Jorge A. Naveda S.
Planificador de la Dirección General Sectorial de Parques Nacionales,
INPARQUES.
Profesor del Postgrado de Ingeniería Agrícola, FAGRO – UCV, Maracay y del
Programa de Estudios de Postgrado Análisis Demográfico para el Desarrollo,
IIES - UCAB, Caracas.
El martes 2 de
septiembre del presente año, será recordado como un momento de quiebre en la
política ambiental de Venezuela. En medio de las expectativas del discurso
prometido por el Presidente Maduro que sacudiría los cimientos de la Revolución
Bolivariana, los ambientalistas (chavistas y no chavistas) quedaron
estupefactos frente al anuncio de la desaparición del Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente (MinPPAmb), siendo fusionado, nada más ni nada menos,
que con el Ministerio de Vivienda y Hábitat; para remate de colmos, le
diseñaron un nombre sugestivo e insultante para todo aquel que ha creído y
trabajado por la conservación y protección de los recursos naturales
venezolanos: Ministerio de la Vivienda, el hábitat y Ecosocialismo. Nadie puede
explicar con una lógica mínima, cómo se llegó a la conclusión en el Gabinete de
Maduro, que la actividad de intervención de tierras con fines urbanísticos era
compatible con las actividades de conservación y preservación de los recursos
naturales, la biodiversidad, los ecosistemas y los paisajes naturales; algo que
en cualquier parte del Mundo genera conflictos de interés, pero que por lo
visto, Maduro y su Gabinete no ven ni entienden. (...)
Creado en 1976,
el Ministerio del Ambiente Venezolano fue el primer ministerio de esta índole
de toda América y el segundo en el Mundo, después del Ministerio del Ambiente
francés. Su creación tuvo un gran impacto político en América Latina y en él
trabajaron equipos multidisciplinarios de venezolanos y extranjeros, que
ayudaron a desarrollar una serie de ideas novedosas sobre la planificación y la
gestión ambiental, la ordenación del territorio y la conservación de los
recursos naturales, ecosistemas y paisajes. Ello permitió la formación de
varias generaciones de profesionales que se destacaron en su trabajo
ministerial, lo cual les brindó la oportunidad de pasar al ámbito académico y
continuar como docentes-investigadores en universidades venezolanas y del
extranjero. Aun cuando la política ambiental venezolana siempre luchó por sus
posiciones con otras políticas públicas a lo largo de diferentes gobiernos, el
Ministerio del Ambiente siempre se destacó por su especialización técnica en
áreas como, planificación y ordenación territorial, manejo de cuencas, canalizaciones,
construcción de presas y embalses, así como la gestión de áreas protegidas y
otros campos de la política ambiental que fueron desarrollándose con el pasar
del tiempo. Entre los diferentes logros que pueden atribuírsele destacan de
sobremanera: 1) el desarrollo de una amplia legislación ambiental que va desde
leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas técnicas, planes de ordenamiento y
reglamentos de uso, etc.; 2) la ejecución del primer proyecto nacional de
compilación de información ambiental e indicadores territoriales, denominados
Sistemas Ambientales Venezolanos - 79; 3) la creación de una compleja red de
áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE) que incluyen a la áreas
de protección ambiental, sitios de protección por riesgo de inundación, áreas
para desarrollo integral agrícola, sitios de seguridad y defensa, áreas
para protección de infraestructura, áreas para puertos de aguas profundas y
otras formas de usos especiales; y 4) una red de represas y embalses a lo largo
y ancho del país que en su momento fue una de las más completas de
Latinoamérica. Todo ello elevó el prestigio del país a nivel internacional,
como una de las Naciones con mayores avances en materia ambiental, aun cuando
su base económica seguía siendo la explotación petrolera, actividad altamente
dañina al ambiente.
Contradictoriamente,
detrás de estos logros subyacen fuertes debilidades, que terminarían por
resquebrajar la planificación y gestión que el Ministerio desarrolló; en primer
lugar el modelo económico rentista que permeó al gobierno y a la sociedad
venezolana, y que permitió al país vivir una “ilusión de armonía”,
desvaneciéndose en la medida que dicho modelo fue haciendo aguas y perdió su
fuerza socio política. Así por ejemplo, el costo de la gasolina, el cual es tan
irrisorio y artificial, que hace imposible desarrollar proyectos de energía
alternativa que compitan económicamente con los combustibles fósiles; ello
trajo como consecuencia que el MinPPAmb no haya podido controlar los altos
niveles de consumo de combustible y contaminación, siendo el país de América
con la mayor producción de CO2 (6,5 Tm/per cápita/año) y de mayor consumo
energético (2.669 Kg. Eq. Oil/per cápita/año). De esta forma, la política
ambiental pierde ante la política del estímulo al consumo barato de gasolina.
