La UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) se enfrenta a un callejón sin salida en la terquedad del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, para ampliar la instalación de bases norteamericanas en el territorio de su país. Otros presidentes están en contra. Prefieren preservar la soberanía y la independencia de América del Sur.
En la reunión de Bariloche, en agosto, el presidente Lula argumentó: si desde 1952 las tropas estadounidenses no consiguieron erradicar el narcotráfico en Colombia, ¿por qué ahora estarían facultadas para hacerlo?
En Colombia conviven tres Estados paralelos: la guerrilla de las FARC, los narcotraficantes y los grupos paramilitares creados supuestamente para luchar contra los dos primeros. Desde 1991, unos 2.500 sindicalistas fueron asesinados en ese país, cinco bajo el gobierno de Uribe. Los paramilitares aprietan el gatillo, pero los que los financian son las empresas nacionales y transnacionales.
La Coca-Cola ha atravesado procesos judiciales por haber utilizado a los paramilitares para reprimir actividades sindicales, entre 1992 y 2001, que resultó en la muerte de siete sindicalistas. Chiquita Brands, el mayor exportador de banano, admitió haber financiado al grupo terrorista “Defensa de Colombia”. Dyncorp ha sido acusado de contaminar con sustancias tóxicas los cultivos de los pequeños agricultores en la frontera entre Colombia y Ecuador, con el objetivo de erradicar los cultivos de coca. Estos hechos han impedido que el gobierno de EE.UU., dedicado a la investigación de estas empresas, realice el gran sueño de Uribe: firmar el Tratado de Libre Comercio entre ambos países.
Drummond Company, con sede en Alabama, opera las minas de carbón y está acusada de ordenar el asesinato, en manos de paramilitares, de tres dirigentes sindicales. Ésta extrae de Colombia más de 16 millones de toneladas de carbón al año. Su ingreso anual se calcula en 500 millones de dólares, gracias al trabajo de 3 mil mineros que son pagados, cada uno, con 2,5 dólares la hora.
La justicia de Atlanta, acusó a la compañía de encubrir los asesinatos de los sindicalistas colombianos y ordenó a la empresa, basados en una ley de 1789 promulgada para castigar los actos de piratería y delitos cometidos fuera del territorio de los EE.UU.. El proceso judicial se llevó bajo secreto, pero los medios de comunicación de Alabama, ejercieron presión y ahora sabemos que Rafael García, ex jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)- quien fue apresado por haber destruido documentos de interés que comprometían a narcotraficantes de su país-, recientemente puso de manifiesto las conexiones entre los legisladores y los funcionarios comprometidos con los paramilitares.
García reconoció que poco antes del asesinato de sindicalistas presenció una reunión entre el Presidente de la filial colombiana de Drummond y el jefe paramilitar que controlaba la región. Vio cuando el empresario entregó 200 mil dólares para el asesinato de los sindicalistas. También dijo que los paramilitares estaban utilizando botes pertenecientes a Drummond para transportar cocaína a Europa e Israel.
Apoyar que en Colombia se dé un tercer mandato de Uribe, es un voto para la corrupción y la impunidad.
