha sostenido
desde esta misma columna, debe recordarse que vivimos en el país con el
más alto índice de urbanización de la región, y que las ciudades no son
simple consecuencia de la llamada estructura económica sino que, sobre
todo a partir de cierto punto, pasan a ser, cuando menos, fuertes
condicionantes de las dinámicas económica y social.
En más de una ocasión hemos argumentado
cómo es que el profundo deterioro de la infraesructura de nuestras
ciudades, su atraso tecnológico, las obsoletas estructuras de gobierno y
el caos institucional inciden en el rezago económico, el agravamiento
de perniciosas desigualdades sociales y el deterioro de la vida
democrática. De allí que atractivas propuestas de orden económico puedan
tropezar con malformaciones territoriales que terminen anulándolas.
El caótico mare magnum
legal creado en estos dieciséis años, incluido el restringido campo que
interesa a esta columna, exige distinguir muy bien qué abordar primero
para no perderse en el laberinto y atacar a tiempo las distorsiones más
peligrosas. Para contribuir a ese esfuerzo se señalan a continuación las
que a nuestro juicio constituyen las tres principales prioridades.
En primer lugar es necesario devolver
autonomía a las ciudades y regiones mediante la aprobación de un cuerpo
legal que supere las limitaciones y deformaciones de las leyes
precedentes, en particular aunque no sólo las trasnochadas tendencias
centralistas del modelo chavista.
Reconociendo que hoy Venezuela es sobre
todo un país de metrópolis, es urgente un sistema de leyes y normas que
ordenen esa realidad. El esfuerzo pudiera comenzar por la reforma de la
que en la actualidad rige al Área Metropolitana de Caracas, la cual ha
estado sometida desde el 2000 a dos leyes distintas pero igualmente
ineficaces. Tanto la importancia de la capital de la República como el
hecho de que ya se haya experimentado sobre ella recomiendan tomarla
como punto de partida.
La elevada incidencia de los barrios
informales sobre nuestras ciudades (50% de la población urbana contra
una ya alta media del 30% en la región) recomienda rescatar el
abandonado Programa de Habilitación de Barrios que impulsara el Conavi
en 1999. El objeto sería establecer una suerte de ley-marco de
desarrollo urbano que estimule el ordenamiento y la urbanización de los
barrios informales existentes y evite la formación de otros nuevos
mediante la creación de áreas de recepción dirigida.
Esos tres sistemas de leyes deberían
nacer de un amplio debate que incorpore a la academia, los profesionales
y sus gremios, las autoridades y legisladores de distintos ámbitos y la
sociedad organizada. La mejor garantía de su éxito sería que lo
promovieran las universidades.