Un segundo factor de debilidad, es que las políticas ambientales no nacieron de
las necesidades sentidas por la población venezolana, ni por la toma de
conciencia de la gente que identificó algunos de sus conflictos cotidianos como
problemas ambientales. Dichas políticas nacen de la inquietud de quienes
ejercían el poder, que influenciados por las ideas internacionales y por la
magnitud de la renta petrolera manejada por el Estado, estimuló formas
sofisticadas de repartición de la renta a través de políticas ambientales. Ello
hizo que las grandes mayorías no se identificaran con la necesidad de la
protección y conservación ambiental, interpretando que dichas políticas impiden
la explotación de recursos, restringen el trabajo y su desarrollo. La gente no
logra identificar los beneficios tangibles e intangibles de vivir en un
ambiente sano y libre de contaminación.
De esta forma,
el Ministerio logra desarrollar una amplia legislación ambiental, pero la misma
es altamente costosa de aplicar y hacer cumplir; además, muchas normas no se
adaptan a la gestión municipal. El proyecto de Sistemas Ambientales Venezolanos
no continuó, quedando una serie de manuales que fueron envejeciendo en el
tiempo y que no se han actualizado; además, su objetivo fundamental, era
desarrollar el Plan Nacional de Ordenación Territorial, el cual se culminó 19
años después, cuando los entornos económicos, sociales y políticos habían
cambiado a tal extremo que fue imposible su aplicación. Finalmente, la
dimensión territorial del Sistema de ABRAE, con 390 áreas y más de 70 millones
de hectáreas; así como sus disímiles objetivos de gestión, las hizo
inmanejables. Esto debido a que nunca se desarrollaron las unidades
administrativas especializadas para la gestión de los 25 tipos de ABRAES, lo
que hubiese requerido un portafolio financiero por el orden del 1,7 al 6,7% del
Presupuesto Nacional 2014, cantidad que no tiene ni siquiera el MinPPAmb. De
esta forma, las políticas ambientales y su organismo ejecutor entraron, en los
últimos años en un estado de crisis de relaciones y supervivencia, compitiendo
con políticas económicas y sociales, que aportan mucho más votos electorales
que la conservación ambiental, lo que terminó aislando al Ministerio,
estrategia que utilizaron inteligentemente los grupos de inversión para el
desarrollo, que generalmente son enemigos de las políticas ambientales. Otros
indicadores de la debilidad institucional, son la elevada tasa de deforestación
que sufren los bosques venezolanos, equivalente a 5.498,7 Km2 anuales, así como
la destrucción y contaminación con mercurio que sufre el sur del país por la
explotación del oro.
Ya en 1999
Chávez, entre sus acciones iniciales para reducir el tamaño del Estado, planteó
eliminar al Ministerio del Ambiente, pero su Gabinete y asesores le
recomendaron mantenerlo por la importancia que tenía en materia de los derechos
humanos y relaciones internacionales; además, si en el proyecto de la nueva
Constitución se planteaba colocar al ambiente con rango constitucional y al
“Desarrollo Sustentable” como imagen objetivo del país, hubiese sido poco
creíble la propuesta sin un órgano oficial encargado de desarrollar la política
ambiental.
Durante la
crisis del 2002 – 2004, las tensiones políticas, económicas y sociales,
hicieron que las políticas ambientales pasaran a tener muy poca relevancia,
pero el Ministerio manteniendo su carácter técnico ambiental, fue recuperando
espacios políticos dentro del Gobierno y en la opinión pública, lo que le
permitió desarrollar proyectos con dinero proveniente de organismos
internacionales e ir adaptando sus acciones a los nuevos esquemas de políticas
de planificación participativa, con lo que se desarrollaron una serie de
estrategias dirigidas a la gente y sus problemas más directos. Pero en el 2005,
las pugnas de los grupos de poder dentro del Gobierno llevaron al Ministerio a una
radicalización ideológica interna, lo que condujo a cambios radicales en sus
directivas, sacando definitivamente del juego político a las posiciones técnico
ambientales e imponiéndose el discurso social. Así, la planificación y manejo
de recursos quedó de lado, para desarrollar políticas inmediatistas como Misión
Árbol, el programa de reconversión minera, los congresos de biodiversidad que
terminaban en lineamientos políticos que nadie ejecutaba, se desmantelaron los
equipos técnicos claves para hacer más laxa la permisería, se redujo el
personal de campo, abandonando la vigilancia y control de las ABRAE del
MinPPAmb; y las unidades asociados a contratos de infraestructura y
mantenimiento, así como las de manejo forestal, pasaron a ser unidades con
dudosos procedimientos ambientales.
