Miguel Rodríguez no ha vaciado sus alforjas ni arriado
su bandera. Sigue en la línea de fuego sin bajar la guardia y aprovechando
meticulosamente sus pocas municiones y las precarias ventajas que ofrece un
campo de batalla yermo de ideas, pleno en golpes bajos, ataques por la
retaguardia y costosas traiciones en las propias filas.
Por Ramón Hernández / Texto tomado de El Nacional – Caracas.
Mientras buena parte del debate económico venezolano se ha
desplazado hacia las urgencias del presente, él continúa regresar a una
discusión que considera anterior a todas las demás: la naturaleza de la deuda
externa y el modelo económico que la hizo posible.
Hace más de tres décadas dirigió, junto con Pedro Tinoco y
Carlos Hernández Delfino, la única reestructuración de la deuda soberana que ha
realizado Venezuela. Aquella negociación redujo sustancialmente el servicio de
la deuda e incorporó al país al Plan Brady. Desde entonces sostiene una tesis
que hoy vuelve a colocar en el centro del debate: una deuda no se negocia
aceptando la cifra que reclaman los acreedores, sino determinando primero su
verdadero valor económico y la capacidad real de pago del país.
El anuncio
de una reestructuración de la deuda venezolana, la contratación de asesores
internacionales y el incremento de la deuda estimada de 160.000 millones de
dólares a 240.000 millones de dólares lo llevaron a intervenir nuevamente. Su
crítica no se limita al monto de la deuda ni al costo de los asesores. Cuestiona
la premisa sobre la cual, a su juicio, se pretende construir toda la
negociación.
Miguel Rodríguez dice que Venezuela nunca debió convertirse
en un país deudor; explica por qué considera que buena parte de esa deuda nació
de un mecanismo de corrupción y especulación financiera; plantea una quita
superior a 90%; propone que la negociación sea conducida por un equipo
venezolano con respaldo de los organismos multilaterales y concluye que la
verdadera discusión no es la deuda, sino el modelo económico que impedirá
que Venezuela vuelva a convertirse en un país deudor.
—Usted sostiene que la deuda externa venezolana debe renegociarse desde cero y que su valor real es muy inferior al que hoy se le atribuye. ¿En qué basa una afirmación tan categórica?
—Porque conozco ese problema desde dentro. Yo dirigió la
única reestructuración exitosa de la deuda externa que ha realizado Venezuela.
Lo hice junto con Pedro Tinoco y Carlos Hernández Delfino durante el segundo
gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando el país enfrentaba la peor crisis
fiscal y de balanza de pagos de su historia. Apenas asumimos el Gobierno fuimos
a Wall Street a reunirnos con los principales bancos acreedores de Venezuela.
Les dijimos algo que nadie esperaba escuchar: ese año no iban a cobrar un solo
dólar por concepto del servicio de la deuda. Venezuela no podía seguir
transfiriendo 4.000 millones de dólares anuales a los acreedores mientras
intentaba evitar el colapso de su economía. Esa posición no era un gesto de
confrontación. Era una estrategia de negociación. Ya habíamos asegurado el
respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Eximbank de Japón, el Tesoro de
Estados Unidos y la Reserva Federal de Nueva York. Con ese respaldo
incorporamos a Venezuela al Plan Brady, que por primera vez permitió reducir
tanto el capital como los intereses de una deuda soberana. Los bancos se
resistieron porque sostenían que Venezuela era un país rico y debía pagar
íntegramente. Nosotros sostuvimos exactamente lo contrario: un país sólo puede
pagar aquello que es compatible con su recuperación económica. Al final
aceptaron una reducción cercana a 60% y el servicio anual de la deuda cayó de
4.000 millones de dólares a unos 1.200 millones de dólares. Aquella negociación
me dejó una convicción que sigue siendo válida: una deuda no se renegocia
aceptando la cifra que reclaman los acreedores, sino determinando cuál es su
verdadero valor económico y cuál es la capacidad real de pago del país.
—¿Y por qué ese criterio conduce hoy a una conclusión
completamente distinta sobre la deuda venezolana?
