Por MARIA EUGENIA ROJAS
DESDE LA CLANDESTINIDAD PORQUE PARA HABLAR DEL GOBIERNO O DE LA OPOSICIÓN HAY QUE SER CLANDESTINO
Luego del 26S, pasados los estertores del gobierno y la oposición tratando de convencer, cada uno por su lado, que lograron la victoria en las elecciones parlamentarias; surge la necesidad de efectuar un análisis del verdadero alcance de los resultados electorales, esto es, sus consecuencias; lo cual no luce sencillo, dada la ambigua forma de hacer política en Venezuela actualmente, esto es, manteniendo un comportamiento pragmático y electorero, aunque a efectos del discurso mediático se propugne por posiciones ideológicas; y con una dirigencia que en algunos momentos parece creerse la imagen que ella misma se ha prefabricado a objeto del marketing y en otros parece responder a la realidad existente.
Para el caso de las Elecciones Parlamentarias se observan en la conducta de los actores políticos las contradicciones que emergen de la ambigüedad antes señalada: a discursos eufóricos, donde se convence a los seguidores del éxito logrado, subsiguientemente se acompañan conductas prudentes, expresión de lo complicado de los escenarios existentes.
Sin embargo, una revisión de las distintas reacciones de los factores políticos ante los resultados electorales del 26S, puede ayudar a ir hilvanando el escenario general que regirá el desenvolvimiento del nuevo parlamento nacional.
En este mismo orden de ideas, para poder entender las reacciones de los actores políticos en Venezuela, debe partirse del marco inicial conforme al cual sólo se reconocen dos factores en contienda: el gobierno y la oposición; circunstancia ésta no sólo alimentada por dichos factores, sino por los medios de comunicación, y la cual coloca en evidente desventaja los planteamientos hechos por otras tendencias como la representada por el partido político Patria Para Todos (PPT), dado que el discurso no se centró en ideas o planteamientos sino en los dos factores polarizados, no se produjo debate de propuestas, sino de colores, descalificaciones e “ideologías”.
Desde el gobierno, luego del desconcierto por los resultados (que en tanto no correspondieron con lo proyectado, donde no sólo no obtuvieron los 2/3 de los cargos sino que perdieron plazas inexpugnables hasta la fecha –Anzoátegui, Sucre, Distrito Capital, entre otras- lo cual constituye una derrota); hubo una primera reacción de “huida hacia delante”, no sólo minimizando las consecuencias de no haber logrado la mayoría calificada esperada, sino amenazando por un lado, con forzar por vía de subterfugios leguleyos la aprobación de las decisiones que requieran, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el voto favorable de los 2/3 de los diputados –aún a costa de violar la Constitución y con ello favorecer a quienes propugnan porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no se institucionalice-, y fanfarroneando por el otro, con la aprobación por parte de la actual Asamblea Nacional de las leyes que requieren dicha mayoría calificada.
Ahora bien, sin perjuicio que las referidas amenazas pudieran materializarse (con un alto costo político, dado que el mismo gobierno –torpemente- pregonó esta intención soportada en la fuerza de los números –mayoría de diputados- y no en la fuerza de la razón); la dirigencia chavista (una vez marcada la pauta por el Presidente Chávez), optó por suavizar su posición frente a los resultados, tomando en cuenta inclusive los modestos logros del PPT; todo lo cual pudiera llevar al transito por una opción distinta a la de la fuerza para el desenvolvimiento de la nueva Asamblea Nacional, como lo sería la negociación, o responder simplemente a un cálculo de costo político, donde las acciones de fuerza a partir de las maniobras antes señaladas, sólo se verifiquen de manera puntual, dado que al contar el partido de gobierno con la mayoría de los diputados, la capacidad de control es mayor.
En todo caso, la concreción de la conducta a seguir por el partido de gobierno en la nueva Asamblea Nacional estará directamente vinculada al anuncio por parte del Presidente Chávez del inicio de su campaña por la Presidencia de la República para el 2012; lo cual no responde (como de manera simplista creen algunos analistas) a un ardid para hacer olvidar la derrota del 26S (la cual no fue tal, dado que, como se expresó con anterioridad, si bien el gobierno no obtuvo la posición holgada de hoy en día, tiene una mayoría que le permite reducir al mínimo la necesidad de argucias o negociación), sino a la política permanente del Presidente Chávez, según la cual el acento está puesto (de una manera esencial) en mantener el poder como un fin en sí mismo, y en consecuencia, sólo se verifican las acciones de gobierno que producen rédito electoral; en contraposición con la política destinada a satisfacer las necesidades de la población como interés principal, en el entendido que, de ser acertada producirá una consecuencia electoral favorable.
Con el anuncio del inicio de la campaña presidencial, el Presidente Chávez ha conseguido además (nuevamente), fijarle la agenda a la oposición; la cual además, vuelve a reaccionar de manera instintiva a las políticas del gobierno, como se pudo verificar en el caso de las mal llamadas expropiaciones a las empresas constructoras de inmuebles, donde al emerger en contra de la citada decisión gubernamental de manera mecánica, se colocó de espaldas a importantes sectores de la clase media, cuyos favores electorales se buscan con tal medida, pero que, evidentemente, no responden a una política integral de vivienda y mucho menos de control de la especulación, la cual se viene manifestando en innumerables ámbitos, como es el caso de los vehículos, seguros, instituciones educativas; sin que se verifique la existencia de una política general.
En este punto, es posible prever que la conducta del partido de gobierno en la nueva Asamblea Nacional estará definido por la conveniencia político-electoral del Presidente Chávez, el cual tratará de imponer sus proyectos, vista la mayoría que ostenta, radicalizando sus posiciones; pero tratando de mantener una economía de costos (oportunismo), donde entrará en juego su capacidad de negociación, pero siempre privilegiando el uso de la fuerza, dada la vinculación de conciliación con debilidad que realiza el gobierno al momento de desarrollar sus políticas.