Si bien entre
el 2005 y 2010 el Ministerio redujo su capacidad de control ambiental, varios
grupos continuaron trabajando en proyectos de planificación, tratando de no
perder el norte de la institución, pero de estos proyectos, casi ninguno llegó
a aprobarse y publicarse en Gaceta Oficial. Era una especie lineamiento no
declarado, en el cual no debían salir nuevos planes de ordenamiento. A partir
del 2011, la debilidad del Ministerio llegó a tal extremo, que incluso para evitar
fracturas políticas dentro de PSUV, se negociaron cuotas de poder con el Frente
Francisco de Miranda, por lo que se le entrega de forma incondicional al
Instituto Nacional de Parques. Así, el otrora Ministerio de las grandes
políticas ambientales y que se mantenía al día en los temas ambientales
mundiales, dejó de existir hace algún tiempo, quedando un Ministerio agotado y
vapuleado por la politiquería sin sentido, discursos vacíos de contenido
técnico y que aun los pocos grupos de trabajo que se mantenían a favor de una
política ambiental, se convirtieron en grupos incómodos de sobrellevar. De esta
forma, el discurso de Maduro fue solo la estocada final de algo que se podía
esperar.
Revisando el
Decreto N° 1.213, G.O. N° 40.488 del 02/09/2014, donde se fusionan el MinPPAmb
con el Min. Vivienda y Hábitat, pueden intuirse algunas de las modificaciones o
supresiones. En el caso del Viceministerio de Planificación y Ordenación
Ambiental, este podría pasar al Ministerio PP de Planificación, lo cual podría
ser una oportunidad para desarrollar estrategias ambientales desde este
despacho de alto peso específico. La Dirección General de Bosques, podría pasar
al Ministerio PP de Agricultura y Tierras; el Viceministerio de Aguas queda
acéfalo, ya que no hay un Ministerio de Obras Públicas o algo similar, la
alternativa es que quede en Vivienda, pero las exigencias de este
Viceministerio rebasan las capacidades de este último; la permisería ambiental
debería pasar a la nueva autoridad única dirigida por Dante Rivas; y finalmente
la Oficina Nacional de Diversidad Biológica tiene una alta probabilidad de
desaparecer, ya que tampoco existe un Ministerio que se identifique con sus
funciones. En este caso, la única alternativa sería una potencial
reestructuración del Min. PP Agricultura y Tierra, creando una unidad de
Recursos Natural, como la tuvo en décadas pasadas el antiguo Ministerio de
Agricultura y Cría, algo que su actual ministro conoce muy bien.
Asumiendo una
posición más optimista, la desaparición del MinPPAmb, podría convertirse en una
gran oportunidad para el desarrollo de un nuevo esquema de políticas
ambientales. Sin el organismo que legalmente ejercía un poder centralista y
aprovechando ese vacío de poder, las gobernaciones y alcaldías podrían
posesionarse de una política ambiental regional y local que no se ha
desarrollado hasta ahora, cambiando el perfil de los lineamientos nacionales
por esquemas de acción local que permitan vínculos directos entre los problemas
cotidianos de la gente con el asunto ambiental. Así, las alcaldías deberían
romper con el primitivo esquema de gestión de los desechos sólidos a través de
empresas de servicio que monopolizan los megacontratos y generar un sistema
participativo de clasificación de desechos sólidos. Podrían desarrollar
sistemas de parques de recreación interconectados con corredores verdes que
mejoren la calidad de vida en las zonas urbanas y estos a su vez, contener
plantas de tratamiento de aguas servidas con filtros de plantas vivas
integradas a las zonas verdes y donde cada urbanización asuma el mantenimiento
de dichos sistemas de tratamiento. Generar asociaciones entre los gobiernos
locales, empresas privadas y ONGs ambientalistas, para programas de educación
ambiental y de desarrollo sostenible. Las gobernaciones tienen la oportunidad
de desarrollar sus propios Planes de Ordenación y sus sistemas de áreas
protegidas regionales en asociación con empresas privadas y grupos civiles de
interés local. Estas son solo algunas ideas, pero deben haber muchos otros proyectos
ambientales que las gobernaciones y alcaldías puedan desarrollar y que hasta
ahora el omnipresente y todo poderoso MinPPAmb no dejaba hacer ni promovía.
Convirtamos lo que parece la muerte de la política ambiental nacional, en el
nacimiento de las políticas verdes de los gobiernos regionales. El camino está
abierto y la gente está ávida de respuestas y nuevas alternativas.
