Por Marco Teruggi
Estados Unidos ofrece 10
millones de dólares por el exdirector de inteligencia venezolana Pedro Luis
Martin Olivares. Su designación en la lista responde, afirma, a posibles
intentos de operaciones de extracción. Sputnik conversó en exclusiva con él.
El nombre del venezolano
Pedro Luis Martin Olivares, desconocido para muchos, apareció a finales de
septiembre en portadas de medios de comunicación del mundo: el Gobierno
estadounidense anunció la oferta de 10 millones de dólares para quien entregue
información que lleve a su captura y condena.
Martin Olivares pasó a
integrar la lista de recompensas ofrecidas por el Departamento de Estado,
que encabeza el presidente Nicolás Maduro, por el cual se ofrecen 15 millones
de dólares, y es seguida por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente, por quien el monto es de 10 millones de dólares.
Por esas razones Olivares decidió hablar públicamente con Sputnik: "he considerado importante que el mundo conozca el tras cámara de esta novela que se han inventado los Estados Unidos (EEUU) en mi contra".
Olivares se presenta a
sí mismo como "proveniente de una familia clase media, economista y
abogado, profesiones que comparto con el manejo de mis empresas". Entre el
2002 y 2004, bajo el gobierno de Hugo Chávez, fue director de
inteligencia de la dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, lo
que es hoy en día el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Actualmente, afirma,
no ocupa cargos.
La acusación, como en la
mayoría de los casos, es por narcotráfico. Su causa nació en 2015, "cuando
publicaron una notificación roja de Interpol, y mediáticamente difundieron la
acusación que construyeron en mi contra", explica.
Luego, en el 2018, el
Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en la lista de
narcotraficantes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Pero ya desde
el 2004 "venían armando escenarios que progresivamente iban
engrosando".
El precio millonario es
entonces el punto de llegada de años de operaciones que ocurre en uno de los
momentos de mayores amenazas contra el país.
La novela-causa
Martin Olivares fue
blanco de ataques mediáticos desde el 2004: "me vincularon con la muerte
del fiscal Danilo Anderson —asesinado ese año—, con extorsiones, narcotráfico,
el secuestro del Presidente de Panamá —el entonces Ricardo Martinelli— en el
2010—, con atentados en otros países, policías paralelas, todas estas
acusaciones sin pruebas ni juicios que las sustentaran".
El expediente se armó
mediáticamente hasta que fue abierta la causa en 2015 en el Distrito Sur de La
Florida. El fiscal que se puso al frente fue entonces Richard Gregorie —ahora
jubilado—, conocido por haber dirigido la causa contra el ex presidente
panameño Manuel Noriega, extraditado a Estados Unidos luego de la
invasión al país en 1989.
Quien acusó a Martin
Olivares fue el narcotraficante Roberto Méndez Hurtado, alias pluma blanca,
apresado en el 2011. En su declaración se declaró culpable e involucró quienes
formaban parte de su organización. El ex director de inteligencia venezolana no
figuraba entonces.
Recién en marzo del 2013
alias pluma blanca involucró a Olivares: "la DEA [administración para el
control de drogas de EEUU] le construyó la declaración que dio y por la que me
incriminan. Luego, en noviembre de 2013 fue beneficiado con un acuerdo que le
redujo la pena, de por lo menos cuatro cadenas perpetuas, a 19 años".
Olivares explica uno de
los mecanismos centrales utilizados por la justicia estadounidense:
"promueven desde la Fiscalía algunos beneficios a los verdaderos
narcotraficantes que han admitido su culpabilidad", otorgándoles reducción
de pena "a cambio de 'información'", que ellos llaman 'cooperación'".
"Bajo esta estructura,
los Estados Unidos, a través de la DEA como brazo ejecutor, construye
expedientes como el mío", explica.
La alerta roja
Junto con la causa vino
la alerta roja de Interpol. Olivares se presentó en Venezuela ante la Interpol,
fue puesto a la orden de la Fiscalía y presentado ante un tribunal: "me
dictaron una medida de presentación periódica cada 30 días ante el Tribunal y
prohibición de salida del país".
El expediente fue
enviado a la sala de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
para el trámite de extradición al estar siendo requerido por otro país. El TSJ
notificó al gobierno estadounidense a través de la Cancillería y, "como lo
establece el código orgánico procesal penal, se solicitó la remisión del
expediente y las pruebas a los fines de determinar si era susceptible o no de
ser extraditado".
EEUU respondió a través
de una nota diplomática en la que decían que no sería solicitado en
extradición, sin más explicaciones. En consecuencia, decayó el trámite de
extradición y se ordenó su libertad plena a lo interno.
"En lo externo está
vigente la alerta roja a pesar de todas las irregularidades que tiene: me
presenté ante la justicia de mi país y lo desconocieron, EEUU se negó a cumplir
con la remisión de las pruebas, hicieron por lo menos dos notificaciones rojas
en mi contra por los mismos hechos, todo lo cual denuncié ante ese organismo,
pero se han prestado para mantenerla vigente", denunció.
