Desde hace 8 meses, 8 trabajadores de la empresa mixta CIVETCHI, C.A.
ubicada en el estado Carabobo, permanecen detenidos en la cárcel de Tocuyito en
esa entidad, luego que intentaran organizar un sindicato.
“El gobierno no quiere sindicatos y la orden que tengo es acabarlos, o
sea, hacer todo lo posible para que no se instale el sindicato”. Estas son
palabras que según denuncian los trabajadores de Civetchi, C.A., fueron
pronunciadas por el presidente de esta empresa al finalizar una reunión, en la
que posteriormente 8 de ellos fueron detenidos por efectivos del Servicio
Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
CIVETCHI, C.A, es una empresa mixta con 51% de sus acciones bajo
propiedad del Estado venezolano a través del Ministerio del Poder Popular para
Industrias, el restante 49% pertenece al empresario Flavio Falsiriolli,
presidente de la misma. Esta empresa, ubicada en la Zona Industrial de
Valencia, ensambla camionetas y camiones con tecnología china.(...)
El Estado y sus instituciones, pero
principalmente el Ejecutivo Nacional, está en la obligación de escuchar y
atender los reclamos de los trabajadores, de detener la creciente criminalización
de sus luchas y de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos
Presos por defender el derecho a sindicalizarse
A principios de 2013, los trabajadores de CIVETCHI que habían venido
denunciando atropellos y precarización de sus condiciones de trabajo,
decidieron tomar las acciones necesarias para constituir un sindicato. En abril
de ese año, luego que la directiva de la empresa se opusiera a la iniciativa,
el SEBIN detuvo a los 8 trabajadores que encabezaron las luchas, acusándolos de
extorsión y asociación para delinquir.
Inicialmente permanecieron detenidos en la sede del organismo en
Valencia. La audiencia preliminar prevista a celebrarse el 26.07.2013, fue
diferida ya que el empresario Flavio Falsiriolli estaba fuera del país. El
29.08.2013 se realizó finalmente la audiencia, y allí se les solicitó a los
trabajadores la admisión de los hechos, pero dada la negativa de estos, la juez
de la causa ordenó la reclusión de los 8 trabajadores en el Internado Judicial
de Carabobo en Tocuyito, donde permanecen desde hace 8 meses, criminalizados
por luchar y presos por defender derechos.
Libertad sindical amenazada
La libertad sindical como derecho humano consagrado en pactos
internacionales suscritos por el país y en la Constitución Nacional, ha sido
reiteradamente amenazada en los últimos años. Las principales amenazas se han
realizado en empresas e instituciones del sector público, sin embargo, cada vez
son más frecuentes las medidas hostiles contra sindicalistas que participan en
conflictos y contra trabajadores que intentan organizar sindicatos en empresas
privadas, o con propiedad mixta entre privados y el Estado.
Más de 150 trabajadores y sindicalistas enfrentan procesos judiciales en
tribunales del país luego de haber defendido derechos como el salario y la
libre sindicalización. Medidas adoptadas por instituciones del Estado han
limitado el ejercicio de la libertad sindical, y han sido acompañadas por
episodios de hostigamiento policial, amenazas a la integridad,
descalificaciones públicas y prohibiciones de acercarse a sitios de trabajo.
En materia legislativa, un conjunto de leyes regresivas penalizan las
formas de lucha de los trabajadores, entre ellas la huelga, limitando la
posibilidad de que estos ejerzan la libertad sindical sin amenazas y
retaliaciones de ninguna índole.
Por ello, en diciembre pasado Provea junto a varias organizaciones
sindicales, demandó la nulidad parcial de la LOTTT, precisamente en aquellos
artículos que violan y limitan este derecho y contravienen el Convenio 87 de la
Organización Internacional del Trabajo y la propia Constitución Nacional.
Diálogo necesario
Hemos aplaudido la voluntad expresada por representantes del gobierno y
la oposición, para dialogar y debatir los problemas que atraviesa el país. Es
tiempo que el Ejecutivo Nacional y los representantes del Estado expresen esa
misma voluntad para abrir un diálogo sincero con los trabajadores y sus
organizaciones, aún más, en un contexto marcado por el ascenso de la
conflictividad y la protesta social producto de las demandas insatisfechas.
El Estado y sus instituciones, pero principalmente el Ejecutivo Nacional,
está en la obligación de escuchar y atender los reclamos de los trabajadores,
de detener la creciente criminalización de sus luchas y de garantizar el
ejercicio pleno de sus derechos. Desde Provea exigimos la libertad para los
trabajadores de CIVETCHI y el cese de la criminalización de la protesta social.