—Son deudas de naturaleza completamente diferente. La que
enfrentamos en 1989 era el resultado de una deuda con los bancos
internacionales, que significó la peor crisis fiscal y de balanza de pagos.
Venezuela había perdido su capacidad de financiamiento y necesitaba reestructurar
obligaciones para recuperar la economía. La deuda que existe hoy fue acumulada
en circunstancias y acreedores diferentes. Hugo Chávez recibió el mayor ingreso
petrolero de la historia venezolana. El país producía millones de barriles
diarios y disfrutaba de una bonanza sin precedentes. En esas condiciones,
Venezuela no tenía ninguna necesidad económica de endeudarse masivamente. Sin
embargo, el Gobierno emitió bonos de la República y de PDVSA con tasas de
interés extraordinariamente altas, de entre 10% y 14% anual, como si se tratara
de un deudor en una situación extrema. Ese endeudamiento no respondió a una
necesidad de desarrollo. Se convirtió en parte de un mecanismo financiero que
funcionaba junto con el control de cambio. Primero se entregaban dólares
preferenciales; después, con esos mismos incentivos, se alimentaba el mercado
de bonos de la República y de PDVSA. El resultado fue una enorme transferencia
de recursos hacia grupos privilegiados que se beneficiaron de las distorsiones
creadas por el propio Estado. Recadi primero y Cadivi después fueron
expresiones distintas de un mismo modelo. Lo importante es que ambos sistemas
permitieron que sectores con acceso al dólar preferencial obtuvieran ganancias
extraordinarias mientras el país acumulaba obligaciones que nunca debieron
existir. Rechazo analizar la deuda actual únicamente desde el punto de vista
jurídico. Antes hay que preguntarse cómo nació esa deuda y quiénes se
beneficiaron de ella. La totalidad de esos pasivos no financió el crecimiento
de la economía ni aumentó la capacidad productiva del país. Terminó financiando
corrupción, fuga de capitales y operaciones especulativas.
—¿Por qué Venezuela se convirtió en un país deudor con
las enormes reservas petroleras que posee?
—Venezuela nunca debió convertirse en un país deudor. Desde
que se convirtió en productor de petróleo fue un país estructuralmente
superavitario en su cuenta corriente de balanza de pagos. Un país que genera
más ahorro del que necesita para financiar su inversión no acumula deuda, sino
que acumula activos en el exterior y se convierte en acreedor con el resto del
mundo. Cuando terminó el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, Venezuela era
un acreedor neto frente a la banca internacional. El Banco Central de Venezuela
(BCV), el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), PDVSA y otros organismos
públicos mantenían depósitos en dólares en la banca internacional superiores a
las obligaciones externas de las empresas básicas de Guayana. Por eso siempre
he dicho que una de las grandes falsedades de nuestra historia económica fue
afirmar que Carlos Andrés dejó un país hipotecado. El error comenzó después. El
gobierno de Luis Herrera Campins recibió la mayor bonanza petrolera que había
tenido Venezuela hasta ese momento. Acumuló reservas extraordinarias por 35.000
millones de dólares, pero terminó liquidándolas a un tipo de cambio
artificialmente sobrevaluado de 4,30 bolívares por dólar. Primero
desaparecieron las reservas del Banco Central de Venezuela; después las del
Fondo de Inversiones de Venezuela y, finalmente, los cerca de 10.000 millones
de dólares que PDVSA mantenía como fondo rotatorio. Ese proceso no financió
desarrollo. Financió una gigantesca fuga de capitales. Después vinieron Recadi,
Cadivi y, muchos años más tarde, el endeudamiento masivo del chavismo. Chávez
recibió una situación completamente distinta. Disfrutó de la mayor bonanza
petrolera de nuestra historia y, aun así, decidió endeudar al país. No
necesitaba emitir bonos de la República ni de PDVSA para financiar el
desarrollo. Lo hizo mientras el Estado disponía de ingresos petroleros
extraordinarios. El mecanismo fue cambiando, pero la lógica fue la misma:
utilizar la riqueza petrolera para transferir recursos a grupos privilegiados,
en lugar de convertirla en ahorro para el país. Por eso sostengo que, antes de
discutir cuánto vale esa deuda, hay que preguntarse por qué un país con
semejante riqueza terminó convirtiéndose en un deudor.