Según Olivares, esa
situación se explica porque "EEUU se asegura de dar y mantener importantes
aportes económicos en este tipo de organismos internacionales, para
garantizarse resultados favorables en sus peticiones. De otra manera, esa
alerta roja habría sido levantada conforme lo pauta la normativa que rige ese
organismo".
En cuanto a la causa, no
siguió su curso "porque el sistema judicial de los EEUU no reconoce el
juzgamiento en ausencia. Por mi parte, he intentado recursos por intermedio de
mis abogados ante las cortes de los EEUU", afirma.
Un modus operandi
Su caso es el de muchos:
"crecen las acusaciones falsas que nacen en los dichos de narcotraficantes
convictos y confesos que están en poder y bajo custodia de los EEUU, con
quienes van enlazando a cada uno de los personeros gubernamentales y actores
intermedios".
Se trata de un
procedimiento que lleva años: "mientras se iba produciendo la adecuación
del dicho de cada narcotraficante que apresaban o que les era extraditado, a
cambio de beneficios de reducción de pena, iban construyendo el expediente
contra Venezuela, con la finalidad de declararla Estado forajido o narco
Estado".
Esa construcción de
expediente, instalada y repetida a su vez mediáticamente, tuvo un nuevo punto
de inflexión cuando el Departamento de Justicia ofreció los 15 millones de
dólares por Maduro y 10 millones de dólares por Cabello. La lista de
recompensas se amplió con numerosos apellidos a partir de ese momento, hasta
llegar al ex director de inteligencia.
"Esta política de
recompensas millonarias, expedientes construidos con declaraciones falsas de
testigos sucios, manejos de poder, amenazas, es como verdaderamente funciona la
justicia en ese país que ellos llaman del primer mundo", analiza Olivares.
"¿Qué clase de
criterio jurídico y real hay que manejar para tener como ciertos los dichos de
un delincuente probado y comprobado para hacerlos valer en un juicio a modo de
‘cooperación’? ¿Esa puede ser una política de Estado? Sí, así es y así
'funciona'".
Extracciones
Según Olivares, el
aumento del listado de recompensas millonarias "demuestra la desesperación
del gobierno americano ante la proximidad de sus elecciones y la necesidad de
ejecutar acciones que les permitan captar votos".
Esas acciones son tanto
el anuncio de las sumas millonarias en sí —por el efecto mediático que
generan—, así como los pasos que pueden desprenderse a partir de allí. "En
este momento, la oferta de los Estados Unidos es para extraerme", afirma:
"es un escenario real y posible, es una práctica común de la DEA desde
hace muchos años. Lo han hecho en México, en Colombia y hasta en Europa y
es un secreto a voces".
Algunos voceros de los
sectores que trabajan en operaciones golpistas hablan abiertamente de
extradiciones, como el caso de Iván Simonovis, prófugo en EEUU, oficialmente
"comisionado de seguridad e inteligencia" en el esquema de gobierno
paralelo de Juan Guaidó, que afirmó que el próximo paso será modificar la
Constitución para realizar extradiciones.
"Al quedar plasmado
en una nueva Constitución que pretendan instaurar, eso no tendrán efecto
temporal ni discrecional, sino que será aplicable a todos los venezolanos y
extranjeros que habiten en el territorio".
Estas amenazas forman
parte del conjunto de hipótesis que existen en estos momentos marcados por dos
tiempos centrales. Por un lado, el de las elecciones estadounidenses del
próximo 3 de noviembre, un escenario en el cual Donald Trump, quien se enfrenta
a Joe Biden, mantiene una distancia de 9,6 puntos en el promedio de
encuestas y resultados negativos en estados claves, como Florida.
"El fracaso que han
tenido en el manejo de la pandemia, donde Florida es uno de los estados más
afectados, pareciera haber generado un gran impacto negativo en lo político y,
la prisa en la concreción de los objetivos ha precipitado los intentos del uso
de la fuerza", analiza Olivares.
El otro tiempo central
es el interno a Venezuela, donde habrá elecciones legislativas el 6 de diciembre en las
cuales, a pesar de los intentos estadounidenses, se presentará una parte importante de la oposición. Esa situación
pondrá en mayor debilidad interna aún al sector encabezado por Guaidó, dirigido
desde EEUU, algo que necesitan revertir.
Por el momento,
"algunas de las acciones que han pretendido ejecutar en contra de
Venezuela les han resultado fallidas", explica Martin Olivares. El listado
de recompensas en el cual se encuentra forma parte de las posibles nuevas
acciones por venir en un conflicto que lleva años, y ha sido diseñado y
conducido en gran parte desde EEUU.
Fuente: Sputnik / Rusia
