En Colombia, "la pandemia se ha
convertido en una oportunidad para la violencia", alertó en su reciente
informe el Secretario General de la ONU. Desde Colombia denuncian "un plan
de exterminio" contra excombatientes de las FARC firmantes de la paz y
líderes sociales.
222 excombatientes de las FARC
firmantes del Acuerdo de Paz y casi mil líderes sociales han sido asesinados en
Colombia desde noviembre de 2016, año en el que el Gobierno del entonces
presidente Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC-EP
decidieron ponerle fin a más de cincuenta años de conflicto
armado.
"En Colombia estamos enfrentando
un plan de exterminio que se configura en el genocidio contra los firmantes de
la paz", denuncia a Sputnik, Pastor Alape, excombatiente de las FARC y
delegado del ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
al Consejo Nacional de Reincorporación.
El 14 de julio, 74 excombatientes de
las FARC debieron abandonar un Espacio Territorial de Capacitación y
Reincorporación en Ituango, en el norte de Antioquia, debido a las amenazas de
grupos armados.
"Es un desplazamiento forzoso en
el término concreto del Derecho Internacional Humanitario. Es una población que
tiene que movilizarse por amenazas porque el Estado no le garantiza la
permanencia en el territorio, no les garantiza la vida, no les garantiza la
territorialidad para la reincorporación y, por lo tanto, obligados a desplazarse
hacia otro lugar para emprender su proceso de tránsito de la condición
guerrillera al de sujetos de derecho", resalta Alape.
Para el representante especial del
Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, "la
violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del Acuerdo y contra
quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades
devastadas por el conflicto, sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de la paz en
Colombia".
La inseguridad que enfrentan los ex
combatientes de las FARC-EP, las comunidades, los defensores y defensoras de
los derechos humanos, líderes y lideresas sociales, sigue siendo nuestra mayor
preocupación, lamentablemente esta situación ha continuado durante la
pandemia.
La violencia no entra en cuarentena
Según el último informe divulgado por el Instituto de estudios
para el desarrollo y la paz (Indepaz), entre 2016 y 2020 han sido asesinados 971 líderes sociales, 573 de ellos
durante los casi dos años del Gobierno de Iván Duque.
Un 70% de estas víctimas hacían parte
de organizaciones sociales campesinas, indígenas, afrodescendientes,
ambientalistas y comunales. 95 han sido asesinados desde el 6 de marzo, cuando
se registró el primer caso de COVID-19 en ese país.
"Allí donde estaban las
guerrillas, donde estaban los paramilitares y no llega el Estado social, las
comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en zonas rurales han
pasado a cumplir un papel muy importante de control de territorios. Han asumido
controles para regular la vida social, para resolver controversias, para
resistir a la violencia, y ese empoderamiento desde la base social es
lo que motiva la persecución de grupos armados de diferentes actores y
también el choque con el mismo Estado que quiere hacer un control militar de
esos territorios. Son como los coletazos de una guerra de 50 años que muchos no
quieren que salgamos de ello", explica Camilo González Pozo, presidente de
Indepaz.
En el reciente informe de Indepaz se
precisa que, si bien los asesinatos contra líderes sociales se han registrado
en 29 de los 32 departamentos del país, un 67% de los casos se concentran en
Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.
Indepaz atribuye como presuntos autores
de estos crímenes durante 2019 a 63% sicarios desconocidos, 17%
narcoparamilitares, 11% residuales de las FARC-EP que no se acogieron al
proceso de paz, 5% al ELN y 4% a la fuerza pública.
"Aquí se están
disputando el oro, las rutas de la cocaína, territorios, tierra, madera.
Los que se benefician de esos escenarios de violencia son los que están detrás
del negocio del oro, del lavado de activos, de las grandes inversiones que se
hacen en Colombia con los macroproyectos, aprovechando situaciones de violencia
para apoderarse de territorios. Esa es la gente que está detrás de esto, lo que
pasa es que los autores intelectuales nunca aparecen a la hora de las
investigaciones judiciales. Las pocas investigaciones llegan a que han
capturado a un sicario, a un muchacho de por allá de una barriada que ha sido
entrenado para matar, que desafortunadamente aquí estamos plagados de
eso", indica González Pozo.