—Los acreedores responden que los bonos existen, que
fueron emitidos legalmente y que, por tanto, deben pagarse por su valor
nominal.
—Una cosa es el valor jurídico de una obligación y otra muy
distinta su valor económico. Los bonos existen. Nadie discute eso. Lo que está
en discusión es cuánto valen realmente y si reflejan una deuda nacida de una
necesidad económica o de un mecanismo de corrupción, especulación y
transferencia de riqueza. No acepto que se presente como una verdad
incuestionable una deuda de 240.000 millones de dólares. Antes hay que
preguntarse cómo se originó esa deuda, para qué se contrajo y quiénes
terminaron beneficiándose de ella. Lo que está en discusión es cuánto valen
realmente y si reflejan una deuda nacida de una necesidad económica o de un
mecanismo de corrupción, especulación y transferencia de riqueza. A Venezuela
le deben más de lo que Venezuela debe. Quien compra un bono sabe que está
asumiendo un riesgo. Cuanto mayor es ese riesgo, mayor es la rentabilidad que
exige el mercado. Los bonos emitidos por la República y por PDVSA llegaron a
pagar cupones de entre 10% y 14% anual, precisamente porque todo el mundo sabía
que eran instrumentos de altísimo riesgo. Quien compró un bono venezolano a
cinco centavos de dólar no estaba haciendo una inversión conservadora. Estaba
realizando una apuesta especulativa. Si salía bien, obtendría una ganancia
extraordinaria; si salía mal, perdería su dinero. Es la naturaleza de ese
mercado. Quien decidió invertir en ellos conocía perfectamente las
posibilidades de incumplimiento. Nadie puede alegar sorpresa muchos años
después. El propio mercado ha terminado reflejando esa realidad. Antes de los
últimos acontecimientos políticos en Venezuela —la captura de Nicolás Maduro y
Cilia Flores por fuerzas especiales y unidades militares de Estados Unidos—
buena parte de esos bonos se negociaba entre cinco y diez centavos de dólar por
cada dólar de valor nominal. Era el precio que los inversionistas estaban
dispuestos a pagar porque descontaban una probabilidad muy alta de recuperar su
inversión. Ahora pretenden que les paguen los títulos por su valor facial. Ahí
comienza mi discrepancia. No puede confundirse el valor nominal de un bono con
su verdadero valor económico y trasladar íntegramente ese riesgo al pueblo
venezolano. La alta rentabilidad era la compensación por haber asumido un
riesgo excepcional. Si ahora se reconociera el 100% del valor nominal de esos
títulos, se estaría eliminando el riesgo que justificó cobrar intereses de
hasta 14%.
—Sin embargo, la propuesta que hoy se discute parte de
reconocer esa deuda por su valor nominal y negociar a partir de esa cifra.
—Se viene tratando como si fuera una operación financiera y
no lo es. La naturaleza de esta reestructuración consiste en reconocer el valor
nominal de la deuda y construir una solución compatible con la recuperación del
país. Un craso error. Si se parte de esa premisa, el país es un perdedor neto
de antemano. Yo sostengo que la deuda vale prácticamente cero desde el punto de
vista económico y que la quita no puede ser inferior a 90%. A partir de allí se
debe presentar un menú de opciones para los bonistas, con plazos, períodos de
gracia e instrumentos de largo vencimiento. Ésa es la negociación. Lo demás son
detalles técnicos. Me preocupa e indigna que el debate se concentre en quién
asesora la operación y cuánto va a cobrar por hacerlo. Una reestructuración de
esta magnitud no puede convertirse en un negocio para intermediarios
financieros o bufetes de abogados. Los asesores son importantes, pero no pueden
sustituir el criterio económico ni la estrategia del país. No tengo objeciones
a que Venezuela reciba la mejor asistencia financiera y legal disponible. Lo
que cuestiono es que la conducción de la negociación quede en manos de quienes
no representan el interés nacional. La estrategia debe diseñarla un equipo
venezolano con experiencia en reestructuración de deuda, trabajando de manera
coordinada con los organismos multilaterales, el Tesoro de Estados Unidos y la
Reserva Federal. Los asesores internacionales deben aportar capacidad técnica;
las decisiones tienen que seguir siendo venezolanas.
