El
internacionalista Óscar Vidarte analizó el debate e intervenciones de
representantes de Chile, Colombia, Estados Unidos y otros países frente a la
propuesta presentada por el canciller peruano
Por Camila Calderón
La reciente
intervención del canciller Hugo de Zela ante la Organización
de Estados Americanos (OEA) motivó un intenso debate regional sobre
los límites y alcances del asilo diplomático. El ministro
de Relaciones Exteriores insistió que el planteamiento peruano no
buscaba individualizar casos como el de Betssy Chávez, expremier
protegida por México, sino llamar la atención sobre el uso indebido de la
figura con fines ideológicos.
En diálogo
con Canal N, aclaró que no se mencionó el caso específico de la condenada
a más de 11 años de prisión por el fallido golpe de Estado “porque,
como es obvio, la OEA no tiene jurisdicción para ver ese caso”. “Lo que hemos
planteado es, a partir de lo ocurrido con Betssy Chávez y varios otros casos en
la región, una preocupación por el hecho de que la Convención sobre
Asilo se esté mal utilizando para fines ideológicos y no para los que
fue creada, es decir, proteger a personas perseguidas por sus opiniones
políticas”, explicó.
Agregó que el objetivo peruano es buscar un mecanismo obligatorio mediante el cual se solicite información al Estado territorial antes de conceder el asilo, para evitar su uso arbitrario. “Hay que buscar la forma en que todos los países nos pongamos de acuerdo para crear un procedimiento que sea obligatorio”, insistió.
¿Cuáles
fueron las posiciones de los demás países al planteamiento de Hugo de Zela ante
la OEA?
La delegación
de Chile defendió que “la protección otorgada a una persona que ha
solicitado protección personal es un acto humanitario sin discriminación”,
subrayando el asilo como un derecho humano regido por tratados internacionales
y tradición latinoamericana.
Colombia fue
aún más taxativa: “No debe evolucionar a un mecanismo
condicionado, porque ello podría comprometer su calidad de protección. La propuesta
(peruana) contradice la tradición latinoamericana”. El país caribeño dejó
claro su respaldo absoluto a la postura de México, resaltando que el
otorgamiento del asilo corresponde exclusivamente al Estado asilante, sin
intervención del Estado territorial.
Por su parte, Ecuador criticó
los abusos, señalando que “algunos asilos generaron intolerables
situaciones de impunidad”. Remarcó que el asilo solo puede darse
“cuando se persigue por motivos políticos y solo en caso de urgencia”,
exigiendo además comunicación transparente entre los Estados involucrados.
Uruguay reconoció
la importancia de debatir el tema, pero advirtió: “No se debe debilitar ni
mucho menos negar el asilo”. El representante uruguayo también instó a la
restauración de relaciones diplomáticas entre Perú y México, tras las tensiones
por el caso Betssy Chávez.
Desde la
perspectiva de Estados Unidos, la protección sigue siendo una
obligación derivada del derecho internacional. “Pedimos el respeto a las
misiones diplomáticas. EE. UU. seguirá levantándose por los perseguidos
políticos”, declaró su portavoz en la OEA.
Argentina reivindicó
el carácter de derecho humano del asilo e ilustró con un caso reciente: “En
2024, Argentina concedió asilo a ciudadanos venezolanos bajo medidas de presión
y amenazas a la embajada”. Para el embajador, garantizar el asilo es una
obligación ineludible de los Estados.
Brasil se
manifestó contra la creación de nuevos requisitos, defendiendo que el asilo
debe ser una decisión soberana y exclusiva del país que lo concede. “No
compartimos la visión de que se necesiten agregar requisitos. Las
convenciones de La Habana, Montevideo y Caracas indican que se debe de respetar
el asilo”.
Desde México,
como se esperaba, la intervención fue particularmente crítica: “No estamos en
el espacio competente para evaluar la aplicación de la Convención sobre asilo
diplomático ni mucho menos para revisarla o modificarla”. La embajadora Luz
Elena Baños recalcó que actuación del gobierno de Sheinbaum, ha sido acorde a
la normativa interamericana y cuestionó la oportunidad de la propuesta de Perú,
advirtiendo que no todos los Estados firmantes de la Convención de Caracas
integran la OEA.
¿Derrota
diplomática?
El internacionalista
Óscar Vidarte evaluó en X la jornada como un revés para la diplomacia
peruana: “En el Consejo Permanente de la OEA, la propuesta peruana solo
recibió el apoyo de Ecuador e indirecto de Paraguay. Argentina,
Estados Unidos y Panamá no se la jugaron por el Perú. México, Brasil, Colombia
y Uruguay fueron críticos de la posición peruana, defendieron el asilo. Perú
muy solo”.
El
especialista subrayó que, pese a los esfuerzos
de desligar la propuesta del caso Betssy Chávez, “se cuestionó mucho que se
pidan revisiones al asilo sobre la base de cuestiones coyunturales y el
desconocimiento del Derecho Internacional”. Destacó el argumento de Perú sobre
el contexto distinto a décadas pasadas, donde predominan regímenes autoritarios,
pero reconoció que el debate evidenció la vigencia e importancia del asilo ante
la “gran debilidad democrática” en la región.
Sobre la
propuesta de crear un procedimiento obligatorio que solicite información previa
al Estado territorial, el internacionalista consideró que no es viable.
Explicó que el artículo 9 de la Convención de 1954 ya prevé que el Estado
asilante puede considerar la información brindada, y que los requisitos
adicionales dilatarían la protección urgente prevista en los artículos 5 y 12
del tratado. Además, recalcó que la calificación del delito corresponde al
Estado asilante, tal como dicta el artículo 4, y que cualquier reforma
normativa no tendría efecto retroactivo.
“Al margen de
si puede reformarse la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 o no, esta
debe cumplirse. Las modificaciones no son retroactivas. El Perú está
obligado a cumplir y brindar el salvoconducto”, concluyó.
Fuente:
INFOBAE. Imagen: Cancillería de Perú.
