Por Daniel Kersffeld /
Opinión
La guerra con Irán aceleró los
tiempos y corroboró lo que para la Casa Blanca es una difícil realidad: Estados
Unidos debe fortalecer sus cadenas de suministros de minerales críticos y
estratégicos ya no sólo para afrontar una crucial competencia con China, sino
también para enfrentar a cualquier enemigo que desafíe su voluntad hegemónica y
su exaltado ánimo bélico.
Bolivia, con una enorme riqueza bajo
su superficie, no podía permanecer al margen de esta empresa. El escenario de
una inusitada protesta social fue, probablemente, una consecuencia no buscada,
aunque, en todo momento, incentivada por el gobierno y sus aliados externos e
internos.
El 28 de abril de 2026, el vicesecretario estadounidense Caleb Orr y el ministro boliviano de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, firmaron en La Paz un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, en el que el litio ocupa un lugar prioritario. Rodrigo Paz, con apenas seis meses en el gobierno y cada vez más inclinado a la influencia de Donald Trump (foto), anunció el acuerdo como si se tratara de un hito histórico que le posibilita a Bolivia insertarse en las más amplias redes del comercio global de recursos minerales.
Más allá de las expectativas
generadas, lo cierto es que el texto del memorando apenas fue publicado y se lo
hizo de manera fragmentada. Habría varias razones que explicarían esta
decisión.
El convenio no establece ninguna
garantía de industrialización en territorio boliviano, así como tampoco obliga
a las empresas estadounidenses interesadas a construir plantas de procesamiento
ni mucho menos a definir mecanismos de transferencia tecnológica. Tampoco fija
porcentajes mínimos de valor agregado local y deja abierta la principal
pregunta: quién o quiénes se quedarían con las principales ganancias que
proporcione la libre explotación de los recursos estratégicos.
La riqueza de Bolivia es
indiscutible, y no solo con relación al litio De hecho, en el país se
encuentran 31 de los 38 minerales críticos y tierras raras que actualmente se
demandan para todo tipo de innovaciones tecnológicas como son el antimonio, el
bismuto, el estaño, la plata, el zinc, el germanio, el manganeso, el niobio y
el tantalio. Ya sea para la fabricación de baterías, inteligencia artificial,
instrumental tecnológico de altísima precisión o recursos militares de última
generación, hoy el subsuelo boliviano puede proveer varios de los minerales más
requeridos por la industria tecnológica y armamentista.
El principal interés está puesto en
el litio, del que Bolivia poseería 23 millones de toneladas, lo que según el
Servicio Geológico de Estados Unidos la convertiría en el mayor depósito de
este recurso a nivel mundial. Sin embargo, en 2025 produjo poco más de 2 mil
toneladas, frente a las 56 mil de Chile. La brecha no sería geológica, sino
estructural: se requerirían enormes inversiones para asegurar el procesamiento
del litio en función de la creciente demanda desde el norte.
La urgencia por conseguir dólares
movilizó a Paz a negociar un préstamo con el FMI, rompiendo así uno de los
principales puntos del acuerdo alcanzado con la izquierda que lo apoyó en el
balotaje de octubre de 2025 para que no triunfara su oponente, Jorge “Tuto”
Quiroga, de posturas inicialmente mucho más conservadoras y con estrechos lazos
con la ultraderecha global.
A principios de mayo, el FMI
finalmente aceptó el pedido del gobierno boliviano por 3.300 millones de dólares,
aunque, ya se sabe, los préstamos nunca son gratuitos y suelen venir
acompañados de condicionamientos de distinto tipo, como ocurrió con la apertura
de sectores vitales de la economía a la inversión privada, la reducción de la
histórica participación del Estado y de su control en la administración de esos
recursos y la flexibilización del mercado laboral.
Pese a las críticas, el préstamo fue
presentado como un logro y como un avance en el proceso de modernización
capitalista del país. Fue como arrojar un fósforo prendido a un tanque de
gasolina: un detonante clave de las movilizaciones que han evidenciado la
debilidad estructural del gobierno.
