Cuando meses atrás la Asamblea Nacional aprobaba con especial celeridad la reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE), se daba inicio al montaje de la argumentación legal, aunque inconstitucional, para hacer realidad lo que ocurrió en las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, donde la fuerza política que ocupara el primer lugar en la votación se llevaba casi la totalidad de los diputados, dejando sin representación a las minorías.
La aprobación de la ley fue posible por la aplastante mayoría del partido de gobierno en el parlamento nacional, que hizo caso omiso de las protestas de los diputados de Patria Para Todos y de otros que adversan al Presidente Chávez. El proyecto de ley electoral que elaboró el CNE quedó a un lado, el que entró en discusión fue el que llevó un motorizado desde la oficina de Francisco Ameliach.
Por su parte, los partidos de oposición no hicieron mayor alharaca contra lo aprobado en la AN. Pareciera que sacaron cuentas y pensaron que era mejor quedarse callados, hacerse los locos con la violación a la Constitución y obtener el mayor provecho a la LOPE. Una cuenta fácil, en las regiones donde la oposición es fuerte podrían alzarse con la mayoría de loas diputaciones. Eso fue lo que ocurrió ahora en Zulia, Táchira, Nueva Esparta, entre otros estados.
Los resultados electorales en el estado Lara son un buen ejemplo para demostrar como la actual LOPE sólo es buena para los partidos mayoritarios y discrimina a las minorías. Allí los votos se los repartieron fundamentalmente tres fuerzas: PSUV con poco más del 40%, la oposición con alrededor del 30% y el PPT con 29%. y las 9 diputaciones fueron para el PSUV (6) y la oposición (3). Lo democrático, lo constitucional es que el reparto sea proporcional a los votos obtenidos, de manera que al PSUV le corresponderían 4 diputados en el mejor de los casos, 3 a la oposición y 2 al PPT.
Hay muchos más ejemplos, de manera que la Asamblea Nacional que iniciará su período el 5 de enero, no es la expresión real de las organizaciones y sectores de la vida nacional que concurrieron a los comicios del 26 de septiembre.
Devolverle la constitucionalidad a la Ley Orgánica de Procesos Electorales debe ser una de las prioridades de la nueva AN, para desterrar la trampa, para que los venezolanos retomen la confianza y credibilidad en las instituciones y en el sistema democrático.
