“Los tutsis no merecen vivir. Hay
que matarlos. Incluso a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y
abrirles el vientre para arrancarles el bebé”.
Este es tan solo uno de
los mensajes que se transmitieron en abril de 1994 a través de la Radio
Televisión Libre de las Mil Colinas (RTML), en Ruanda, que incitaron al
genocidio. “Las tumbas están sólo a medio llenar“, repetían desde la emisora.
Al cumplirse 20 años de
esa ola de violencia que causó la muerte de 800.000 personas, según cifras de
Naciones Unidas, resurge el tema de las responsabilidades de las autoridades
extremistas hutus.
Los
mensajes que alimentaban el odio eran acompañados de comunicados oficiales que
justificaban la limpieza étnica.
La RTML fue creada por
Ferdinand Nahimana, un intelectual fanático amigo de la esposa del entonces
presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana (hutu), cuyo asesinato fue el
detonante de la masacre propiciada, inicialmente, por los extremistas hutus
contra los ciudadanos tutsis.(...)
La población manipulada
por años y fuertemente empobrecida se hizo eco de estos llamados. Sobre todo
por el achicamiento del Estado como consecuencia de la aplicación de los planes
de ajuste estructural y la merma de los ingresos de la agricultura (eran
dependientes del café y el cacao) a partir de los años ochenta.
“Mucha gente nos dijo que
mataban porque la radio se lo pedía”, dijo la policía durante las
investigaciones del exterminio. La llamada “emisora del odio” llegaba a todos
los rincones de Ruanda.
La incitación
al delito venía acompañada de datos, nombres y señas de los tutsis y hutus
moderados a quienes los extremistas hutus llamaban a eliminar.
La identificación se
facilitaba porque por años los distintos actores políticos y económicos en
Ruanda se habían asegurado de dejar registros que distinguieran a los hutus de
los tutsis, cuando en realidad eran parte de una misma familia lingüística con
patrones de vida común.
“A los tutsis los llamábamos
escarabajos o serpientes, y eran nuestros enemigos. No decíamos ir a matar,
sino a trabajar. Ir al trabajo era el sinónimo que usábamos, a menudo, para
animar a la gente a asesinar”, confesó la locutora Valérie Bemeriki ante la
justicia.
La emisora tuvo un
complemento en el diario oficialista Kamarampak, que publicó mensajes e
informaciones contra los tutsis, específicamente contra el Frente Patriótico
Ruandés, liderado por el actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, también
acusado de genocida por su arremetida contra los hutus, principalmente, los que
se asentaron en Zaire (luego República Democrática del Congo) como parte de la
escalada del genocidio en la zona de los Grandes Lagos.
Los
mensajes, de la radio y del diario oficialista, estaban dirigidos a la población
en general y, sobre todo, la campesina. Todo hutu estaba llamado a hacer una
labor de patria en el exterminio de los tutsis. Los interhamwe (grupo
paramilitar), los militares y vecinos estaban destinados a “trabajar” contra el
enemigo común.
Una década después, el
Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó a cadena perpetua al editor
del diario Kamarampak, Bernard Hategekimanam, por genocidio e incitación pública
a cometerlo.
La sentencia dejó
constancia de que “no se respetó la responsabilidad que conlleva la libertad de
expresión y envenenaron las mentes de sus oyentes”, dice el escrito.
Justicia en entredicho
El Tribunal Penal
Internacional para Ruanda, instalado en Tanzania, fue establecido para
enjuiciar a los máximos responsables de genocidio y otras violaciones graves
del derecho humanitario cometidas en Ruanda entre el 1° de enero y 31 de
diciembre de 1994.
“Hubo una pugna con las
nuevas autoridades en Ruanda que decían que por haberse registrado el genocidio
allí, dependía de la justicia local impartir justicia con la aplicación de la
pena de muerte, y la comunidad internacional abogó porque fuese en un país
vecino sin pena capital”, explicó el africanista Mbuyi Kabunda, que calificó de
lamentable la actuación de la corte que a la fecha solo ha juzgado a ocho
personas.
Se han realizado otros
juicios puntuales en otras cortes como el del excapitán hutu Pascal
Simbikangwa, sentenciado en Francia a 25 años de cárcel.
Inacción internacional
La ONU se vio sobrepasada
por los hechos en Ruanda. La respuesta del organismo fue lenta pues se generó
un debate sobre cuándo el sistema internacional debía considerar que se estaba
frente a un genocidio y si lo que sucedía en Ruanda respondía a esa tipificación.
“El Consejo de Seguridad
no estaba dispuesto a describir lo que estaba ocurriendo como un genocidio
hasta que transcurrieron semanas. No hubo una voluntad colectiva de la
comunidad internacional para poner fin a esta terrible situación”, escribió el
periodista británico Adam LeBor en su libro Complicidad con el mal: Naciones Unidas
en la era del genocidio moderno. La atención de Occidente estaba centrada en la
crisis de los Balcanes.
El entonces
secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, dijo: “No es solo un
fracaso de las Naciones Unidas, sino también de la comunidad internacional. Se
ha cometido un genocidio. Más de 200.000 personas han sido asesinadas y la
comunidad internacional aún sigue discutiendo qué hacer”.
Posteriormente,
Boutros-Ghali acusó a otros actores internacionales como Estados Unidos y
Francia, debido a los intereses en la región y su actuación en el organismo.
En los hechos, la misión
de Naciones Unidas (Unamir) se retiró luego de que 10 cascos azules fueron
asesinados en la residencia presidencial mientras custodiaban a la primera
ministra hutu, Agathe Uwilingiyimana, acusada por los extremistas de
complicidad. Boutros-Ghali pidió en la ONU que se restaurara la misión, pero la
propuesta no tuvo éxito.
Se ha criticado, además,
que el Departamento de Operaciones de Paz de la ONU, dirigido entonces por Kofi
Annan, negó al comandante de las tropas de Ruanda, Romeo Dallaire, el
permiso para confiscar armas de las milicias hutu antes de que ocurriera el
genocidio.
Lo sucedido en Ruanda
supuso un cambio en los mecanismos de la organización, ya que antes de 1994 el
secretario general sólo permitía que los asuntos del Consejo de Seguridad
fuesen presentados por su asesor personal, Chinmaya Gharekhan, lo que supuso más
demoras.
Después de Ruanda,
especialmente durante la secretaría general de Kofi Annan, el Departamento de
Operaciones de Paz informa constantemente, de manera directa y sin dilaciones,
sobre el progreso de las misiones.
