El pasado mes de septiembre de 2020, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas (ONU), presentó un informe de 443 páginas con sus investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos desde 2014 en la República Bolivariana de Venezuela.
Este informe
-como mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU- se presentó con el
objetivo de asegurar la rendición de cuentas de los autores y la justicia para
las víctimas.
Caso 17: Capitán Rafael Acosta Arévalo
El arresto y
la detención
El 22 de
junio de 2019, la esposa del Capitán Rafael Acosta Arévalo, Waleska Pérez,
publicó un vídeo en los medios sociales expresando su preocupación por no haber
sabido nada de su marido desde las 14.00 horas del día anterior. En ese
momento, el Capitán se dirigía a una “reunión personal” en Guatire, estado de
Miranda, con oficiales militares activos y retirados. Durante varios días, su
familia no supo su paradero. Sus abogados no pudieron comunicarse con él hasta
el 28 de junio de 2019, cuando fue presentado ante un tribunal militar.
El miércoles 26 de junio de 2019, el Gobierno anunció que la DGCIM había detenido al Capitán Acosta Arévalo. En una conferencia de prensa, el Ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, anunció que el Capitán Acosta Arévalo había sido detenido, junto con otras personas, acusado de participar en una conspiración para un golpe que se iba a realizar los días 23 y 24 de junio de 2019 llamado “Vuelvan Caras”. El Ministro mostró un video del Capitán Acosta Arévalo supuestamente planeando la conspiración. El Ministro no proporcionó información sobre su lugar de detención.
El 27 de
junio de 2019, el Fiscal General Tarek William Saab hizo una declaración
televisiva que se sumaba a la información presentada el día anterior por el
Ministro Jorge Rodríguez. Dijo que el Ministerio Público estaba abriendo una
investigación sobre esta conspiración. El Fiscal General acusó a catorce
individuos incluyendo civiles y militares retirados, dentro de los cuales el
capitán Acosta Arévalo. La investigación fue asignada a la Fiscalía Nacional
Trigésimo Novena.
Según un
informe de la DGCIM, en la mañana del 26 de junio de 2019, dos oficiales de la
DGCIM viajaron de Caracas a Guarenas para arrestar al Capitán Acosta Arévalo,
basándose en la información de inteligencia que habían recibido. Identificaron
e interceptaron al Capitán Acosta Arévalo en una parada de autobús. Después de
presentar sus documentos a los oficiales de la DGCIM, el Capitán Acosta Arévalo
emprendió una carrera para huir y sufrió una caída. Según el informe de la
DGCIM, dos testigos del arresto corroboraron esta versión de los hechos.
La versión de
la DGCIM parece contrastar la versión de la familia del Capitán Acosta Arévalo,
que no lo había visto ni sabido de él desde el 21 de junio. Desde esa fecha, se
desconocía la ubicación y el paradero del Capitán Acosta, la familia y el
equipo de defensa legal sospechan que el Capitán Acosta fue llevado a un centro
de detención clandestino dirigido por la DGCIM.
La muerte del
Capitán Acosta Arévalo
Según el
informe de la DGCIM, los oficiales de la DGCIM llevaron al Capitán Acosta Arévalo
al hospital militar Carlos Arvelo a las 7:00 horas el 28 de junio de 2019. El
médico certificó que tenía un traumatismo en el tórax, nariz, dedos y tobillos,
deshidratación moderada y una infección en la piel. El informe concluyó que
estaba en condiciones estables.
En la noche
del 28 de junio de 2019, el capitán Acosta Arévalo fue llevado para su
audiencia de presentación ante el Tercer Juzgado Militar de Control del
Municipio Libertador Bolivariano, Distrito Capital. Los demás acusados también
fueron llevados al tribunal. El caso del Capitán Acosta Arévalo fue asignado a
un tribunal militar, ya que se le acusó de delitos militares (traición a la
patria, rebelión militar e instigación a la rebelión). El capitán Acosta
Arévalo era un civil, que fue dado de baja del ejército en 2006.
Los oficiales
de la DGCIM llevaron al Capitán Acosta Arévalo a la audiencia en una silla de
ruedas. Antes de la audiencia, el abogado del Capitán Acosta Arévalo tuvo una
breve interacción con su cliente. Los oficiales de la DGGIM insistieron en
estar presentes durante la conversación. Según su abogado, lo primero que hizo
el Capitán Acosta Arévalo fue pedir ayuda. El Capitán Acosta Arévalo no podía
articular ninguna palabra, no podía mover sus manos o piernas y estaba adolorido
y sangrando. Estaba descalzo. Sus ojos estaban muy abiertos. El abogado del
capitán Acosta Arévalo le preguntó si había sido torturado y él asintió con la
cabeza.
