Juan Linares / Opinión
La crisis que atraviesa la clase trabajadora venezolana —activos, jubilados y pensionados— no es un accidente ni el resultado del azar. Es el producto de una política sistemática y continuada diseñada desde el patrono Estado para pulverizar el valor del trabajo y condenar a la miseria a quienes dedicaron su vida a construir el país. Ante un poder que apuesta al desgaste, a la división y al olvido, la respuesta de la clase obrera debe ser implacable: unidad sin fisuras, organización estratégica y constancia indomable. Esta lucha es de todos; aquí nadie sobra y cada quien debe aportar su grano de arena y sabiduría.
El Diagnóstico de la Destrucción: Salarios de Hambre y Bonificación
El reclamo central de los
trabajadores venezolanos se fundamenta en el Artículo 91 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el cual establece que todo
trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita cubrir la canasta
básica. Hoy, la realidad es una bofetada: un salario mínimo inferior a los 3
dólares mensuales.
Para evadir esta obligación constitucional, el Ejecutivo nacional implementó la política de la “desalarización”, sustituyendo el sueldo por bonos (como el Ingreso Mínimo Integral). Esta trampa financiera no incide en las prestaciones sociales, las vacaciones ni las utilidades. Las consecuencias son devastadoras:
Prestaciones de miseria: Hoy en día, el Ministerio de Educación jubila a un docente o trabajador administrativo pagándole entre 100 y 250 dólares de prestaciones sociales tras 25 o 30 años de servicio.
El colapso de la seguridad social: Con salarios base destruidos, es matemáticamente imposible sostener los fondos de previsión. El régimen de Nicolás Maduro reformó en 2014 la Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, eliminando las tasas fijas del 10% de descuento que antes garantizaban un retiro digno.
Las Leyes Olvidadas y el Saqueo de las Cajas de Ahorro
Existe un frente de lucha que la
clase obrera ha dejado en el olvido y que debe ser reactivado con urgencia: la
Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones Similares (Gaceta
Oficial N.º 39.553 del 16 de noviembre de 2010).
Esta herramienta de protección socioeconómica fue herida de muerte por el nefasto Memorando 2782 y rematada por el Instructivo ONAPRE, instrumentos concebidos por Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Eduardo Piñate, con la complicidad de los esquiroles sindicaleros de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) liderada por Wills Rangel, y las facciones del FBT/M21 con Pedro Perales, José Gil y Ángel Marcano.
Alerta Legal: Mientras los jubilados
sobreviven con pensiones que no llegan a un dólar mensual, directivas corruptas
de diversas cajas de ahorro se apropian indebidamente de los recursos (donde el
trabajador aporta el 10% y el patrono el 20%). Esto constituye un delito penal.
Quienes se apropien de estos fondos deben ser procesados bajo los artículos 468
y 470 del Código Penal (Apropiación Indebida), además de las sanciones
administrativas y destituciones civiles correspondientes.
La Amenaza Inminente: La "Constituyente Sindical" y el Ataque a la Retroactividad.
Los trabajadores debemos estar en
máxima alerta. El régimen no busca la prosperidad del país, sino perpetuarse en
el poder. Para blindarse, pretenden instalar una "Constituyente
Sindical" o un Congreso de la Clase Obrera tutelado. El objetivo perverso
de esta maniobra es reformar la CRBV y la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) para legalizar el despojo definitivo.
Los Objetivos del Eje Patrono-Empresarial:
El régimen, de la mano con los históricos enemigos de los trabajadores agrupados en cúpulas como Fedecámaras y Fedeindustrias, y apoyados por la CBST, busca eliminar los derechos más sagrados de la contratación colectiva:
La Conspiración contra la Ley: Lo que
pretenden reformar
Para legalizar el despojo de nuestros
derechos, el régimen (con el aplauso de Fedecámaras, Fedeindustrias y los
cómplices de la CBST) necesita meterle mano a las leyes fundamentales. Sus
objetivos perversos están dirigidos a los siguientes artículos:
1. El Ataque a la Constitución (CRBV)
Artículo 89 (Protección al Trabajo):
Este artículo establece que el trabajo es un hecho social y goza de la
protección del Estado, además de defender la intangibilidad y progresividad de
los derechos laborales (es decir, que no se pueden desmejorar). El objetivo del
régimen es debilitar este principio para que las desmejoras actuales se
consideren "legales".
Artículo 91 (Salario Digno): Es el
artículo que obliga al Estado a garantizar un salario mínimo vital ajustado a
la canasta básica. El objetivo aquí es eliminar el piso constitucional del
salario y abrir la puerta legal para que los bonos sin incidencia (como el
Ingreso Mínimo Integral) pasen a ser la norma definitiva, sepultando el sueldo
real.
Artículo 92 (Prestaciones Sociales):
Este artículo consagra el derecho de los trabajadores a prestaciones sociales
que les compensen la antigüedad y los protejan en caso de cesantía. El régimen
y las cúpulas empresariales quieren reformarlo para borrar la obligación
constitucional de resguardar el ahorro de toda la vida del trabajador.
2. El Asalto a la Ley del Trabajo
(LOTTT)
Artículo 122 (Salario para el Cálculo
de Prestaciones): Este artículo estipula que las prestaciones se calculan con
base en el último salario devengado. Al modificarlo, buscan que los bonos
queden legalmente excluidos de cualquier cálculo, asegurando que las
liquidaciones sigan siendo de miseria.
Artículo 142 (Garantía y Cálculo de las Prestaciones Sociales): Este es el corazón de la retroactividad de las prestaciones sociales. Dicta cómo se acumulan los días de salario por cada año de servicio y obliga a pagar lo que resulte más favorable al trabajador al final de la relación laboral. El objetivo principal de la "Constituyente Sindical" es eliminar la retroactividad para liberar al Estado y a los empresarios de los billonarios pasivos laborales que le deben a la masa obrera, destruyendo el futuro de quienes van a la jubilación.
Asimismo, pretenden acabar con la libertad y autonomía sindical, imponiendo un modelo donde los sindicatos independientes desaparezcan y las directivas sean electas con la participación forzada de los consejos comunales, los patronos y los Consejos Productivos de Trabajadores (CPTT).
El Camino es la Firmeza Cívica y la
Transición Democrática
No habrá reconstrucción económica ni
social en Venezuela sin una transición democrática. Por ello, la agenda de la
clase obrera organizada debe trascender la queja y convertirse en una propuesta
política y económica para el país. Exigir elecciones presidenciales inmediatas
y transparentes forma parte de la agenda sindical, pues sólo bajo un hilo
constitucional recuperado se podrá restituir el estado de derecho.
La dignidad del trabajador venezolano sigue en pie. Para recuperar el futuro que nos fue arrebatado, el bloque de activos y jubilados debe basarse en tres condiciones innegociables:
1. Unidad sin fisuras: Superar
la dispersión gremial. Unificar las federaciones, sindicatos independientes,
jubilados y pensionados en un solo frente de lucha.
2. Organización estratégica: Crear y
fortalecer estructuras de resistencia y contraloría en cada escuela, hospital,
ministerio, empresa básica y comunidad.
3. Constancia indomable: Mantener la movilización permanente, pacífica y cívica en las calles.
Los derechos adquiridos no se negocian ni se mendigan; se defienden con la fuerza de la razón y la movilización en la calle. ¡La lucha es de todos y es ahora!