La posibilidad de brindar acceso
abierto a su amplia riqueza mineral es hoy el quid pro quo fundamental sobre el
que se establece el gobierno boliviano. Si por un lado Rodrigo Paz ambiciona la
llegada de dólares, por el otro satisface a Donald Trump, cada vez más
necesitado de minerales críticos y de tierras raras para afrontar una política
exterior mucho más competitiva y hostil.
Sin embargo, para poder avanzar, Paz
debe primero desarmar la legislación vigente y los contratos alcanzados
previamente con China y con Rusia por sus dos antecesores, Evo Morales y Luis
Arce, lo que sitúa a Bolivia en el filo de una controversia geopolítica de cada
vez mayores dimensiones y de consecuencias imprevisibles. Mientras tanto,
empresas mineras estadounidenses, canadienses y británicas esperan una mayor
participación en el codiciado mercado boliviano.
Frente al ascenso de la protesta
social, el gobierno se ocupó de alterar y de distorsionar el relato de la
necesidad económica para avanzar, en cambio, en la esfera de la seguridad, uno
de los intereses prioritarios del establishment estadounidense en lo que
respecta a la América andina.
El regreso a Bolivia de la DEA, la
agencia estadounidense contra las drogas, en noviembre de 2025 y tras 17 años
de ausencia, se concretó finalmente bajo una razón central: la búsqueda y
captura de Evo Morales, oculto en la región de El Chapare. Por estas horas el
ex presidente es señalado como el principal instigador de las protestas y, por
ende, como el enemigo número uno del gobierno de Rodrigo Paz. Hoy su detención
es de máxima prioridad para Washington.
El desgobierno y el caos en las
calles no sólo es un desafío para el presidente, sino también para los
gobiernos de la región que comulgan en la misma ideología del ajuste y que
lucen abroquelados bajo el ala protectora de su jefe político en la Casa Blanca.
A la declaración de apoyo a Rodrígo Paz surgida de aquellos regímenes
encolumnados dentro del Escudo de los Américas le siguió las críticas vertidas
por Christopher Landau, subsecretario de Estado, quien aseguró que los
manifestantes pretenden llevar adelante un violento “golpe de Estado” en contra
del mandatario.
Sin mayores actos concretos de
solidaridad entre los gobernantes trumpistas, se diferenció Javier Milei con el
envío desde Argentina de aviones militares Hércules C 130 que, según la
oposición boliviana, no contenían alimentos y recursos humanitarios sino armas
y material antidisturbios. Nada nuevo después del traslado de implementos
militares por parte de Mauricio Macri a los activistas de derecha en los días
previos a salida del poder de Evo Morales en noviembre de 2019.
Para Trump y su gente resulta
imperioso que en Bolivia se restablezca el orden a como dé lugar. De ese modo
se expresaron los empresarios, representantes y funcionarios del gobierno
republicano, de los Estados Unidos y latinoamericanos, reunidos por la celebración
de la 56ª Conferencia de Washington sobre las Américas, realizada por el
Consejo de las Américas en la noche del 19 de mayo.
En ese evento, Jarrod Agen, asesor
presidencial y director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados
Unidos, no podría haber sido más enfático cuando refirió que “Cuanto más
controlemos las cadenas de suministro de energía en el hemisferio occidental,
mejor posicionados estarán Estados Unidos y nuestros aliados”.
Más allá de los objetivos declarados
y de las intenciones expresadas por los personeros del trumpismo y de sus
acólitos locales, el desborde social y la protesta en las calles que hoy surcan
a Bolivia revela, a las claras, las consecuencias de un modelo antipopular,
impuesto con violencia, y que no respeta los mínimos consensos democráticos y
de defensa de la soberanía.
Tomado de Página 12 / Argentina. Imagen de archivo.