—Tras el anuncio de una reestructuración de 240.000
millones de dólares y la inmediata revalorización de los bonos venezolanos,
usted reaccionó con una dureza poco habitual.
—Parten de una premisa falsa. Una cosa es anunciar una deuda
de 240.000 millones de dólares y otra muy distinta demostrar que sea su
verdadero valor económico. Convirtieron una cifra nominal en una verdad
incuestionable, cuando precisamente es lo que debe discutirse y negociarse.
Hasta pocos meses antes de la intervención nocturna denominada Operación
Resolución Absoluta, esos bonos se negociaban entre cinco y diez centavos de
dólar. Quienes los compraban sabían perfectamente que estaban adquiriendo activos
de altísimo riesgo. Nadie pagaba más. Con la gestión provisional de los
hermanos Rodríguez los bonos pasaron a cotizar entre cuarenta y cincuenta
centavos de dólar y los fondos especializados empezaron a promover nuevas
compras ofreciendo una futura negociación que terminaría reconociendo una parte
mucho mayor de su valor nominal. El centro de la discusión ya no era la
recuperación de Venezuela, sino la extraordinaria rentabilidad que podían
obtener quienes habían comprado esa deuda a precio de liquidación. Un punto de
partida equivocado. La negociación no puede comenzar preguntándose cuánto
quieren cobrar los acreedores. Debe comenzar preguntándose cuánto vale
realmente esa deuda y cuánto puede pagar Venezuela sin sacrificar su
reconstrucción.
—¿Estamos ante un proceso técnico o ante una operación
implementada por intereses financieros y comisiones?
—La reestructuración debe consistir en determinar el
verdadero valor económico de la deuda. Si se acepta sin discusión la cifra
nominal, la negociación habrá fracasado antes de empezar. El propósito no será
cuánto puede pagar el país para volver a crecer, sino cuánto pueden recuperar
los acreedores. Cuando ocurre eso, el proceso cambia de naturaleza. La
reconstrucción económica deja de ser el objetivo y pasa a convertirse en una
condición para maximizar el cobro de la deuda. Me preocupa que el debate se concentre
en cifras cada vez mayores, en la revalorización de los bonos y en los
contratos de asesoría. Todo eso puede ser importante, pero es secundario frente
a la pregunta esencial: ¿la negociación está diseñada para reconstruir
Venezuela o para maximizar el valor de unos activos financieros? Si la
intención es reconstruir el país la premisa debe cimentarse sobre una quita no
inferior a 90%, un período de gracia suficientemente amplio para la
recuperación económica del país y un menú de opciones para los bonistas con
instrumentos de muy largo plazo. Alrededor de esa negociación se ha organizado
un negocio multimillonario. Se contrató a Centerview Partners, la boutique
financiera de Wall Street presidida por Matthieu Pigasse, para asesorar la
reestructuración con honorarios del orden de 240 millones de dólares, aunque
Lazard ofreció realizar un trabajo equivalente por una fracción de ese monto.
Esa diferencia merece una explicación. Lo mismo ocurre con la asistencia
jurídica. Hogan Lovells es uno de los grandes bufetes internacionales y Miguel
Záldivar es un abogado de primer nivel. No discuto su capacidad profesional. Sé
que estudió Derecho en la Universidad de Miami junto con Marco Rubio y conozco
su trayectoria. Mi objeción no es personal. Mi objeción es institucional. Los
asesores financieros y los abogados pueden aportar conocimientos
especializados, pero la estrategia de una negociación que compromete el futuro
del país no puede quedar en sus manos. Esa responsabilidad corresponde a
Venezuela. Si Záldivar quiere ayudar a Venezuela, que lo haga pro bono.
—¿Quién debe conducir la negociación?
