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25 marzo, 2011

Antropólogo Esteban Emilio Mosonyi habla de la nueva Ley Orgánica de Ciencia: ¿Una ciencia neoliberal para la transformación social?

Esteban Emilio Mosonyi ha venido trabajando durante años dentro de la antropología cognitiva, cuya denominación estandarizada es etnociencia. En tal sentido considera que el saber popular y el propio de los pueblos no occidentales constituye una suerte de ciencia alternativa frente a la noción clásica de ciencia, enarbolada especialmente por el cientificismo positivista y eurocéntrico.

Se siente con responsabilidad moral para hablar de la nueva Reforma a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual –considera- arremete agresivamente contra lo que sus autores consideran conocimiento socialmente no pertinente, es decir elitesco, cuasi-contrarrevolucionario, ya que convalidan tan solo la ciencia aplicada, y dentro de ella la que cubre ciertas áreas unilateralmente definidas como prioritarias, pero que más convendría llamar apriorísticas por su falta de sustentación.

“Para dar un ejemplo- comenta el antropólogo- mi especialidad de antropólogo-lingüista caería fuera de dicha perspectiva, y los trabajos que mis colegas y yo hemos realizado durante largos años en comunidades indígenas y tradicionales no serían dignas de apoyo. En consecuencia, somos vistos como unos inútiles sociales”.

Señala que “se plantea un rancio recurso-humanismo copiado al carbón de los modelos científico-académicos típicamente neoliberales que están recorriendo el mundo entero: todo lo contrario al sentido más elemental de lo que es una aspiración revolucionaria”.

Destaca que la nueva ley “minimiza a la figura del investigador científico, al enfocar en forma deliberada el producto final de su labor como lo único válido, digno de atención y eventualmente de retribución” y suprime de un plumazo el amplísimo valor a la formación y crecimiento de cada investigador, su desempeño curricular, su obra hecha y en proceso de elaboración”.

En tal sentido pide un “debate en colectivo” para una “rectificación a tiempo” de una ley que puede detsruir todo el que hacer científico que se ha venido desarrollando en Venezuela.