por Michael Penfold
(Redacción A Todo Momento)
Hasta
ahora la mayoría de las encuestas apuntan a que la oposición ganará las
elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Pero el resultado no
necesariamente va a ser un fiel reflejo de lo que dicen los sondeos. Al
final de la jornada, la manera en que un sistema electoral altamente
desproporcional traduzca esa mayoría de votos en puestos dentro de la
Asamblea Nacional será lo que determine no sólo quién sino cómo se
triunfó en las parlamentarias.
El reto
del chavismo en la actualidad parece que ya no es vencer en las
legislativas, que a estas alturas lucen perdidas, sino reducir el
impacto de un potencial triunfo de la oposición. La diferencia en número
de diputados puede determinar en cuál escenario se estará moviendo el
país durante los próximos meses. Y cada uno de esos escenarios tiene
implicaciones políticas y constitucionales muy diferentes.(...)
Los
opositores que piensen que un triunfo en la Asamblea Nacional
inevitablemente activará el inicio de una transición rápida se
equivocan. El chavismo tiene cómo contener parcialmente ese escenario.
Pueden tener razón, sin embargo, al pensar que una derrota electoral del
chavismo conllevará a una fisura muy profunda de su control del poder y
promoverá cambios políticos significativos. De ahí que, más que un
triunfo opositor, lo que determinará el futuro del país en los próximos
años será cómo el chavismo llegue a perder las elecciones legislativas.
Ésa es la verdadera incógnita electoral.
Un primer
escenario donde la oposición logre obtener una mayoría simple puede ser
variado. Un resultado potencial es que la mayoría simple de diputados
(más de 50% o 84 diputados) no esté en manos sólo de la oposición
unitaria, sino que deba compartir ese dominio con diputados
independientes cercanos al gobierno (electos a través de terceras
opciones o diputados electos bajo la plataforma unitaria que salten
posteriormente la talanquera).
Ésta es la derrota ideal para el chavismo: pierde las elecciones pero al aceptar la derrota se relegitima internacionalmente.
En este
escenario, el chavismo decide gobernar con una oposición que considera
leal y con la que le resulta más fácil negociar (que controlaría cerca
del 10% de los puestos) y no con una oposición que considere que pueda
arrojarlos del poder (que controlaría cerca del 45% de los curules). En
este escenario, el Presidente Maduro preserva momentáneamente el poder y
pacta posiciones claves, como la Vicepresidencia de la República y
algunos ministerios. También construye una nueva coalición que
compartiría el costo social y político de un ajuste económico. Este
escenario, que es perfectamente plausible, es uno para el que la
oposición unitaria no está necesariamente preparada y que lógicamente
puede llegar a materializarse. También es una posibilidad que puede
tomar por sorpresa al mismo chavismo.
Bajo estos
resultados, tanto como las facciones dentro de la fórmula unitaria como
las del chavismo, podrían dividirse con los más radicales
considerándose traicionados. Éste es el llamado ‘escenario de la
cohabitación’. El Vicepresidente pasaría a ser la figura más emblemática
de este nuevo acuerdo y su permanencia en el poder sería la garantía de
continuidad de los cambios políticos y económicos, que son más de
dirección en las políticas públicas que en los arreglos constitucionales
y democráticos.
Y para nadie es un secreto que muchos grupos de ambos bandos apuestan fuertemente a este escenario.
Otra
posibilidad es que la oposición unitaria obtenga una solida mayoría
simple (con más de 55% de los diputados). Esta mayoría preservaría la
unidad por ser lo suficientemente robusta. Con este tipo de mayoría
simple, la oposición podría hacer uso constitucional de diversas
prerrogativas, como ejercer funciones de contraloría, impulsar leyes
como la amnistía política, promover enmiendas para ser votadas en
referéndum, revisar acuerdos internacionales con países extranjeros,
impulsar la descentralización, aprobar o negar el presupuesto, así como
las operaciones de crédito público e iniciar la renovación de aquellos
puestos de los poderes que no requieran expresamente de las dos terceras
partes para su designación.
Sin
embargo, el Presidente tendría constitucionalmente dos tipos de veto
para enfrentar esas decisiones de la Asamblea: puede vetar los proyectos
de ley y solicitar su revisión por parte de la misma mayoría que la
aprobó en el Parlamento. Si esta misma mayoría vuelve a aprobar la ley,
obligaría al Presidente a refrendarla. En última instancia, el
Presidente podría enviarla directamente a la Sala Constitucional para
que sea declarada sin lugar. Ambos poderes de veto hacen que el Tribunal
Supremo de Justicia se convierta en el arbitro final para la resolución
de los conflictos de interpretación sobre las prerrogativas de la
Asamblea Nacional.
En este
escenario estaríamos presenciando un conflicto entre poderes o lo que
también se conoce como ‘gobierno dividido’. En el corto plazo, este
juego lo podría controlar el chavismo a través del Tribunal Supremo de
Justicia, pero en la medida en que la crisis económica y política se
vaya profundizando, ese control puede llegar a ser insuficiente. De ahí
que para el chavismo resolver la crisis económica, aun teniendo que
asumir un alto costo, se convierte en un asunto vital: si no lo logra,
el país social puede terminar de precipitar una crisis de
gobernabilidad. Y, ante una situación de descontento generalizado, la
oposición podría activar el referéndum revocatorio a través de la
recolección de firmas. Pero para que esto tenga sentido político, debe
hacerlo después de la mitad del periodo presidencial y antes del cuarto
año del periodo, pues de lo contrario quedaría en funciones el
Vicepresidente de la República y no se tendría que llamar a una nueva
elección presidencial.
