La detuvieron
y juzgaron en 2002 en Florida; logró anular la sentencia y que ordenaran un
nuevo juicio, pero la acusación se cerró formalmente en 2017, cuando ella ya no
vivía allí, por el tiempo transcurrido sin resolución.
La senadora
electa por Río Negro, María
Lorena Villaverde, fue detenida y condenada por narcotráfico en
Estados Unidos, fue enviada a una prisión federal, logró que se anulara su
condena y se fijara un nuevo juicio oral en su contra, y también consiguió que
la excarcelaran, momento en que se marchó a la Argentina, donde permanece desde
entonces, según surge de las probanzas judiciales oficiales que cotejó LA
NACION.
La acusación
contra Villaverde se cerró en 2017, tras catorce años y medio de parálisis
procesal. La Fiscalía Federal con asiento en el estado de Florida se presentó
ante la jueza Mary Scriven y retiró formalmente los cargos en su
contra, atento el tiempo transcurrido sin haber logrado avanzar
contra la actual diputada nacional, según consta en el 8:02-cr-00280,
identificado como “USA v. Restrepo, et al”.
Villaverde, que es diputada nacional desde 2023, no pudo jurar aún como senadora por La Libertad Avanza (LLA) por la presión opositora para bloquear su asunción debido a los antecedentes penales en Estados Unidos, que ella nunca explicó con precisión.
En ese
sentido, LA NACION contactó a su vocero este lunes y le transmitió
diez preguntas puntuales dirigidas a la legisladora, que ayer contactó a este
diario, planteó que atraviesa “un momento bastante complejo” e indicó
que se contactaría, “inmediatamente”, al salir de una reunión. Al cierre de
esta edición, eso no había ocurrido. A su lado, en tanto, remarcaron que
Villaverde “no tuvo ningún tipo de estupefacientes en su poder” y que “no tiene
vínculos con el narcotráfico”. Se trata, indicaron, de “una historia
desgraciada que le tocó vivir hace 24 años”, pero que “más allá de cuestiones
de interés político, no hay ningún impedimento legal para que pueda asumir su
banca en el Senado”.
Los problemas
de Villaverde con la Justicia de Estados Unidos comenzaron el 15 de julio de
2002, cuando fue detenida en Sarasota. La acusaron de traficar más de 400
gramos de cocaína junto al colombiano Fabio Restrepo (por
entonces de 43 años) y el cubano Jesús Ferrer (de 33 años en aquel
momento), de acuerdo a documentación del Departamento de Aplicación de la Ley
del Estado de Florida (FDLE).
Al momento de
ser detenida, Villaverde tenía 28 años y vivía en en el condado de Miami desde
1999. Trabajaba en una “boutique” llamada “Blueberry Fashion” en
Miami Beach, había gestionado un número de la Seguridad Social –terminado en
9346- y se movía con una licencia de conducir emitida en el estado de Florida.
Detenida, la
acusación en su contra se formalizó dos días después, el 17 de julio. Ella,
Restrepo y Ferrer afrontaron dos cargos federales cada uno. ¿Cuáles? Venta,
distribución o expendio de drogas ilícitas, y conspiración de 2 o más personas
para distribuir narcóticos. ¿Pena máxima? 20 años de prisión.
En los
tribunales, Villaverde compareció ante la jueza Mary S. Scriven, quien fijó una
fianza de US$50.000 para excarcelarla y ella se declaró no culpable –al
igual que Restrepo y Ferrer-, motivo por el que la jueza fijó el eventual
juicio oral contra los tres para el 3 de septiembre de ese mismo año ante otro
juez: Richard A. Lazzara.
Días después,
Carl Lida se presentó como el primer abogado defensor de Villaverde y solicitó
acceder a una copia del material que los investigadores habían acumulado en su
contra, con videovigilancia incluida, a lo cual accedió el juez Lazzara, que al
mismo tiempo le prohibió divulgar documentos sensibles que estaban bajo secreto
de sumario, al igual que identidades de testigos y material delicado.
El 27 de
septiembre llegó el primer gran golpe procesal. El colombiano Restrepo,
sospechado de trabajar para el Cartel de Cali, llegó a un acuerdo con la
Fiscalía y se declaró culpable, a cambio de una reducción de su condena. Y el
10 de octubre lo siguió el cubano Ferrer.
En ese
contexto, Villaverde cambió de letrado. Se desprendió de Lida y convocó a
Gennaro Cariglio Jr en la antesala del juicio oral, que comenzó a desarrollarse
con la selección de los miembros del jurado, el 15 de octubre de 2002, ante un
tercer juez, William S. Castagna, quien la autorizó a pasar ciertas
grabaciones durante la audiencia oral.