Alarma internacional
El 16 de julio, el Consejo de
Seguridad de la ONU expresó "su profunda preocupación por las
continuas amenazas, ataques y asesinatos contra líderes comunitarios y
sociales, así como los dirigidos contra exmiembros de las FARC-EP, que han
persistido a pesar a la pandemia del COVID-19".
Para González Pozo, el Gobierno
colombiano es responsable de esta situación por omisión y por acción.
"Ha habido lentitud, negligencia
y desenfoque en la llegada del Estado a esos territorios que han estado en
disputa, conflictivos. Primero han llegado las mafias, los grupos armados
ilegales y cuando llega el Estado llega con represión, con políticas de
erradicación forzada de plantaciones de coca, con militares que colocan a cerca
de 400.000 familias campesinas y cerca de 2.000.000 de colombianos como si
fueran narcotraficantes, como si fueran objetivo de la represión", apunta González Pozo.
A inicios de junio llegó a Colombia
un batallón militar élite de Estados Unidos cuyo supuesto objetivo es
"asesorar" al Ejército colombiano en su lucha contra el narcotráfico.
La asistencia de este batallón, que provocó una fuerte polémica en Colombia, se produjo
tres meses después de que el presidente Donald Trump instara al presidente Iván
Duque a retomar las fumigaciones con glifosato para acabar con los cultivos de
coca.
"En medio de la pandemia se
están haciendo grandes operaciones militares con asistencia de EEUU para hacer erradicaciones este año de 130.000 hectáreas de
coca, pero eso significa una represión y un choque con decenas de miles de
familia. No es una acción protectora de incorporación social de las poblaciones
más afectadas por la violencia, como están escritos y formulados en los
Acuerdos de Paz, sino que está militarizada. Tienen 17.000 efectivos del
Ejército reprimiendo campesinos para hacer erradicación forzada en medio de la
pandemia cuando la gente no tiene qué comer", denuncia González Pozo.
"Estados Unidos no ha cambiado,
por el contrario, ha fortalecido su política de injerencia y dominación en el
continente, específicamente en Colombia, que la han colocado como cabeza de
playa para atacar todos los vientos transformadores que han soplado en los
últimos tiempos en el continente. Aquí, Estados Unidos ha apostado por mantener
el combustible de la guerra en Colombia, que es el narcotráfico. Por eso no
asume políticas reales, verdaderas y efectivas como se planteó en el Acuerdo de
Paz en el punto 4, que es la sustitución de cultivos de uso ilícito. Esto se ha
vuelto una acción perversa de doble propósito: dominación e injerencia",
advierte Alape.
Y mientras la cifra de asesinatos de
líderes sociales y firmantes de paz va creciendo día a día en Colombia, a
muchos le viene el recuerdo del exterminio de la Unión Patriótica, un partido político que
nació en 1985 como parte de una propuesta de paz entre las FARC y el entonces
Gobierno colombiano y que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, dejó
unas 4.153 personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas y que
llevó al rearme de las FARC.
"Estamos hablando de que en casi
cuatro años han asesinado a 222 de firmantes de paz, pero, además, es mucho más
grave que con la Unión Patriótica porque cuando eso se centró contra un
partido, en cambio ahora es contra todos los procesos organizativos que están
trabajando en los territorios para reconstruir el tejido social, la capacidad
de movilización de las comunidades, la capacidad de ejercer su ciudadanía como
sujetos de derecho, es gravísimo. Aquí, bajo la mirada complaciente del Estado
se está desarticulando toda la capacidad de construcción de Nación, de país, de
identidad", alerta Alape.
El 7 de agosto de 2020, Indepaz
entregará formalmente al Consejo de Seguridad de la ONU, a la CIDH y al
Congreso de Estados Unidos su último informe donde detallan cada uno de
los asesinatos contra líderes sociales y firmantes de la
paz. Buscan apoyo de la comunidad internacional y de todos los países que
acompañaron los Acuerdos de Paz para obligar al Gobierno colombiano a cumplir
lo pactado y así poder frenar lo que el monseñor Darío de Jesús Monsalve
denunció como "una venganza genocida".
"Estamos en una encrucijada
real: o el Gobierno hace rectificaciones reales, de fondo, acoge los Acuerdos
de Paz y se compromete con un pacto de no violencia o, sino, vamos a tener una
segunda ronda en las elecciones de 2022 donde se decidirá si nos vamos a otras
guerras o nos vamos a un posconflicto", alerta González Pozo.
Texto tomado de Sputnik / Rusia