—Venezuela. Un equipo muy pequeño de venezolanos con
experiencia demostrada en reestructuración de deuda soberana, absolutamente
independientes y con autoridad para negociar en nombre del país. La negociación
debe hacerse con el respaldo institucional y credibilidad del Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el
Tesoro de los Estados Unidos y la Reserva Federal de Nueva York. La estrategia
la debe fijar Venezuela. Yo dirigí la única reestructuración exitosa de la
deuda externa venezolana. Sé lo que significa sentarse frente a cientos de
acreedores y negociar desde una posición de fortaleza. En Venezuela todavía
existen personas con esa experiencia y hay otras de una generación más joven
perfectamente capacitadas para asumir esa responsabilidad. Lo que hace falta es
convocarlas y ponerlas a trabajar exclusivamente en función del interés
nacional. Es inaceptable que una negociación de esta importancia la diseñen
quienes cobran honorarios por conducirla. Los asesores deben asesorar. Los
abogados deben defender jurídicamente al país. Pero la decisión sobre cuánto
vale la deuda, cuánto puede pagar Venezuela y bajo qué condiciones debe
reestructurarse corresponde únicamente al Estado venezolano. Esa
responsabilidad no puede delegarse. María Corina Machado tiene que dar un paso
adelante. Y también toda la dirigencia política que tenga conciencia de lo que
está ocurriendo. Esto ya no es una discusión sobre honorarios o sobre qué
bufete representa a Venezuela. Estamos hablando de aceptar una deuda de 240.000
millones de dólares como si fuera una verdad indiscutible. Si eso ocurre,
estaremos frente al robo del siglo…
—¿Qué haría con la deuda con China y Rusia?
—Yo iría personalmente a Pekín y a Moscú a plantear una
negociación política. Les diría que buena parte de esos recursos no se tradujo
en obras de infraestructura ni en inversiones productivas para Venezuela. Se
perdieron en corrupción, despilfarro y proyectos que nunca se terminaron. China
sabe perfectamente qué ocurrió con buena parte de esos préstamos. Rusia también
conoce la naturaleza de una parte importante de esa deuda. Venezuela debe
solicitar una condonación muy amplia de esas obligaciones y abrir una
negociación completamente distinta. Los bonos fueron adquiridos por
inversionistas que asumieron un riesgo financiero y actuaron en el mercado como
tales. La deuda bilateral responde a decisiones entre Estados y debe resolverse
en el terreno de la negociación política y diplomática.
—¿Dónde está el origen del problema?
—La deuda es la consecuencia de un modelo económico que dejó
de generar la riqueza necesaria para sostener al Estado. Mientras Venezuela
tuvo una industria petrolera capaz de producir, invertir y crecer, el
endeudamiento nunca fue el eje del problema. Comenzó a serlo cuando el país
empezó a sustituir producción por deuda. La reestructuración de la deuda no
debe discutirse sin revisar al mismo tiempo el modelo petrolero. Si Venezuela
vuelve a administrar la industria petrolera de la misma manera, dentro de algunos
años estará enfrentando exactamente la misma situación. El punto de inflexión
comenzó mucho antes del chavismo. La ley de reversión modificó el marco bajo el
cual había crecido la industria petrolera y abrió un proceso que terminó con la
nacionalización. Desde el punto de vista financiero, aquella operación fue
exitosa. El problema no estuvo en la transacción, sino en las consecuencias que
produjo para la organización de la industria. El Estado asumió progresivamente
funciones que antes correspondían al operador petrolero. Con el paso de los
años, las decisiones técnicas fueron cediendo a las decisiones políticas. Ese
proceso culminó durante el chavismo con la destrucción de PDVSA como empresa
petrolera. La discusión de fondo no es quién gestiona formalmente los campos
petroleros. La verdadera discusión es qué modelo permite producir más petróleo,
atraer inversión y generar los ingresos que necesita el país para no volver a
financiarse mediante endeudamiento.
—¿Cómo sería ese modelo?