El personal
del tribunal trató de darle un poco de agua. Cuando el juez vio el estado del
capitán Acosta Arévalo, en la entrada de la sala de audiencia, ordenó su
traslado inmediato al hospital militar Vicente Salias Sanoja en Fuerte Tiuna.
La audiencia procedió para los otros acusados. La audiencia del Capitán Acosta
Arévalo fue pospuesta hasta el día siguiente.
Alrededor de
las 21:00 horas del 28 de junio, los oficiales de la DGCIM condujeron al
Capitán Acosta Arévalo desde la sala del tribunal hasta el hospital. El viaje
duró unos cinco minutos en coche, según el registro policial de la DGCIM. Según
un registro médico al que tuvo acceso la Misión, el Capitán Acosta Arévalo
llegó al hospital sin signos vitales.
Se realizó un
electrocardiograma a las 21.30 horas que confirma que el Capitán Acosta Arévalo
no tenía latidos cardíacos.
El informe de
la CICPC menciona el depósito de cadáveres del hospital como su lugar de
muerte. Sin embargo, las personas son generalmente llevadas allá una vez que ya
han fallecido, lo que plantea dudas sobre la hora y el lugar exacto de la
muerte. Entre el 28 y el 29 de junio de 2019, oficiales de la DGCIM no
permitieron el acceso al hospital a nadie, ni a la familia del Capitán ni a sus
representantes legales.
La muerte del
Capitán Acosta Arévalo no fue anunciada oficialmente hasta el 29 de junio de
2019. Ese día, la FANB, a través del Ministerio de Defensa, emitió un
comunicado de prensa que decía: “El viernes 28 de junio de 2019, fue presentado
ante el Juez Penal Militar […] y antes de comenzar, se desmayó”. En el
comunicado de prensa se afirmaba que el capitán Acosta Arévalo había fallecido,
a pesar de haber recibido atención médica.
El 28 de
junio de 2019, Sinue Villalobos, de la dirección de medicina Forense del
SENAMECF, realizó un examen externo del cadáver en la morgue del hospital. La
Misión tuvo acceso al informe del examen. Según el informe, tenía 38 heridas,
30 en la parte delantera y ocho en la parte trasera del cuerpo. El capitán
Acosta Arévalo tenía el tabique nasal roto, abrasiones en el hombro, los codos
y las rodillas, y moretones en varias partes del cuerpo, incluyendo el muslo,
los glúteos y la espalda. El cuerpo del Capitán Acosta Arévalo también mostraba
una fractura en un pie y signos de quemaduras en su pie y en su muñeca.
Según el
informe de la investigación policial, el cuerpo del capitán Acosta Arévalo fue
trasladado a la dirección del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses
(SENAMECF), en Colinas de Bello Monte, el 28 de junio de 2019. Para la autopsia
estuvieron presentes anatomopatólogos forenses que trabajan para el SENAMECF y funcionarios
del CICPC, así como representantes del Ministerio Público.
La Misión
tuvo acceso a los resultados de la autopsia. El procedimiento estableció como
causa de la muerte un edema cerebral grave por insuficiencia respiratoria
aguda, debido a la rabdomiólisis (descomposición muscular) causada por un
politraumatismo generalizado (al haber sido objeto de múltiples lesiones
traumáticas). Su familia solicitó acceso a su cadáver para realizar una
autopsia independiente, pero no recibió respuesta.
El 9 de julio
de 2019, la jueza Norelys León del trigésimo sexto Tribunal de Control accedió
a la solicitud del Fiscal General de que se realizara un entierro controlado.
El 10 de julio de 2019, más de 10 días después de la muerte del Capitán Acosta
Arévalo, la familia fue llamada a la morgue de Bello Monte para identificar el
cuerpo. El cuerpo fue enterrado más tarde ese día, no se respetó el deseo de la
familia de darle una cristiana sepultura en su ciudad de origen. A los medios
de comunicación no se les permitió el acceso al entierro y el ataúd fue
sellado.
Responsabilidad
El 30 de
junio de 2019, el Ministerio Público acusó a dos oficiales de la DGCIM, el
Teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía y el Sargento Segundo Estiben José
Zárate Soto, de 23 y 22 años respectivamente, del asesinato del Capitán Acosta
Arévalo. Ambos eran oficiales de bajo rango de la Dirección Especial de
Investigaciones Penales y Criminalísticas (DEIPC) de la DGCIM. Fueron los
únicos arrestados en relación con el caso.
Los dos
agentes de la DGCIM fueron acusados de homicidio preterintencional, lo que
significa que el autor tenía la intención de herir, pero no de matar, ya que la
muerte no se habría producido sin una condición preexistente desconocida por el
acusado. Tanto el abogado del Capitán Acosta Arévalo como su esposa han
afirmado que el Capitán Acosta Arévalo se encontraba en buenas condiciones
físicas antes de su detención y no tenía problemas de salud subyacentes.
