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1989-2015: El paquete de CAP es aplicado 26 años después por Nicolás Maduro


Provea lo ha reiterado a lo largo de los dos últimos años: con el Presidente Nicolás Maduro estamos registrando importantes retrocesos en materia de derechos sociales. La progresiva implementación de un paquete de medidas económicas para enfrentar la caída de los ingresos petroleros y el déficit fiscal, han estado dirigidas más a imponer cargas sobre la calidad de vida de las y los trabajadores que a atender las causas estructurales de la crisis y brindar soluciones con respeto a los derechos humanos y garantizando la plena realización de estos.
Este paquete de medidas –aplicadas lentamente- guarda mucha similitud con las aplicadas en 1989 por el ex presidente Carlos Andrés Pérez y que se tradujeron en un acelerado crecimiento de la pobreza, la exclusión social y la conflictividad en el país durante los años 90.(...)
Algunas de estas medidas son:
1.- Devaluación de la moneda. El 16.02.1989 el ex Presidente de la República Carlos Andrés Pérez anunció la adopción de un nuevo esquema cambiario que consistiría en un cambio único y flexible que estaría determinado de acuerdo a la oferta y la demanda, esto supuso una devaluación de 197,1%.
En febrero de 2015 el Ministro de Economía y Finanzas y el Presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) anunciaron la creación del Sistema Marginal de Divisas (SIMADI) y la oficialización de tres tipos de cambio, con lo cual el tipo de cambio más alto (170 Bs por dólar) pasa a ser 27 veces mayor al tipo de cambio más bajo (6,30 Bs. por dólar) añadiendo más distorsiones a la inestable economía venezolana gobernada por la especulación, la incertidumbre y los hechos de corrupción asociados al mercado de divisas. Ya en febrero de 2013 la creación del SICAD II había significado una devaluación de la moneda en más de 380%.
2.- Aumento de tarifas de servicios públicos. El paquete de medidas del presidente Pérez también contempló ajustes en las tarifas de servicios públicos como electricidad y telefonía: “se ajustarán en forma progresiva las tarifas de servicio de Cadafe y Cantv” dijo el mandatario en su discurso del 16.02.1989.
El 01.09.2013 Corpoelec incrementó el precio base de los kilovatios/hora entre 45 y 60 por ciento y elevó el Cargo por Ajuste de Combustible y Energía (Cace) en 162%, este aumento abultó el monto de la facturación de los usuarios y el propio BCV informó que las tarifas del servicio eléctrico habían aumentado en 19,3% para ese mes. En agosto de 2014 el Ministro de Energía Eléctrica Jesse Chacón anunció una reducción en el subsidio al servicio eléctrico lo que se tradujo en un nuevo aumento. Entre 2013 y 2014 la inflación en servicios de vivienda que incluyen electricidad acumula un 67,4% según cifras del BCV.}
3.- Aumento de la gasolina. En 1989 CAP aprobó un aumento de 94% en el precio de la gasolina para ser implementado en un lapso de 3 años. Se aprobó un aumento de 30% en las tarifas de fletes para el transporte de carga y se informó que una comisión interdisciplinaria evaluaría –en tres meses- el ajuste de las tarifas del transporte público. Sin embargo el efecto inmediato que generó el incremento del combustible fue el aumento de los pasajes urbanos y extraurbanos. Una de las principales promesas para justificar el ajuste era que el ingreso se invertiría en mejorar el transporte público mediante la fabricación de unidades y repuestos en el país, ello nunca se concretó.
El pasado 14.02.2015 el Presidente del BCV, Nelson Merentes anunció que las condiciones ya estaban dadas para aumentar la gasolina. A pesar de haberse convocado a un diálogo para discutir el posible aumento, aún no se ha producido un debate real e incluyente que aborde las consecuencias negativas del incremento o las medidas compensatorias que deben tomarse frente al inminente incremento. Días después del anuncio hecho por Merentes se acordó un aumento de 40% en las tarifas de pasajes para las rutas suburbanas y extraurbanas.
4.- Liberación de precios. A diferencia de 1989 cuando el Presidente Pérez ordenó la liberación de los precios de productos de la cesta básica, el gobierno del Presidente Maduro mantiene un control de precios sobre la mayoría de estos productos.
Según cifras del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS) tan solo en diciembre de 2014 nueve rubros de la canasta alimentaria aumentaron a pesar de los controles de precios: carnes y sus preparados, 21,8; azúcar y sal, 16,2%; leche, quesos y huevos, 10,6%; granos, 8,0%; café, 7,8%; frutas y hortalizas, 5,8%; pescados y mariscos, 4,7%; cereales y productos derivados, 3,3% y grasas y aceites, 2,9%. De acuerdo al CENDAS la diferencia entre los precios regulados y los precios del mercado al cual accede la mayoría de los venezolanos es de 563,7%. El pasado 20.02.2015 la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNNDE) aprobó el aumento del precio pollo entre 65 y 125 bolívares y la carne entre 121 y 220 bolívares por kilo. 
El BCV informó que en 2014 la inflación en Venezuela se ubicó en 68,5% y en el caso de los alimentos en 102%. El aumento de 15% para el salario mínimo(5.634,47 bolívares) aprobado en enero de este año es insuficiente para cubrir los costos de la canasta alimentaria que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) se ubicó en 6.382,62 Bs. para el mes de noviembre de 2014.
Es precisamente la caída del ingreso de las y los trabajadores venezolanos lo que más ha contribuido al deterioro de su calidad de vida y a los importantes retrocesos en la lucha contra la pobreza que según el INE aumentó 6,7% entre 2012 y 2013 (de 25,4% a 32,1%). La caída del ingreso debido a las constantes devaluaciones y a los altos índices de inflación contribuyó en 35% a la pobreza total en el país según informó la CEPAL. Por su parte la dinámica de reducción de la desigualdad en Venezuela, registrada mediante el índice GINI, indica que la desigualdad disminuyó a tasas mucho mayores entre 2002 y 2008 y que entre 2008 y 2013 se registra una tendencia a más concentración del ingreso total del país por parte del sector más rico de la población.
En 1989 Provea advirtió que el paquete económico de CAP violaría por sus efectos, a corto y mediano plazo, los derechos humanos de las grandes mayorías nacionales y acentuaría la pobreza y la exclusión social. 26 años después, las consecuencias de aplicar medidas de ajuste similares y seguir descargando el peso de la crisis en la ciudadanía son nuevamente previsibles: un aumento acelerado de la pobreza, deterioro de la calidad de vida y más privaciones y penurias para los más pobres. (Prensa Provea, 23.02.2015)