—Hay que dejar de discutir el petróleo en términos
ideológicos. La pregunta no es si la industria debe ser estatal o privada. La
cuestión es determinar qué modelo permite producir más petróleo, atraer más
inversión y generar más ingresos para el país. Venezuela no debe financiar su
desarrollo recurriendo al endeudamiento a cuenta de sus enormes reservas
petroleras. Debe respaldarlo con la riqueza que produce la propia industria
petrolera. Es la diferencia entre un país que administra su principal activo y
el que termina hipotecándolo. Venezuela debe volver a un sistema que incentive
la inversión y la producción. Las empresas que asuman el riesgo de explorar y
producir petróleo deben tener reglas estables, contratos de largo plazo y un
régimen fiscal competitivo. El Estado no necesita operar directamente cada
campo petrolero para beneficiarse de esa riqueza. Su función es establecer las
reglas, recaudar regalías e impuestos y garantizar que esa renta llegue
efectivamente a la sociedad. Los grandes productores de petróleo que han
administrado exitosamente sus recursos lo hicieron sobre una industria capaz de
generar excedentes de manera sostenida. Venezuela debería aspirar a ese modelo.
Si el país recupera su capacidad de producir petróleo y administra correctamente
esos ingresos, su industria y sus reservas volverán a ocupar el lugar que
siempre debió tener: una herramienta financiera excepcional, no el mecanismo
con el que un Estado sustituye su incapacidad para generar riqueza. Es la
diferencia entre reconstruir una economía próspera y administrar su decadencia.
Venezuela no puede salir de esta crisis para volver a hacer lo mismo dentro de
veinte o treinta años. La deuda debe volver a ser un instrumento excepcional,
no el mecanismo habitual para financiar el funcionamiento del Estado.
—¿Y los daños causados por los terremotos cómo serán
financiados?
—La tragedia del 24 de junio no modifica mi planteamiento
sobre la deuda; lo vuelve infinitamente más urgente. Un país que acaba de
sufrir una devastación de esta magnitud no puede aceptar una reestructuración
concebida para enriquecer a intermediarios financieros ni entregar esa
responsabilidad a intereses ajenos a Venezuela. Si antes esa propuesta era una
irresponsabilidad, hoy constituye una forma de expoliación histórica.
Significaría obligar a un país devastado a cargar durante décadas con una deuda
artificialmente inflada, mientras necesita preservar hasta el último dólar para
levantar ciudades destruidas, recuperar su infraestructura y reconstruir la
vida de millones de venezolanos. Una reestructuración hecha en esas condiciones
no abriría el camino a la recuperación nacional; la haría económicamente
imposible. Por eso sostengo que esta decisión tiene que quedar en manos del
próximo gobierno legítimamente elegido por la mayoría de los venezolanos. Será
ese gobierno el que deberá asumir la reestructuración de la deuda en los
términos que he planteado y pensando exclusivamente en los intereses nacionales
y no en los de Wall Street. Si ese primer paso se da correctamente, el país
podrá comenzar a levantarse sobre valores distintos a los que nos condujeron
hasta aquí y afrontar con alguna esperanza la inmensa herida que dejaron los
terremotos del 24 de junio. Si se da mal, hipotecaremos durante generaciones la
posibilidad misma de reconstruir Venezuela.
—¿Cómo evitar que se repita el ciclo de endeudamiento?
—Los grandes países petroleros lo entendieron hace mucho
tiempo. Noruega, Arabia Saudita y Kuwait no utilizan su riqueza petrolera para
sostener un gasto permanente ni para endeudarse cada vez que enfrentan una
dificultad. Transformaron esa riqueza en ahorro de largo plazo mediante fondos
soberanos que protegen a las generaciones futuras. Venezuela hizo exactamente
lo contrario: convirtió una riqueza extraordinaria en un mecanismo permanente
de endeudamiento. Cuando la producción petrolera vuelva a crecer, una parte de
esos ingresos debe destinarse al ahorro y otra a la inversión productiva.
Venezuela no debe ir a los mercados internacionales de deuda en las próximas
décadas. No tiene razones para convertirse en un deudor permanente. Los
créditos deben ser un instrumento excepcional para circunstancias
extraordinarias. La reconstrucción no consiste únicamente en renegociar la
deuda. Consiste en impedir que la riqueza petrolera vuelva a utilizarse para
convertir a Venezuela en un deudor permanente.