El Ministerio
Público no realizó una investigación sobre las denuncias de tortura. La mayor
parte de la información presentada en la investigación del fiscal se refería
más bien al propio capitán Acosta Arévalo incluyendo información sobre
solicitudes presentadas a su banco, al servicio de migración, a su proveedor de
telefonía celular y a sus familiares.
La audiencia
preliminar de los oficiales de la DGCIM tuvo lugar el 1 de julio de 2019 ante
el Trigésimo Sexto Tribunal de Control del Circuito Penal del área de Caracas.
El tribunal ordenó la detención de ambos hombres. Se ordenó que los hombres
fueran retenidos en la DGCIM de Boleíta durante la detención preventiva.
El equipo de
defensa del Capitán Acosta Arévalo no fue notificado sobre la audiencia, por lo
que no pudo ser parte al proceso. La única información que se escuchó fue la
información presentada por el Ministerio Público, quien no presentó ninguna
información sobre el paradero del Capitán Acosta Arévalo entre el 21 y el 26 de
junio de 2019. El Ministerio Público no presentó ninguna evidencia probatoria
sobre la intención de herir al Capitán Acosta Arévalo.
Los fiscales
no mencionaron la palabra “tortura” en la acusación. El delito de tortura tiene
una pena más alta (15 a 25 años) que la de homicidio preterintencional (7 a 15
años). Además, según la ley especial sobre la tortura de Venezuela, el Estado
es corresponsable del delito. En consecuencia, sólo los autores directos
enfrentaron cargos, y se eximió de responsabilidad a los funcionarios de mayor
rango.
El 24 de
septiembre de 2019, el tribunal encontró a los dos agentes de la DGCIM
culpables de homicidio preterintencional y condenó cada uno a seis años y ocho
meses de prisión. Actualmente se está tramitando un recurso de apelación contra
las condenas ante el Tribunal de Apelación. Sin embargo, la Misión no ha podido
verificar el lugar de detención de los acusados.
Conclusiones
Con base en
los hechos mencionados, la Misión tiene motivos razonables para creer que se
cometió arresto y detención arbitraria, así como desaparición forzada de corto
plazo contra el capitán Acosta Arévalo. La Misión también tiene motivos
razonables para creer que se cometieron torturas y otros tratos crueles,
inhumanos y degradantes contra el Capitán Acosta Arévalo, hasta el punto de
causarle la muerte.
Oficiales de
la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la DGCIM
y la unidad de Asuntos Especiales habrían participado en estas
violaciones.
Como parte de
una campaña para que los casos de la Misión puedan ser difundidos y leídos en
una mayor audiencia, Provea comienza una serie de publicaciones para destacar
los hechos, las víctimas y su búsqueda de justicia. También, para que los
testimonios de sus familiares, testigos e involucrados no sean olvidados ni
ignorados por la sociedad civil.
Recordemos
que el informe de la Misión se centra en los patrones de conducta en los que se
produjeron las cuatro violaciones de los derechos humanos previstas en el
mandato, encomendado por el Consejo de Derechos Humanos ONU. Dentro de cada
patrón, el informe analiza con más detalle incidentes como ejemplos
ilustrativos de los patrones dentro de los cuales se produjeron.
El mandato de
la Misión se centra en la responsabilidad, la Misión trató de establecer y
verificar los incidentes e investigar las violaciones de los derechos humanos y
los delitos previstos en el mandato. También, trataron de identificar a los
responsables de esas violaciones y delitos: “Al investigar las pruebas
de la vinculación entre los delitos y los responsables, la Misión ha tratado de
determinar las estructuras de mando, los patrones de conducta y los indicadores
de control y disciplina”
Además, la
Misión encontró motivos razonables para creer que las
autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas, encabezadas por Nicolás
Maduro, como los ministros de Interior y Defensa, planificaron y ejecutaron
desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos: “algunas de las
cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la
tortura, constituirían crímenes de lesa humanidad”
Esta Misión contó
con 13 funcionarios, integrada por un coordinador, investigadores de derechos
humanos, asesores legales y de género, expertos militares y en tecnología
digital y funcionarios de seguridad, administrativos y de presentación de
informes. Su sede fue en Panamá. Los expertos no pudieron visitar Venezuela por
la falta de respuesta del Gobierno de facto de Nicolás Maduro, pese a
reiteradas solicitudes, según la Misión.
La Misión
consiguió entrevistar a distancia a 274 víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios
estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y
personal internacional. Analizaron documentos confidenciales y 223 casos.
