En los últimos meses se
ha registrado un incremento en los intentos de invasión en la ciudad de
Caracas. El equipo de El Diario conversó
con Carlos Julio Rojas, coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de la
Parroquia La Candelaria y del Frente Norte de Caracas, sobre la incidencia de
estos casos
La madrugada del 28 de mayo de 2021 un grupo de colectivos invadió el edificio Dolores en la parroquia Santa Teresa del municipio Libertador. El comunicador social y coordinador del Frente Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, informó a través de las redes sociales la invasión de 80% de los apartamentos y oficinas del edificio. Además, comunicó que varios hombres armados mantienen secuestradas a dos familias en el lugar. La invasión de edificios en la ciudad capital se ha incrementado notablemente en el último año, de acuerdo con el testimonio de Rojas
Estos colectivos hacen un estudio previo de las zonas para
documentar cuáles edificios o locales comerciales se encuentran vacíos para
ejecutar las invasiones. En el edificio Dolores llegaron a punta de pistola,
tomaron las oficinas y apartamentos y desde ayer mantienen secuestradas a las
dos familias residentes de la edificación”, comentó en exclusiva para El
Diario.
Carlos Julio Rojas explicó, de acuerdo al testimonio de los
vecinos, que los invasores solicitan pagos elevados en dólares para abandonar
las edificaciones. “De resto, lo más grave es que las autoridades, como las
FAES, solo estuvieron un rato y se fueron. Al igual que algunos diputados del
chavismo. La realidad es que esto es una política de Estado porque muchos de
estos colectivos son funcionarios de la Alcaldía del municipio Libertador”,
agregó.
En estos momentos, relata Rojas, las dos familias continuan
secuestradas en el edificio Dolores por el temor a ser agredidos o invadidos.
Las autoridades, por su parte, se hacen “la vista gorda” ante este tipo de
situaciones y la presión vecinal es, quizá, una de las únicas soluciones
viables. “Nosotros le exigimos a la PNB, a la GNB, a la Fiscalía General y a la
alcaldesa Erika Farías una respuesta sobre estos hechos. La alcaldesa es
cómplice, a veces por omisión y otras por acción, de las invasiones”,
aseveró.
“Han ocurrido más de 50 intentos de invasión en lo que va de
año”
El viernes 7 de mayo Carlos Julio Rojas fue a la sede
principal del Ministerio Público junto con varios propietarios afectados por
las invasiones para exigir una investigación competente ante los delitos de
invasión a la propiedad privada.
“Nosotros le exigimos a Tarek William Saab, ya que le entró
la luz el 1° de mayo, cuando reconoció los asesinatos de Albán,
Acosta Arévalo, y de Pernalete, que también se reconozca que estas personas son
víctimas que han perdido todo, que les ha sido violado su derecho a la
propiedad privad”, dijo
en ese momento Rojas.
El comunicador social y dirigente vecinal informó que en el
transcurso del año 2021 se han registrado más de 50 intentos de invasión en la
ciudad capital. Sin embargo, el 80% no se ha concretado por la unión vecinal y
la protesta legítima en defensa de sus derechos. Las zonas más afectadas son
las parroquias Catedral, Santa Teresa, Candelaria, San Bernardino, San Pedro y
Altagracia.
El incremento en los intentos de invasión es notable en
comparación con el año 2020, en el cual, de acuerdo a las cifras presentadas
por Rojas, hubo 53 invasiones en el transcurso del año. En cambio, cinco meses
de 2021 han bastado para registrar más de 50 intentos de invasión.
El modus operandi de los invasores es el
mismo, según Rojas. En la mayoría de los casos los colectivos, al tener
vínculos con instituciones públicas, tienen acceso a los datos de habitabilidad
en la ciudad.
El Estado posee una data de las edificaciones vacías o
cuidadas por familiares de los propietarios. Entonces, ellos utilizan las
invasiones consolidadas como base para ejecutar y monitorear las demás
propiedades”, puntualizó Rojas
Asimismo, la respuesta de las autoridades ha sido ineficaz
para reducir la incidencia de este delito. Carlos Rojas explicó, de acuerdo al
testimonio de los funcionarios, que la policía y El Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) no tienen permitido enfrentarse
a los colectivos. Estos últimos se transforman en controladores de las zonas
invadidas.
“La invasión transforma el lugar en una guarida para realizar
todo tipo de delitos y eso afecta la convivencia de las zonas aledañas. Además,
otra de las aristas es el tema político con respecto al control social: el
gobierno le da el control del CLAP, del gas, entre otras cosas, a los
colectivos”, dijo Rojas.
El incremento de las invasiones en el municipio Libertador de
Caracas es el resultado de las políticas estatales. “Esto convierte en
insostenible la vida de los vecinos de la ciudad capital. Por eso mismo,
queremos responsabilizar directamente a Erika Farías, como alcaldesa del
municipio Libertador”, puntualizó el líder vecinal.
Tomado de El Diario / Caracas