Culpable y
clemencia
Tras dos días
más de audiencias, el jurado llegó a un veredicto. El 18 de octubre de
2002, halló culpable a Villaverde de ambos cargos, por lo que el juez
Castagna fijó la fecha de la sentencia para el 22 y ella fue puesta bajo
custodia del US Marshals Service de inmediato; es decir, que quedó
detenida después del veredicto y ya no fue dejada en libertad mientras
esperaba la sentencia.
Seis días
después, Villaverde reaccionó. Pidió ser sometida a un nuevo juicio y
recuperar su libertad. Y el 31 de octubre, el juez Castagna le dio la
razón, en parte. ¿Por qué? Porque accedió a su pedido para afrontar un nuevo
juicio, pero rechazó su pedido de recuperar la libertad bajo fianza previa
al juicio, por lo que continuó tras las rejas.
A
continuación, el juez Castagna fijó fecha para el nuevo juicio: 5 de noviembre
de 2002, en tanto que el fiscal federal Bryant Camareno solicitó el decomiso de
US$17.000, pedido que recibió el visto bueno, de manera preliminar, el 10 de
enero de 2003.
Trece días
después, la defensa de Villaverde presentó un pedido al juez para que le
impusiera una pena por debajo del rango recomendado por las “Guías de
Sentencia Federal”. Ese pedido de clemencia cabe aclarar, sólo es posible ante
circunstancias atenuantes especiales, como la cooperación sustancial con
el gobierno, haber tenido un rol menor en la operatoria criminal, una situación
familiar extraordinaria, problemas médicos inusuales u otros factores no
contemplados adecuadamente por esas “Guías”.
En este caso,
además, la defensa de Villaverde pidió –y logró– algo más. ¿Qué? Que la
Justicia mantuviera bajo secreto el contenido de su pedido, según
verificó LA NACION en los registros oficiales del expediente
disponibles, lo que suele ocurrir cuando el acusado o acusada cooperó con el
gobierno o teme represalias.
Retorno a la
Argentina
En el
intervalo, Villaverde logró su excarcelación, aunque no surge cuándo ocurrió en
los registros oficiales que cotejó LA NACION. Sí aparece con claridad, por
el contrario, que incumplió con las condiciones de su libertad bajo vigilancia.
Por ese motivo, el 14 de marzo de 2003, la autoridad supervisora pidió que se
emitiera una nueva orden de arresto en su contra, que el juez concedió.
Desde ese momento, ella quedó sujeta a arresto inmediato por los US
Marshals.
El 11 de
abril, mientras tanto, el juez Lazzara condenó a Restrepo a 2 años de
prisión –pena que luego se redujo a año y medio, gracias al apoyo de la
Fiscalía, que en un escrito reconoció su “ayuda sustancial”-, más otros 3
años de libertad vigilada; catorce días después, condenó a Ferrer a 3 años
y 11 meses de prisión, más 5 años de libertad vigilada.
¿Qué pasó con
ellos? Restrepo (hoy de 66 años) permaneció alojado en una cárcel federal
estadounidense hasta el 8 de julio de 2004; Ferrer (hoy de 56 años) pasó más
tiempo tras las rejas: salió el 30 de noviembre de 2005, según consta en los
registros oficiales de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en
inglés) que compulsó LA NACION.
Villaverde,
tras incumplir con las condiciones que fijó la Justicia para su excarcelación,
retornó a la Argentina en una fecha imprecisa. Sí consta que se instaló en el
partido bonaerense de Tigre, donde contrajo matrimonio y luego se divorció
entre acusaciones cruzadas sobre amenazas y defraudación, para luego mudarse a
su provincia natal, Río Negro. Allí forjó vínculos estrechos con Claudio
Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, quien fue
extraditado a Estados Unidos, semanas atrás, acusado de narcotráfico y estafa.
Desde el momento en que Villaverde resultó inhallable para la Justicia de Estados Unidos, en tanto, el expediente criminal en su contra quedó paralizado en Florida, a la espera de su detención. Hasta que catorce años y medio después, el 24 de agosto de 2017, se presentó la Fiscalía para retirar formalmente los cargos criminales contra Villaverde, a lo que accedió la jueza Scriven, un día después.
¿Lo último
que hay en el expediente “USA v. Restrepo, et al”? Un secretario del tribunal
informó que las evidencias vinculadas a Villaverde –o aportadas por ella-
fueron destruidas, el 13 de marzo de 2019, porque nadie había ido a retirarlas.
Tomado de La Nación
/ Argentina. En la imagen, una fotografía de la licencia de conducir de Lorena
Villaverde de cuando vivía en la Florida / USA.