Es por eso
que la Sala Constitucional debe decidir cuándo se inicia dicho conteo:
si es a partir del 12 de octubre de 2012, cuando fue reelecto el
Presidente Chávez; si es a partir del 10 de enero de 2013, cuando debía
ser juramentado; o si es a partir de la elección del Presidente Maduro
el 14 de abril de 2013. Por ejemplo: si el periodo se inicia en octubre
de 2012, la oposición tendría poco más de 10 meses para activar un
referéndum revocatorio, porque después de ese tiempo se mantendría
efectivamente el Vicepresidente en el poder.
En este
esquema de gobierno dividido, la estrategia dominante del chavismo, pero
muy especialmente del presidente Maduro, sería nombrar un
Vicepresidente radical y potencialmente popular para retrasar la
convocatoria lo más posible. En la medida en que el chavismo logre ambos
objetivos hará menos atractivo para la oposición la idea de activar un
referéndum de esta naturaleza. Y para la oposición puede ser muy
riesgoso ir a un referéndum revocatorio si la alternativa es que se
quede un Vicepresidente en el poder que sea más radical o incluso un
posible sucesor chavista que se quede con el coroto y que luego pueda ser reelecto para un nuevo periodo constitucional.
Otra
opción para la oposición sería impulsar algún tipo de enmienda que
deberá ser sometida a referéndum (como por ejemplo limitar la reelección
y reducir el periodo presidencial), para lo cual no necesitan
recolectar las firmas. Así que el plan de impulsar un referéndum
revocatorio es complejo, pero no sólo por los obstáculos que supone,
sino por la precisión política que requiere los tiempos de su
activación.
Una
oposición con tres quintas partes de la bancada de la Asamblea Nacional
(más del 60% de los puestos o 100 diputados) sería, sin duda, una fuerza
política temible. En este escenario, la Constitución prevé que con tres
quintas partes no sólo es posible aprobar sino también revocar leyes
habilitantes. Además, se podría censurar y remover a cualquier ministro o
al Vicepresidente ejecutivo. Esta última prerrogativa puede profundizar
el conflicto entre ambos poderes y obligaría al Ejecutivo a negociar un
acuerdo político con la oposición para asegurar la estabilidad de su
gabinete o, en caso contrario, enfrentaría la presión política y social
de una posible renuncia o podría terminar con la disolución del
Parlamento.
De hecho:
un acuerdo sería lo único que garantizaría la gobernabilidad del país,
pues los ministros o el Vicepresidente estarían sujetos a perder sus
cargos de forma definitiva.
También es
importante señalar que, en este escenario, la división del chavismo
es más probable. Con que una pequeña facción de este grupo decida
cambiarse de bando se puede generar un acuerdo para controlar dos
terceras partes de la Asamblea Nacional. Y esto sin duda alteraría el
cuadro político venezolano.
Bajo esta
otra composición del poder, la Vicepresidencia podría ser un actor más
cercano a la oposición para dar garantías de haber una falta absoluta
del Presidente, sea por cualquier razón política o jurídica. Los
términos de la alternabilidad con el chavismo se realizarían de una
forma que proteja los acuerdos políticos y constitucionales a los
cuales se hayan llegado.
Un último
escenario, donde la oposición gana las dos terceras partes (más del 67%
de los puestos o 111 diputados), implicaría un poder prácticamente
absoluto del Parlamento sobre el aparato público y sobre la capacidad de
inducir un rediseño del arreglo constitucional. Con este poder
político, la Asamblea podría remover el Tribunal Supremo de Justicia así
como el resto de los poderes públicos. También podría revisar y aprobar
leyes orgánicas, promover una reforma constitucional o convocar una
Asamblea Nacional Constituyente. Además, podría también censurar o
remover al Vicepresidente de la República. Esta realidad supone un
cambio inmediato del arreglo político y el inicio de un quiebre
institucional.
En cada
uno de estos pronósticos, independientemente de la correlación de
fuerzas, la Vicepresidencia funciona, para bien o para mal, como una
piedra de toque. Esta posición se convertirá en el eje transaccional más
importante para dirimir los conflictos entre chavistas y opositores. En
algunos casos, la Vicepresidencia puede ser la bisagra para promover la
renovación del chavismo, sin necesariamente abandonar a la revolución,
aunque muy probablemente le toque sacrificar (más temprano que tarde) a
alguno de sus más prominentes grupos e individualidades.
El
Vicepresidente podría ser también el vehículo para inducir la
cohabitación entre distintos factores de poder, aparentemente
confrontados, con miras a sostener temporalmente la Presidencia pero a
cambio de una rectificación en materia económica y social. Incluso: el
Vicepresidente puede llegar a convertirse en la figura transitoria para
acordar los nuevos términos constitucionales del ejercicio del poder
frente a una oposición en pleno ascenso popular. Eso está por verse.
Todas
estas posibilidades muestran el profundo impacto que va a tener la
elección del 6 de diciembre, tanto en el ámbito político como económico y
social.
El país
pocas veces ha estado en un momento tan delicado, tan complejo y al
mismo tiempo tan frágil, en el que vamos a poder corroborar la calidad
de los liderazgos, tanto del lado del chavismo como de la oposición:
comprobaremos su capacidad para sacarnos de esta coyuntura o hundirnos
aún más en un crisis que se hace socialmente insoportable.
Todas las
cartas aún no están echadas. La clave estará en la capacidad de los
distintos actores para llegar a acuerdos creíbles en un ambiente de alta
polarización política y en medio de una profunda crisis económica.
Acuerdos que otorguen garantías mutuas, pero que también abran espacios
para que los venezolanos podamos iniciar un proceso de reconciliación
nacional, recomposición social, crecimiento económico y construcción
institucional.
Michael Penfold