Justicia interina: Lo intrincado de la provisionalidad judicial en Venezuela.

Abg. Ángel Linares Rincón / Opinión

La estabilidad de los jueces no representa un privilegio gremial; constituye, ante todo, una garantía para los ciudadanos frente a la arbitrariedad en el ejercicio del poder. En Venezuela, sin embargo, lo que debió operar como una excepción constitucional se ha extendido en la práctica. En la actualidad, una parte significativa de los magistrados y operadores de justicia se encuentra en situación de provisionalidad, una condición jurídica que debilita el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Esta realidad no responde a una coyuntura aislada, sino a una distorsión estructural de carácter histórico que se ha mantenido por décadas. Ya en un informe presentado en el año 2004, la organización Human Rights Watch (HRW) señalaba la complejidad del asunto al indicar que, de un universo de 1.732 jueces en el territorio nacional, solo el 20 % disponía de titularidad mediante concurso público de oposición. El 80 % restante se distribuía en una estructura compuesta por jueces provisionales (52 %), temporales (26 %) y otras figuras afines (2 %). Con los años, los concursos de oposición disminuyeron de manera progresiva.

En el presente, la situación judicial mantiene desafíos complejos. Según el desglose estructural emitido por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en sus informes sobre el estado institucional del país, los datos recopilados desde 2019 muestran un panorama que requiere atención: cerca del 14,7 % de los jueces poseen la condición de titulares fijos, mientras que el 85,3 % restante ejerce sin titularidad formal, bajo las figuras de provisorios, temporales o accidentales. Este escenario difiere del diseño constitucional original. El texto de la Constitución de 1999 establece en su artículo 255 de forma taxativa que el ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces deben realizarse mediante concursos públicos de oposición, con el fin de asegurar la idoneidad, la excelencia y la independencia de la función judicial. No obstante, la práctica institucional ha seguido un curso distinto. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por medio de su Comisión Judicial, ha priorizado la designación directa de funcionarios provisorios, un mecanismo que posterga la aplicación de los filtros de mérito contemplados en el texto constitucional. Al prescindir de estos baremos, la generalización de la provisionalidad altera la naturaleza de la función judicial, lo que puede incidir en la percepción de imparcialidad del sistema frente a otros órganos del Estado.

A diferencia de los jueces titulares, quienes cuentan con las garantías de inamovilidad reguladas en el Código de Ética del Juez Venezolano, los operadores provisionales presentan una mayor vulnerabilidad laboral. En la práctica, se ha observado un esquema de remoción directa mediante oficios administrativos emanados de la Comisión Judicial del TSJ, un proceso que suele prescindir de las fases ordinarias de un juicio disciplinario o de una fundamentación detallada. Esta condición introduce un factor de presión institucional sobre el juzgador, cuya permanencia podría percibirse vinculada a la recepción de sus fallos. Ante el riesgo de un cese de funciones, el sistema genera dinámicas complejas que pueden comprometer la independencia al resolver litigios donde el Estado es parte interesada. No obstante, los esfuerzos normativos por regularizar esta situación reflejan la complejidad del desafío. Un ejemplo de ello fue la resolución aprobada por el TSJ a finales de 2025, cuyo propósito declarado era dotar de un marco de seguridad jurídica a los funcionarios no titulares. Sin embargo, el análisis de diversos sectores civiles, entre ellos la ONG Acceso a la Justicia, advierte que la medida podría prolongar la transitoriedad de estos operadores, al establecer en su artículo 4 que la estabilidad formal sigue sujeta a un proceso de regularización a gran escala.

Este contexto institucional genera impactos en el ejercicio de los derechos ciudadanos, afectando potencialmente las garantías del debido proceso estipuladas en el artículo 49 de la Constitución y el derecho a un juez natural e imparcial consagrado en el artículo 26. La provisionalidad persistente puede originar inseguridad jurídica, dado que la constante alternancia de juzgadores interrumpe el conocimiento profundo y continuo de los expedientes. Asimismo, al disminuir los contrapesos institucionales, se debilita la función de los tribunales como garantes frente a eventuales actuaciones arbitrarias del Estado en perjuicio de los particulares. Este entorno influye también en el ámbito económico, pues la falta de certidumbre respecto a la protección de contratos o propiedades puede desincentivar las inversiones externas que requieren de un sistema judicial con plena autonomía. Finalmente, la inestabilidad en los cargos plantea dificultades para consolidar los estándares éticos dentro del sistema, ya que la posibilidad de una desincorporación sin las debidas garantías procesales compromete la previsibilidad jurídica y dificulta una gestión pública orientada exclusivamente al cumplimiento de la norma.

Superar esta situación estructural requiere un retorno estricto a la legalidad constitucional a través de una ruta de reformas articulada en tres ejes fundamentales.

·      Primero, resulta necesario reinstitucionalizar la carrera judicial reactivando los concursos públicos de oposición ordenados por la Constitución, mediante la creación de jurados evaluadores independientes integrados por académicos, técnicos y colegios de abogados, garantizando la titularidad a quienes demuestren solvencia moral y capacidad técnica.

·      Segundo, se debe fortalecer la estabilidad del juzgador, lo que implica adecuar los mecanismos de remoción para asegurar que cualquier cese de funciones esté precedido por el debido proceso ante la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, respaldando esto con una gestión presupuestaria eficiente para el Poder Judicial.

·      Tercero, el fortalecimiento del sistema se beneficiaría de una rigurosa contraloría social y cooperación técnica internacional, facilitando la observación de organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), mientras que a nivel local, los gremios jurídicos y las universidades pueden mantener su rol activo de observación y análisis técnico.

La función judicial requiere estabilidad; el desarrollo y la paz social necesitan jueces que actúen con apego estricto al derecho. Combinando la reforma legislativa interna con el uso de los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la participación ciudadana, será posible avanzar hacia un sistema de justicia confiable e independiente.