A finales del mes de julio de este año, el chaman-cacique Sabino Romero, del pueblo Yaza Yukpa-Caribe, ubicado en los márgenes del rio Yaza, en plena Sierra de Perijá de Venezuela, escribió una carta dirigida al presidente de Bolivia, Evo Morales. Este hombre asegura que en ese lugar se violan los derechos de la madre tierra (pachamama) y también los derechos humanos de los indígenas que allí habitan, debido a que se está destruyendo el ecosistema de la zona con la explotación indiscriminada del carbón, sin medir las consecuencias. “Presidente Morales, es lamentable que las instituciones y poderes en mi país ignoren que los indígenas somos el 60% de la población de América Latina y que la Constitución votada por muchos de notros sea letra muerta, son muchos los problemas que vivimos las diferentes etnias del país, todo producto de la avaricia y destrucción de nuestras tierras en nombre del desarrollo, sea el carbón, el petróleo y otras materias primas, que sus extracciones están provocando muertes y contaminación irreversible de kilómetros de tierra”, dice en la misiva.
Romero expresa en su carta que su pueblo ha sido víctima de hostigamientos y constantemente provocados por los hacendados de la zona y los militares que custodian las minas de carbón. Ante esta situación se han dirigido al Ministerio del Poder Popular para los Indígenas, han hecho sus denuncias formales ante la Fiscalía y nada ha ocurrido. “Ahora, por defender nuestros derechos permanezco recluido, desde el 14 de octubre de 2009, en el cuartel militar Fuerte Macoa, en la población de Machiques, Perijá, en compañía de dos amigos: Olegario Romero y Alexander Fernández (…) No nos respetaron el debido proceso, amañan nuestros expedientes, violan nuestros derechos humanos, pues recibimos una sola comida al día, el agua no es potable y nuestras mujeres nos visitan con mucho temor, porque son victima de todo tipo de vejaciones”.
Dijo que su situación se agravó con la decisión número 298 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el 22 de julio del corriente, en la que la Sala Pena de ese alto Tribunal ordena al Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, remitir la causa en la que está involucrado al Circuito Judicial Penal del estado Trujillo. “Esta decisión de radicar el juicio en estado Trujillo y trasladarnos, no toma en consideración la difícil situación socioeconómica de nuestros familiares que tendrán ahora mayores dificultades para visitarnos”.
En el escrito, el líder indígena solicitó al mandatario boliviano que hiciera pública la carta enviada y que “defienda nuestros derechos humanos, el de nuestras familias, violados, permanentemente por militares, latifundistas y sicarios”.
